Los consejeros piden detallar el coste de la Lomce que asumirá cada comunidad
La Lomce tardará más de lo previsto en implantarse. Así lo sugirió el ministro, José Ignacio Wert, en la Comisión General de Comunidades Autónomas celebrada el pasado día 28 en el Senado para debatir la incidencia competencial de la Lomce. “Estamos dispuestos a entablar un planteamiento que podría incluir una revisión del calendario de aplicación que no afectaría a la entrada en vigor de la ley, pero que implicaría un escalonamiento distinto”, afirmó Wert durante su intervención. De esta forma, el ministro trata de apaciguar las quejas de la mayoría de las comunidades autónomas, incluidas las del PP, sobre la dificultad de aplicar a tiempo la ley y los problemas de financiación que les supondría.
Desde su propio partido, los consejeros hicieron notar al ministro que se necesitarán más fondos y cierta flexibilidad para desarrollar la ley. El de Castilla y León, Juan José Mateos, pidió “una financiación suficiente para que las autonomías apliquen la Lomce, así como un calendario de implantación que tenga en cuenta esa financiación”. “Esta norma tiene que aportar una financiación finalista realista, suficiente y alentadora, una financiación tras realizar una valoración real del coste de implantación, teniendo en cuenta las singularidades de cada comunidad: extensión, dispersión, tamaño de centros, la FP, entre otros”, explicó Mateos.
Según lo previsto en la memoria económica que acompaña al proyecto de ley, las comunidades tendrán que pagar, como máximo, unos 927 millones de euros en concepto de “costes de consolidación”. El problema que destacaron los consejeros es que esos costes serán mayores cuantos más alumnos permanezcan en el sistema. El Ministerio, por su parte, pagará 408 millones para implantarla en dos cursos académicos (tres años naturales), con un coste neto para el Estado en cada ejercicio de 23, 130 y 255 millones de euros.
Desde que se conoció este calendario de aplicación, la oposición tuvo un motivo más para protestar. Además de las dificultades para reformar el sistema en tan poco tiempo, varios gobiernos autonómicos ven difícil poder cumplir con su “elevado coste”. Ya la consellera catalana, Irene Rigau, denunció en varias ocasiones que “implantar la Lomce en dos años supone someter al sistema a un estrés tremendo”, y criticó que “se quiera aplicar rápidamente por un interés más partidista que educativo”.
Por parte del PP, también el conselleiro gallego, Jesús Vázquez, pidió “una dotación presupuestaria suficiente para el éxito de la implantación, puesto que exigirá una mejora de equipamientos, la formación del profesorado, más personal y crear servicios complementarios”. Vázquez advirtió de que “la ley debe ir acompañada de dotaciones precisas para las comunidades, que son las que deben aplicar la ley”.
En su comparecencia, Rigau recordó, además, que “el 95% de la política educativa la asumen las comunidades autónomas, mientras que el Gobierno central solo paga el 5%”. En su opinión, “es injusto que quien solo aporta el 5% quiera obligar a los demás que, además, estamos sujetos por las restricciones para contener el déficit, a financiar en dos años una ley que el propio ministro ya dijo que sería cara”.
Recursos “adecuados”
Desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, su portavoz, Vicente Álvarez Areces, hizo hincapié en que “los cambios en la estructura del sistema educativo suponen la necesidad de un esfuerzo inversor que hace imprescindible conocer con qué medios económico-financieros cuentan las comunidades y cuál va a ser el sistema de financiación, de forma que los recursos que se puedan destinar a los sistemas educativos autonómicos sean los adecuados”.
El ministro, por su parte, dijo ser “especialmente sensible a las dificultades técnicas” que en este terreno manifestaron los senadores y consejeros y, por ello, se mostró favorable al replanteamiento del calendario de implantación, lo que en consecuencia relajará las necesidades financieras de las comunidades.
Las negociaciones correrán a cargo del grupo del PP en el Senado durante el trámite parlamentario de la Lomce. Además, Wert apuntó que “desde que la norma echó a andar como anteproyecto de ley, Ministerio y comunidades crearon un grupo de trabajo para analizar los costes de la enseñanza y el impacto de la implantación de la Lomce, que tendrá su cristalización cuando se aborde el nuevo modelo de financiación autonómica”.
“Con el actual modelo de financiación, su implantación será imposible”
- En cuanto a la propuesta de financiación de la Lomce, el consejero canario, José Miguel Pérez, señaló que “es muy poco realista en la estimación de los costes y carente de criterios en cuanto a la asignación de los recursos a las comunidades autónomas”.
- “Mucho me temo que se pretende modificar el sistema educativo cargando los costes sobre las arcas de las comunidades, de modo que, si llegara a implantarse el sistema en estas condiciones, resultaría insostenible. Con el actual modelo de financiación su implantación será imposible”, afirmó.
- El vicepresidente y consejero canario recordó que “la capacidad inversora de las autonomías en Educación está limitada por el Programa de Reformas enviado a la Unión Europea, que incluye una reducción de un punto del PIB en la materia, pasando del 4,9% al 3,9%, lo que supone, aproximadamente, 9.000 millones de euros. “Dicho de otro modo, nuestra capacidad de inversión es menor que en cualquier momento de nuestra historia reciente”.
- Además, recordó que esta misma política de ajuste ha tenido una consecuencia directa en este último año como consecuencia de la aprobación del Real Decreto de Racionalización del Gasto Público en Educación, que “ha supuesto un recorte considerable en las arcas públicas. Para Canarias esta reducción ha supuesto más de 300 millones de euros”.
- Pérez argumentó, también, que “esta ley, junto con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, amenaza seriamente el reparto constitucional de competencias entre Estado, autonomías y administraciones locales”.
- “No hay nada que justifique la revisión de la distribución competencial, salvo una creencia profundamente arraigada en algunos responsables públicos: la necesidad de reducir el tamaño del Estado para recortar los gastos sociales y bajar impuestos a la vez que se reduce su capacidad para intervenir en los mercados”.