Chile y España: financiación por número de alumnos o por total de aulas

Tanto en Chile como en España, la subvención en la escuela concertada se concede directamente a los centros, pero en Chile depende del número de alumnos que asisten a clase y en España del número de aulas en cada uno de los cursos. En ambos países este sistema ha generado críticas que muchas veces tienen más que ver con planteamientos ideológicos que con los puramente educativos y, sobre todo, con los que tienen que ver con la libertad de enseñanza. Así lo pusieron de manifiesto los invitados al nuevo coloquio organizado el pasado viernes por MAGISTERIO en colaboración con Cospa&Agilmic, dentro del ciclo Mesa de expertos: La Educación a debate. En esta ocasión, el coloquio trató sobre Buenas prácticas en sistemas educativos: Chile y España, y tuvo un formato especial, ya que se realizó a través de videoconferencia con los dos invitados de Chile.

Desde el país sudamericano participaron Álvaro Arriagada, que fue ministro de Educación de Chile y embajador de este país ante la Unesco, y actualmente es vicerrector de la Universidad de Santiago; y también Rodrigo Bosch, expresidente de la Conacep, una de las patronales de colegios privados y concertados más importantes del país. Bosch explicó que en Chile, los colegios financiados al 100% por la familia suponen un 8% de la matrícula, y el resto es financiado con recursos públicos, aunque las familias también pueden realizar aportaciones de forma regulada. De esta forma, las familias aportan recursos en el 60% de los centros, mientras que el otro 40% es completamente gratuito.

Como se señaló anteriormente, la subvención a los colegios en Chile se realiza a través de la asistencia diaria del alumno. De esta forma, “se intenta que el colegio genere incentivos para atraer a los alumnos a clase”, explicaba Bosch. El control de esa asistencia diaria de los alumnos está informatizado, con lo cual se evita cualquier tipo de fraude, ya que la Administración realiza un seguimiento de cada alumno en cada momento.

Por parte de España, el secretario general de Escuelas Católicas, José Mª Alvira, explicó que “en nuestro país, el porcentaje de colegios concertados es mucho menor que en Chile, concretamente del 25%, mientras que los completamente privados no alcanzan el 5% y el resto de la enseñanza es pública”. Alvira criticó que “la aportación económica del Estado a los centros concertados no es suficiente, lo que provoca déficits en el funcionamiento y en el mantenimiento, y de ahí que los centros necesiten la aportación voluntaria de las familias”. “Se trata de motivar a los padres para que entiendan esta necesidad y, por lo general, hay buena respuesta”, agregó Alvira.

En manos municipales
La Educación pública en Chile está descentralizada, de forma que se encuentra en manos de los municipios. “Aquellas localidades más ricas tienen más posibilidades de aportar recursos a esos centros, mientras que las más pobres hacen todo lo contrario, sacan recursos de las escuelas”, denunciaba Bosch. Lo que sí establece el Estado chileno es un sistema de cuotas preferenciales para los alumnos más desfavorecidos con el objetivo de promover la integración social y de compensar el mayor coste que significa educar a estos alumnos más vulnerables. De esta forma, pueden asistir a cualquier centro y están exentos de pagos.

Mayor control del Estado
Como explicó Álvaro Arriagada, “la experiencia chilena ha sido buena, ya que distribuir la financiación directamente a los centros simplifica el proceso y permite un mayor control por parte del Estado que si se le otorgara a la familia”. Según Arriagada, “la distribución del cheque directamente al niño, que pasa porque necesariamente lo administre un adulto, generaría más dificultades”. De esta forma, al igual que ocurre en España, quien recibe la financiación en Chile es el titular del centro, lo que resulta mucho más fácil de supervisar y controlar por parte de la Administración.

En Chile, la transferencia de alumnos desde la escuela pública a la concertada ha sido una tendencia sostenida en los últimos años. Según Arriagada, “al estar los colegios públicos bajo administración de los ayuntamientos, la pérdida de alumnos le produce una gran desfinanciación a la municipalidad, lo que ha obligado a que muchos centros se cierren o varios se refundan en uno solo”. El vicerrector de la Universidad de Santiago señala también el papel que desempeñan aquí las familias, ya que “muchas prefieren que sus hijos vayan a un colegio particular que les da garantías de mayor disciplina y mayor continuidad de los procesos pedagógicos”. La Educación Pública en Chile está, por tanto, en grave crisis financiera.

Funcionarios en Chile
Los municipios, además, cargan con gran una cantidad de funcionarios, incluso aunque se hayan extinguido algunos de los servicios que desempeñaban. Como explicó Arriagada, “dentro de las municipalidades hay dos estructuras de administración de los centros educativos, una administrada por el alcalde, y otro sistema mixto público-privado, y unos se rigen por un estatuto público y otro más bien privado”. Los funcionarios de la municipalidad están más protegidos por derechos de permanencia.

En España, sin embargo, los funcionarios no pierden ese carácter, y si el centro cierra, pueden ocupar otra plaza en otro centro. Todo depende del número de alumnos que ese centro pierda. Si es una pérdida significativa, puede llegar a cerrarse.

MAYOR AUTONOMÍA PARA PODER DESARROLLAR EL CARÁCTER PROPIO
Desde el punto de vista de la autonomía, España y Chile guardan algunas semejanzas. Con respecto a la curricular, el Estado chileno establece un currículum público y queda un margen muy reducido para que los propios centros realicen sus propias innovaciones. El currículum chileno es muy extenso y profundo, lo que obliga a los centros a dedicar más horas lectivas para poder cumplirlo. Rodrigo Bosch, expresidente de la Conacep, advierte de que “es muy frágil y cuesta ponerlo en sintonía con un proyecto propio”. Sin embargo, recientemente el Estado chileno ha establecido mayores alternativas ofreciendo hasta cinco currículos.

En España, un colegio concertado tiene autonomía para establecer su carácter propio, su ideario y su proyecto educativo, y en ese sentido es autónomo. Pero según el secretario general de Escuelas Católicas, José Mª Alvira, “después de que el Estado desarrolle una parte del currículum y las comunidades autónomas otra parte, lo que queda para los centros es demasiado poco”. Alvira también criticó que “aunque la Lomce establezca la autonomía como principio, en la práctica el desarrollo de la ley deja a los centros en manos de las directrices de las administraciones”. Alvira se mostró a favor de que “haya más autonomía para que los centros puedan establecer un calendario escolar y una jornada lectiva respetando los mínimos” y lamentó que “muchas autonomías nos prohíban aumentar dicha jornada por supuesta igualdad con otros centros”, una medida que, en su opinión, “no va en pro de la calidad”. El secretario general de Escuelas Católicas denunció además que “las comunidades autónomas son muy celosas de que el Estado respete su autonomía, pero esas mismas comunidades son tremendamente rácanas con la autonomía de los propios centros”.

Aplicar la Lomce
Para María Rodríguez Moneo, directora del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (Cniie), “la autonomía predicada en la Lomce lo que hay que hacer es aplicarla, y veremos cómo se desarrolla, pero desde luego aumenta la autonomía de los centros”. En cuanto al currículum, la representante del Ministerio explicó que “hay unos mínimos comunes que marca la Administración General del Estado”, lo cual consideró lógico, ya que “todos los alumnos pertenecen al mismo país”. A su juicio, “los porcentajes que se establecen en el desarrollo curricular entre la Administración General del Estado, las autonomías y los centros son los adecuados, y lo que hay que ver es cómo desarrollar este asunto a través de la nueva ley para favorecer el aprendizaje de los estudiantes”.

Lo que sí va a hacer la nueva ley, advirtió la representante de la Administración, es “hacer un seguimiento de los resultados que se alcanzan en esos centros, ya que dar autonomía no supone librar de responsabilidad, sino todo lo contrario: ahora se va exigir una rendición de cuentas”.