Docentes con hijos, los grandes perjudicados por la reforma de la Seguridad Social
Los empleados y profesores de los centros privados y concertados que tengan hijos son los grandes perjudicados de la reforma de la Seguridad Social llevada a cabo por el Gobierno. En primer lugar, porque la medida implica que los empleados con hijos escolarizados en el centro tendrán que pagar más que sus compañeros que no tengan hijos, realizando todos el mismo trabajo. Y, además, aquellos empleados que tengan hijos están ahora expuestos a que el centro no quiera contratarlos, ya que, con las nuevas medidas, las empresas tienen que pagar más por ellos. Se produce, por tanto, un importante agravio comparativo entre trabajadores de un mismo centro de la misma categoría y antigüedad, ya que a partir de ahora tienen bases de cotización distintas y gastos salariales absolutamente dispares en función de su situación familiar. Estas diferencias pueden incluso derivar en un incremento de la conflictividad entre trabajadores.
El pasado 21 de diciembre se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 16/2013, que presenta como una de las principales novedades la modificación del artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social para incluir nuevos conceptos computables en la base de cotización. Entre ellos, y concernientes al sector educativo, se encuentran los seguros de responsabilidad civil y accidente, el plus de transporte, los gastos de manutención y alojamiento –como el comedor escolar– y, por último, los que se consideran de mayor impacto, que son las ayudas al estudio.
Por estas ayudas al estudio, los hijos de los trabajadores se beneficiaban de la gratuidad total en la enseñanza y actividades complementarias, ya que tanto el centro como el propio trabajador quedaban exentos de su cotización. Además, estas ayudas no ponían ninguna traba al número de hijos de trabajadores del propio centro que resultaban beneficiarios de esas ayudas.
Con la nueva medida, un centro concertado tendrá que pagar una media de 1.200 euros anuales por hijo de trabajador matriculado en Bachillerato en el centro, y 1.300 euros en Infantil, mientras que para los centros privados esa cantidad se incrementa hasta los 1.400 euros anuales de media. Al final, uniendo las cotizaciones por el plus de transporte, los seguros y el comedor gratuito, los costes anuales para la empresa alcanzan los 1.266 euros anuales por hijo de trabajador de promedio en la enseñanza concertada, y 2.350 en la privada. Se pueden ver las cantidades de forma más detallada en los cuadros de esta página.
“Esperar y calcular”
La semana pasada, en una jornada organizada por la consultora Argos, representantes de la Educación privada y concertada y de la Agencia Tributaria recomendaron a los centros “esperar y calcular minuciosamente el nuevo escenario de cotizaciones mientras se clarifica la nueva situación”. Además de los agravios comparativos que se producen entre trabajadores del mismo centro, los invitados a la jornada pusieron de manifiesto que “no está claro a quién corresponde asumir ese 31% extra en las cotizaciones sociales en el caso de los colegios concertados”. El sector entiende que ese coste adicional debería ser soportado por las consejerías de Educación, pero hay que tener en cuenta que se trata de una partida que no figura en sus presupuestos y que afectará negativamente a su situación presupuestaria.
En el sector de la enseñanza privada y concertada existen, según los últimos datos del Ministerio, 211.000 profesores y 42.000 empleados de Administración y Servicios, lo que hacen un total de 252.000 trabajadores. A estos datos hay que añadir 18.000 trabajadores de los centros privados extranjeros, lo que hace un total de 270.000. De ellos, aproximadamente 200.000 están en enseñanzas concertadas y 70.000 en privadas. Por ello, en una primera aproximación, las patronales del sector deducen que las nuevas medidas de la Seguridad Social supondrán un incremento en las cotizaciones de más de 300 millones para el sector. El sector espera que el Gobierno “recapacite” y que, si no hay una vuelta atrás de la ley, al menos sí que se produzca una renegociación y una serie de cambios que la suavicen y atenúen el impacto sobre los centros.