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Un estudio propone una política de precios progresiva en relación a la renta

Días antes a la publicación del Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para la racionalización del gasto público en el ámbito educativo, el Gobierno aprobó unos recortes en gastos sociales que, en el caso de la Educación, estaban próximos a los 4.000 millones de euros.
Diego FranceschMartes, 11 de marzo de 2014
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En los presupuestos de 2012 de las universidades públicas, esto se ha traducido en una reducción de 892,46 millones de euros, que representan una caída del 13,17% con relación a 2010, junto a la minoración de más del 45% de la financiación que en el año 2010 destinaba el Ministerio de Economía y Competitividad al de-sarrollo de la actividad investigadora.

Esta reducción de la financiación pública, junto al elevado endeudamiento que mantienen las comunidades autónomas con las universidades –a finales del año 2012 la cifra ascendía a 2.308,72 millones de euros, equivalente al 39,11% del total de las transferencias reconocidas en dicho año–, “puede llegar a dañar seriamente la viabilidad financiera de un número destacado de instituciones”, según se advierte en el estudio Crisis fiscal, finanzas universitarias y equidad contributiva que ha presentado la Fundación Europea Sociedad y Educación.

Los autores del estudio son los profesores Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez, que proponen un nuevo modelo de financiación universitaria, afirmando que “es necesario recuperar argumentos de equidad y eficiencia en el gasto público, y abordar las cuestiones que están mermando los resultados y reduciendo la rentabilidad social y económica de la inversión pública en las universidades españolas”.

El estudio afirma que la aplicación en el curso 2012-13 de la nueva política de precios que contempla el mencionado Real Decreto Ley “tiene un claro carácter recaudatorio que pretende compensar las reducciones de financiación pública que se están registrando en los presupuestos universitarios por la aplicación de la política de consolidación fiscal del Gobierno”.

El aumento de precios ha sido de hasta un 125% en Cataluña para enseñanzas de experimentalidad máxima y además ha producido “un distanciamiento desmesurado de la brecha en los precios públicos por crédito entre las distintas comunidades autónomas”, según el estudio.

Un ejemplo: un estudiante de Medicina en la Universidad de Barcelona ha pagado 1.620 euros más que otro de la misma titulación en la Universidad de Granada en el curso 2012-13.

Según los autores del estudio, este aumento de precios no ha compensado ni siquiera el 25% de los casi 900 millones de euros que han recortado las comunidades en las transferencias destinadas a financiar a las universidades públicas.

Y fundamentalmente por un motivo: ante el aumento de las tasas, los estudiantes han reducido los créditos matriculados, sobre todo en las asignaturas que están repitiendo, con lo que además alargarán aún más su permanencia en los centros universitarios con el consiguiente aumento de gastos que esto conlleva.

Y por otra razón, que los responsables de las comunidades y universidades no han aplicado en el curso 2012-13 los precios máximos que para cada opción de matrícula facultaba el Real Decreto Ley y que permitiría recaudar a las universidades 1.700 millones de euros adicionales.

Recorte de profesorado
Sin embargo, el estudio constata que sí ha resultado más eficaz para equilibrar el recorte en la financiación pública autonómica el cambio en el régimen de dedicación del profesorado que introduce el Real Decreto Ley, al identificar, como único elemento reductor de capacidad productiva en el de-sempeño docente del Personal Docente e Investigador, la acreditación de un mínimo de sexenios en concepto de productividad investigadora, “lo que ha alterado los planes de ordenación docente de las universidades públicas”, dice el estudio.
“Las consecuencias de la aplicación de este cambio en contabilizar las necesidades de profesorado atendiendo al de-sempeño de las funciones docentes e investigadoras han sido inmediatas y están permitiendo, no sólo mitigar las reducciones de capacidad derivadas de la aplicación de la tasa de reposición del 10% de las personas que acceden a la jubilación, sino también ajustar el gasto de personal por la vía de la cancelación de contratos en el colectivo de PDI asociado”, añade el estudio.
“No parece que sea arriesgado afirmar que ha sido la reducción del gasto de personal – de más de 500 millones de euros en el año 2012 con relación al año 2010– la que realmente ha compensado la minoración de la financiación pública autonómica”, afirma el estudio.

Por otro lado, el estudio asegura que “la revisión al alza de las calificaciones académicas exigidas para las becas reducirá drásticamente el número de alumnos beneficiarios”. Más del 40% de los 225.000 estudiantes que tenían beca en el curso 2011-12 la perderán en el 2013-14, según el estudio.

Además, los autores del estudio creen que serían los alumnos que disponen de menor capacidad económica los que sufrirán las consecuencias de las modificaciones introducidas en los criterios para ser becario.

Según datos del curso 2011-12, el 65,59% de las familias españolas con hijos en edad universitaria registraron rentas inferiores a 38.831 euros, que era la cantidad máxima fijada para poder acceder a la beca de exención de matrícula concedida por el Ministerio de Educación. El resto de familias (34,41%), superaban el nivel máximo de renta establecido.

Contribución por renta
En función de estos datos, los autores del estudio proponen “reequilibrar la equidad ampliando la aportación de recursos privados a la Educación Superior mediante una mayor contribución de los estudiantes pertenecientes a familias de mayor renta” y que las condiciones de acceso, progreso y permanencia de los estudios universitarios se apliquen “a la totalidad de los estudiantes, no solo a los de menor renta que opten a las becas, dado que –por término medio– todos ellos reciben financiación pública por un importe equivalente al 80 % del coste de sus estudios”.

Según uno de los autores del estudio, José Antonio Pérez, “el recorte del gasto público debería haber venido acompañado de criterios de eficiencia y de criterios de rentabilidad social”. Es decir, “no debería haber afectado, por ejemplo, a la igualdad de oportunidades”.

El estudio citado propone “diez niveles de renta y una progresividad de ayudas al coste de la Educación Superior y también una progresividad en el sentido contrario de acceso a las ayudas”. En definitiva, un aumento del gasto público destinado a becas y una mayor dotación de cada una de ellas, cercanas a los 14.000 euros por estudiante y año, que es lo que calculan para un alumno de renta baja que tiene que trasladarse de ciudad.

Como ese aumento de gasto público no se puede financiar, el estudio propone recuperar ingresos a través de una política de precios que sea proporcional y progresiva, en relación a la renta de las familias, a partir de 39.000 euros. Una familia de cuatro miembros que tenga una renta superior a 110.000 euros tendría que pagar el coste de los estudios íntegramente.

El estudio recuerda que en el modelo actual a un becario se le está subvencionando el 100%, pero a los que no son becarios se les está subvencionando el 80%.

Otra de las afirmaciones de los autores del estudio es sobre la supuesta ineficiencia de las universidades públicas. “No hay un nivel de ineficiencia importante en las universidades públicas –señala José Antonio Pérez– si entendemos la eficiencia como coste de prestación de un servicio, que es como hay que entenderlo”.

En definitiva, el estudio propone una “financiación por resultados: si yo reduzco mis resultados, que se reduzca mi financiación; si yo incremento mis resultados, que se incremente mi financiación”. Por tanto, se trata de aumentar tanto la financiación pública como la privada. “Esto significa que la sociedad tiene que apostar más por la Educación Superior y la investigación y tiene que aportar más recursos, y el sector público tiene que hacer algo”, dice José Antonio Pérez. Y en esta aportación del sector público, “lo prioritario es el sistema de igualdad de oportunidades”, añade.

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