Monitoras de colegios piden a la Junta que acate sentencias y las readmita
Las 840 monitoras administrativas que fueron despedidas de colegios públicos andaluces después de que la Inspección de Trabajo detectara irregularidades en su situación laboral, descrita como cercana a la esclavitud, exigen a la Junta de Andalucía que "acate" las decisiones judiciales y las readmita. Para este colectivo, en su mayoría mujeres contratados por empresas concesionarias, las sentencias que ya se han emitido en Córdoba para 16 de ellas "abren la vía" para que otros jueces de otras provincias sigan los mismos pasos, y reclamen su readmisión a los puestos que ocupaban desde hace casi ocho años o bien su indemnización por despidos improcedentes.
Con esa esperanza, especialmente la de una posible readmisión, otras 36 trabajadoras han acudido a un juicio en el juzgado número 2 de lo social de Cádiz, y el próximo mes de mayo otras demandas colectivas por la misma situación se celebrarán en juzgados de Algeciras y Jerez. Su lucha empezó en noviembre de 2013 cuando la Junta de Andalucía rescindió el contrato que tenía con las empresas a las que pertenecen estas trabajadoras después de que la Inspección de Trabajo detectara ilegalidades en sus condiciones laborales.
En concreto constató una cesión ilegal de trabajadores, que ha sido confirmada ahora por las sentencias de Córdoba, ya que las empresas se limitaban a cobrar de la Junta y a pagar las nóminas de las monitoras, mientras que eran los equipos directivos de cada centro los que les daban instrucciones.
Desde que fueron contratados para ayudar en tareas de gestión de 1.024 centros públicos andaluces (desde matriculaciones a atención telefónica) este colectivo trabajaba "con muchas irregularidades", según ha recordado a EFE Ana Moreno, una de las exmonitoras. Entre otras cosas, han cobrado cuatro euros a la hora sin apenas derechos. Durante todo el tiempo consintieron en trabajar así, hasta que a finales del año pasado empezaron a no cobrar sus sueldos y denunciaron su situación.
El colectivo recuerda que el propio consejero de Educación, Luciano Alonso, "alegó estar acabando con la esclavitud" cuando los despidió en noviembre. Lo que ocurrió después es que la Junta se hizo cargo de los contratos a través de una convocatoria que las excluía prácticamente porque, además de ser parados de larga duración, exigía titulaciones "que la inmensa mayoría" de ellas no tenía, ya que nunca se les pidió para el puesto que llevaban desempeñando desde 2006 "con un alto grado de satisfacción por parte de las comunidades escolares".
El titular del juzgado de lo social número 2 de Córdoba lo explica en su sentencia con estas palabras: "Sería como si cuando Lincoln suprimió la esclavitud en los Estados del Sur, tras acabar la guerra de Secesión, al tiempo de liberar a los esclavos exigiera titulación de Ingeniero Agrónomo para poder recoger el algodón. Los esclavos finalmente serían libres, pero no tendrían qué comer".
La selección concluyó hace apenas un mes y ninguna de las antiguas monitoras ha sido contratada. El colectivo se queja de cómo la Consejería de Educación ha resuelto el caso "tratando de barrernos debajo de la alfombra" y enfrentándolas con otros colectivos, haciéndolas "competir" con desempleados. Y creen que "todo ello" es "para evitar sentar un precedente para las en torno a 10.500 trabajadores subcontratadas, la mayoría mujeres, en la escuela pública andaluza en todos los servicios complementarios", como aula matinal, monitoras de Educación Especial, comedores, transporte escolar, actividades extraescolares o apoyo educativo.
"Seguiremos invirtiendo nuestras esperanzas en que sea la Justicia la que ponga las cosas en su sitio", dicen en un comunicado. La Junta de Andalucía no ha hecho público aún ningún pronunciamiento sobre las sentencias que de momento dan la razón a este colectivo.