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"La Lomce no apuesta por la enseñanza pública"

Nicolás Fernández Guisado es presidente nacional de ANPE. En esta entrevista aborda todo lo que afecta a los trabajadores de la enseñanza así como la reforma de la Lomce.
José Mª de MoyaViernes, 5 de diciembre de 2014
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Da la sensación a veces de que el discurso de ANPE es indefinido con una posición poco clara.
El discurso de ANPE es claro y meridiano y así lo llevamos manteniendo desde hace 36 años. ANPE es un sindicato exclusivo de la enseñanza pública y por eso siempre hemos sido muy críticos con la Lomce, porque entendemos que no se apuesta decididamente por la enseñanza pública como pilar del sistema educativo. Eso para nosotros es fundamental.

¿Consideras que la enseñanza pública es prioritaria?
Entiendo que la enseñanza pública es prioritaria porque es la única que asegura el principio de igualdad de oportunidades en todo el Estado y garantiza el principio de cohesión social.

¿Y la enseñanza concertada no lo garantiza?
Habrá zonas en las que no le interese instalarse y entonces no lo puede garantizar. Es decir, en una escuela rural o en determinadas poblaciones no llega y el Estado, con la programación general de enseñanza, tiene que llegar a todos los rincones para garantizar una enseñanza de calidad en todo el Estado. Y por eso le damos esa prioridad a la enseñanza pública.

¿Consideras por tanto que la enseñanza concertada es subsidiaria de la pública?
Entiendo que la enseñanza concertada puede ser subsidiaria de la pública.

¿Es consciente de que en España esto se considera una opinión de izquierdas?
Quizá el término de subsidiario no sea el adecuado. Yo prefiero decir prioridad de la enseñanza pública antes que subsidiariedad de la privada.

La Constitución en ningún momento habla de la prioridad de la enseñanza pública…
Pero sí que la programación general de enseñanza debe cumplirse.

¿Y no puede considerarse que dentro de esa programación general de enseñanza esté la Concertada?
Eso tiene que nacer de un pacto. Esa ha sido la gran batalla ideológica de este país. Lo que pasa que con ese pacto, que ha funcionado razonablemente bien durante 30 años. A partir de la Lomce se está debilitando la posición de la enseñanza pública y por eso nosotros estamos alzando la voz. Porque se han tomado medidas que han perjudicado claramente la enseñanza pública. Por ejemplo, la cesión de suelo público, la ampliación de concierto a la privada y la supresión de unidades en la pública en la misma zona.

¿No crees que tradicionalmente la posición era de que la enseñanza pública era prioritaria y ahora hay un gobierno que considera que no tiene por qué ser prioritaria?
Pues ese es el gran error que nosotros criticamos. Para nosotros los servicios públicos esenciales los tiene que garantizar fundamentalmente el Estado y no los particulares, porque el Estado es quien llega a donde no llegan los demás.

¿Los servicios públicos los tiene que prestar directamente el Estado?
El de la Educación, que es básico, sí porque si no, nos cargamos la enseñanza pública.

¿Y dónde queda la pluralidad y la libertad de enseñanza?
Naturalmente están aseguradas porque la Constitución dice la libertad de creación de centros.

¿Tú consideras que si hay una zona donde faltan plazas escolares, esas plazas escolares de partida deberían cubrirse con centros públicos?
Naturalmente que sí.

¿Y si hay familias que demandan otro tipo de Educación?
Pues pueden crear un centro.

¿El principio que recoge la Lomce es el de supeditar la oferta a la demanda?
No, el principio que recoge la Lomce es que hay plazas que cuestan menos. Es el Estado el que debe asegurar una Educación universal y gratuita para todos y respetando la libertad de creación de centros. Desde ANPE venimos reclamando que cualquier cambio sea un pacto social y no utilizar las leyes para dinamitar esos pactos. Cualquier acuerdo debe ser un pacto de Estado y el de la Educación, el artículo 27, ha funcionado razonablemente bien hasta ahora. Pero con los recortes educativos y con las cuestiones económicas podemos empezar a dinamitar estos pactos. España es el segundo país de Europa que menos enseñanza pública tiene.

¿La enseñanza pública está perdiendo cuota? ¿Cuál es su reflexión?
Mi reflexión es que la Educación debe partir siempre de unos contextos básicos, de un pacto de Estado que funcione razonablemente, porque sino siempre va a ser una guerra ideológica, que es lo que no nos ha permitido avanzar. El marco del artículo 27 de la Constitución se ha empezado a distorsionar.

¿Compartes ese principio de que la oferta debería depender de la demanda y que no hubiera una cuota o un reparto de partida?
Yo concibo la Educación como un servicio esencial y básico para un país y entiendo que uno de los pocos servicios que el Estado tiene que garantizar es la Educación, la sanidad y las pensiones. El servicio básico de la Educación lo debe garantizar el Estado, respetando el principio de libertad ideológica y el principio del derecho de la formación moral y religiosa que tienen los padres para elegir.

Yo he oído la posición de la privada de considerar que la enseñanza pública debería de ser subsidiaria. El Estado tiene que llegar donde la sociedad civil no llega.
No lo comparto porque la Educación pública en este país ha tenido una calidad que ha permitido que las clases más desfavorecidas hayan podido tener un gran progreso social. Me gusta que la escuela sea una verdadera herramienta de progreso social y por eso yo al Estado le confiero ese papel.

Se deduce que la Concertada no hace ningún tipo de labor social.
Yo no digo que la escuela privada o la concertada no hagan ningún papel social, porque todos los que se dedican a la tarea de educar han contribuido al progreso de este país. Pero yo quiero que la enseñanza pública sea la que garantice la cohesión social y asegure el principio de igualdad de oportunidades. Nuestra gran crítica de la Lomce va hacia la situación del profesorado. El profesorado en esta reforma educativa, como en las precedentes, ha sido siempre el gran olvidado. Nunca ha habido una reforma que haya dicho: “vamos a abordar de una vez por todas la situación del profesorado en este país”; y ya es hora porque no tiene nada que ver el profesor de ahora con el de hace 30 años.

Sobre el profesorado, ¿por qué no sale el Estatuto de la Función Pública docente?
Se va parcheando y entonces, como la visión que se tiene de la Educación es muy cortoplacista, siempre vamos a lo más prioritario y más urgente; no hay visión a largo plazo. No hay una perspectiva global, por eso somos tan reiterativos con la exigencia de un pacto de Estado o de un acuerdo de mínimos.

¿El MIR educativo te gustaba?
La idea del MIR me gusta si el profesorado que va a impartir clases se valora y donde la práctica es fundamental. Entonces, bien enfocado, sí que me gusta. El MIR me gusta, pero cambiando también la formación inicial y además yendo hacia un modelo de profesorado que permita una promoción horizontal y vertical. El problema del profesorado en España es que carece de incentivos, en el sentido de que la carrera docente no es motivadora.

¿Y una retribución en función de los resultados?
En función de la innovación o de la implicación. El tema de los resultados es muy relativo porque se presta a equívoco. Resultado no son las notas porque, por ejemplo, un profesor en un barrio muy difícil enseña a leer a los alumnos y a lo mejor no se gradúan, para mí eso tiene más mérito que en un barrio determinado saquen un notable.

Yo me referiría a la evaluación del desempeño.
Todos los profesores nos tenemos que evaluar: se evalúa con la acreditación del mérito del trabajo desarrollado, con las titulaciones, con la formación adecuada a la práctica docente… Con muchas cosas que no se hacen.

¿Te parece que eso debería reflejarse en la nómina?
Claro, siempre respetando los derechos adquiridos, partiendo del marco jurídico. A partir de ahí, se debe valorar el trabajo del profesor, su implicación, la participación en proyectos educativos, las titulaciones y todo.

En Reino Unido, de media, los directores de los centros públicos cobran el doble que los profesores. ¿A ti eso qué te parece?
Que haya tanta diferencia no me parece bien, pero la responsabilidad por supuesto que hay que retribuirla. Pero yo creo que la función directiva o la función instructora deben ser estadios de la carrera docente.

¿Entonces ahora te parece que hay muy poca diferencia entre lo que cobra un director o un profesor?
Hay poca diferencia. Con la responsabilidad que tiene un director o un jefe de Estudios, a mí no me parece mal que cobre una compensación. Las responsabilidades hay que primarlas, pero no en detrimento de los que ya están.

¿Es normal que en los centros públicos sigan quedando vacantes puestos de dirección?
Nunca ha funcionado el modelo de dirección porque no hemos visto que sea un proyecto atractivo. Insisto mucho que la Educación hay que valorarla como un todo. Por ejemplo, hay centros ahora mismo en los que el 90% son interinos. Es difícil gestionar un centro así por la inestabilidad que tienen. Porque al año que viene se van a ir a otro sitio y así no se pueden hacer proyectos educativos serios. La política de oferta de empleo en estos años ha sido un auténtico disparate. Los centros que no tienen estabilidad, los resultados no pueden ser tan buenos.

Ha existido la conciencia de que el sistema público de enseñanza estaba sobredotado.
Yo no creo que haya habido un exceso en las plantillas. Lo que sí existe es falta de liderazgo y de coordinación de las distintas políticas, como las políticas compensatorias, los puestos bilingües…

Es un dato y una realidad que España tiene de las ratios más bajas.
Entre la relación profesor-aula no.

¿Qué le parecen las medidas que ha adoptado la Lomce de reforzar las competencias del director en detrimento del Consejo Escolar?
El liderazgo en el papel del profesor es muy importante pero para nosotros hay una posición de partida. Ese liderazgo debe partir de una posición del Claustro, que tiene que tener una prioridad o un peso mucho mayor en la elección del director. Dicho eso, nos parece bien reforzar el papel del liderazgo del profesor con esa premisa. Pero ese papel del director no se puede poner por encima de lo que son políticas de personal, por ejemplo. Nunca admitiremos que el profesor pueda seleccionar profesores, sobre todo, en la enseñanza pública.

Como ocurre en la mayor parte de Europa, el equipo directivo debe tener facultad para configurar su equipo.
No, en la enseñanza pública eso no se puede. Un director puede tener la capacidad de proponer, pero no de elegir nominalmente. Éste puede proponer lo que necesite y que se le otorguen los perfiles.

¿Eso ocurre ahora mismo?
Eso no ocurre pero debería ocurrir.

¿Entonces crees que el equipo directivo debería tener el derecho a seleccionar los perfiles?
A proponer más que a seleccionar los perfiles en función del proyecto educativo. Eso me parece bien.

¿Las plazas son en propiedad?
Las plazas son en propiedad relativamente porque al profesorado que se le suprime se le da un derecho dentro de esa localidad o, incluso, dentro de la zona. Siempre que se respete la puntuación en un momento determinado.

¿Cuántos expedientes disciplinarios al año hay?
No llevo un control de ese tema, pero en España tenemos el reglamento disciplinario más duro de Europa. Cuando hay un problema grave, el profesor es apartado porque las Administraciones toman medidas.

¿Vosotros como sindicato priorizáis las condiciones laborales del profesorado sobre el interés general?
No, no hay nadie más implicado en la mejora de la calidad de la Educación que los profesores. Los profesores quieren participar en proyectos estables y sólidos que tengan esa satisfacción profesional.

Desde FSIE quieren que haya una ley del profesorado que incluya también al profesorado de la Concertada. ¿Vosotros estáis más en la línea de que haya un Estatuto de la Función Pública?
Son dos cosas distintas, pero compatibles. El Estatuto docente es la norma que debe regular las condiciones laborales de los profesores que ejercen la función de funcionarios públicos.

¿Es partidario de que haya una ley del profesorado?
Sí, con carácter general, que evalúe el diseño, la formación… Pero no poniéndolo en confrontación. Lo que nosotros reclamamos es el marco jurídico propio del Estatuto de la Función Pública docente.

¿Qué habría que hacer primero, esa ley del profesorado y luego el Estatuto?
Yo creo que puede haber cosas que sean interesante regularlas en el mismo momento, por ejemplo, el perfil del profesor. Esas cuestiones tienen que afectar tanto a públicos como a privados y concertados. No me parece mal que haya una ley de la profesión docente con carácter general, pero reivindicamos el marco jurídico propio.

¿No hay posibilidad de que haya un Estatuto de la Función Pública en esta legislatura?
Esta legislatura está acabada desde el punto de vista educativo. No sé si al final saldrá el Decreto de Especialidades, pero esperamos que haya una propuesta que cambie radicalmente lo que nos han propuesto porque se carga el principio de especialidad docente. No queremos un profesor que vale para todo. Nosotros respetamos la especialidad porque es un principio muy arraigado, sobre todo, en los cuerpos de Secundaria. Yo creo que siempre hay que trabajar para el futuro y que se pueden ir sentando ya las bases. Nosotros vamos a seguir reivindicándolo y exigiéndolo porque es fundamental. No sabemos si algún día verá la luz pero creemos que en esta legislatura ya es inviable.

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