El conselleiro apela a las familias en su defensa de la prueba de 3º
En su intervención, el conselleiro explicó que “para poder mejorar hay que conocer dónde se está y cuál es el punto de partida” y recalcó que para ello, la prueba de 3º de Primaria, “ es la mejor forma para descubrir las posibles lagunas o debilidades en la metodología y en el proceso de aprendizaje y de enseñanza”.
Ante las críticas que ha recibido esta prueba por parte de los demás partidos y las asociaciones de madres y padres de alumnos, Román Rodríguez ha querido defenderla explicando que este examen se hace “con el afán de mejorar el sistema, no para discriminar ni segregar al alumnado”.
Según dijo, “esta prueba permitirá conocer desde el inicio que grado de competencias adquieren nuestros niños y niñas, detectar lo antes posible carencias y tomar medidas correctoras”.
Además, añadió que “oponerse a esta prueba significa perjudicar al conjunto del sistema pero, sobre todo, a aquellos alumnos que presenten mayores carencias o debilidades educativas”.
Rodríguez cree que el actual rechazo a la prueba “no se fundamenta en cuestiones pedagógicas ni educativas, sino en un “posicionamiento político contra la Lomce”. Según recalcó el conselleiro, la prueba se configura cómo una evaluación individualizada sobre el grado de capacidades, destrezas y habilidades en dos competencias concretas: comunicación lingüística y matemáticas y trata de ser un refuerzo educativo tanto a nivel de centros como de alumnos. Su función es hacer un diagnóstico y remitir un informe de carácter orientativo que sirva tanto para los alumnos y sus padres, como para los centros y la Administración educativa.
La respuesta por parte de los padres de alumnos ha llegado en un comunicado de la Confederación de Anpas Galegas, que ha rechazado las pruebas de evaluación de 3º de Primaria por considerarlas “inútiles e innecesarias”.
Espera su derogación
En ese mismo comunicado la representación de padres de alumnos recuerda que esa “reválida” ha sido criticada por “toda la comunidad educativa y la mayoría de la sociedad” durante su elaboración y espera “que sea derogada a la mayor brevedad”.
Para las Anpas, “el control del grado de adquisición de las habilidades y destrezas adquiridas por los alumnos en su vida escolar le compete exclusivamente a sus profesores, que son quienes realizan el ingente trabajo de personalizar la enseñanza” y “ninguna prueba externa va a dar resultados fiables”.
A esta oposición se le suma la de una plataforma asociativa integrada por sindicatos, asociaciones de padres de alumnos y profesores, que ha calificado la prueba como una “aberración desde un punto de vista pedagógico” y que pueden generar una “presión innecesaria” en alumnos de 8 años. El representante sindical, opina que “las medidas pretenden reafirmar un sistema educativo competitivo, clasista y segregador, desechando cualquier tipo de educación compensatoria”.