Sánchez propone un pacto estatal que universalice la enseñanza de 0 a 18 años

“¿Qué sentido tiene seguir disputando por lograr el sistema educativo que más nos gusta a cada uno de nosotros, cuando todos sabemos que el mejor sistema es el que construimos entre todos?”. Fue la pregunta que lanzó la pasada semana el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez tras la reunión que mantuvo con algunos representantes de la comunidad educativa. El objetivo: tratar de alcanzar un pacto social y político por la Educación, de la misma forma que lo intentó el exministro Ángel Gabilondo que, además, fue uno de los asistentes a la reunión. Ese acuerdo se plasmaría en una nueva ley que “otorgue estabilidad, equidad y excelencia a nuestro sistema educativo”, en palabras de Sánchez.

Entre las propuestas para el pacto, Pedro Sánchez destacó la “universalización de la Educación de 0 a 18 años garantizando una oferta pública suficiente en todas las etapas y enseñanzas”. Es lo que el PSOE entiende como “cambio cuantitativo”, que debe ir acompañado de un “cambio cualitativo” que amplíe el significado del derecho a la Educación, de modo que no solo incluya la igualdad de acceso a la escolarización, sino también la igualdad de oportunidades de aprendizaje.

Esa universalización de la Educación iría acompañada de “la reducción de la tasa de abandono escolar y de la mejora en las condiciones laborales de los docentes y de la atención a la diversidad, así como de la definición de un suelo común de inversión en todo el Estado próximo al 5% del PIB”.

Fin de la Lomce
El secretario general del PSOE insistió en su compromiso de dejar atrás “una mala ley como la Lomce, una ley aprobada en solitario y contra todos, una ley de partido y no una ley de Estado”. En su opinión, “solo se puede mejorar el sistema educativo a partir de la estabilidad del marco legal y la estabilidad presupuestaria, y ambas premisas se han incumplido durante la presente legislatura”. Por eso, se compromete a “trabajar para alcanzar un acuerdo que evite el uso partidista de la Educación y otorgue al sistema educativo la estabilidad que necesita”.

Profesionalización
El profesorado constituye también otro de los pilares del acuerdo, que propone la “definición de un modelo de profesionalización docente que permita afrontar los múltiples retos que tiene planteada la Educación del siglo XXI. Ese modelo de profesionalización incluiría, además de la formación inicial y continua, la regulación del acceso, la asignación docente, la promoción interna y la evaluación. La definición del modelo estará vinculada a la creación de una oferta pública de empleo que permita reducir los niveles de interinidad actuales.

Sánchez recordó que “el acuerdo es posible”, y para ello puso como ejemplo las experiencias en algunas comunidades autónomas. “Mientras nos enfrentábamos por la aprobación de la desdichada Lomce, en Canarias la comunidad educativa alcanzaba un amplísimo acuerdo social respaldado en el Parlamento por una mayoría de fuerzas políticas”. También puso como ejemplo a Extremadura, donde “las dos grandes fuerzas políticas aprobaron con su voto una ley de Educación, asumiendo que era posible lograr algo que a nivel nacional parecía imposible”. Y, por último, recordó las experiencias en Andalucía, Cataluña y País Vasco, en las que “se han debatido y, en algunos casos, aprobado leyes educativas respaldadas por una amplísima mayoría de la sociedad y de las fuerzas políticas”.

Según el documento presentado por el PSOE, “el acuerdo debe fraguarse lentamente con una amplia participación y debe ser un acuerdo de mínimos, pero no debe prolongarse más allá de lo necesario para no generar frustración entre sus protagonistas”. De esta forma, el proceso de participación debe desarrollarse en tres fases y en cada una de ellas confluirían tanto el diálogo social como el político.

Las fases del pacto
En primer lugar, se desarrollaría la fase preliminar, que sería previa al comienzo de la nueva legislatura y debe ayudar a centrar las cuestiones de interés e identificar claramente las aspiraciones de cada uno de los sectores. Esa primera fase debería concluir con un documento de síntesis de las distintas aportaciones. Después se produciría la fase central, que se iniciaría con la nueva legislatura y tendría su punto de partida en la presentación de una propuesta de acuerdo social y político en el debate de investidura.

Por último, tendría lugar la fase legislativa, que se iniciaría una vez debatida la propuesta inicial elaborada por el Gobierno y tendría como objetivo la transformación del acuerdo alcanzado en distintas iniciativas legislativas, entre las cuales se incluiría una nueva ley orgánica de Educación. El PSOE da por hecho la derogación de la Lomce como paso previo a las negociaciones, a la que añade un acuerdo sobre las condiciones deseables para la nueva ley, así como posibles modificaciones en las leyes educativas autonómicas.

El PSOE reconoce que un proceso de participación tan amplio presenta dificultades importantes, y señala que la mayor sería fijar muy bien desde el principo la finalidad del acuerdo así como su amplitud.