España ocupa la décima posición en el Índice de Libertad de Enseñanza 2016
España sale bien parada en el primer Índice Mundial de la Enseñanza (ILE), elaborado por la ONG Oidel y la Fundación Novae Terrae. Este indicador –que señala el grado en que los países respetan la libertad de enseñanza en sus leyes nacionales en consonancia con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con el Convenio de Lucha contra las Discriminaciones de la Unesco– nos sitúa en el décimo puesto de la clasificación de 136 países analizados, que abarcan la totalidad de las zonas geográficas mundiales.
Destacan por su labor en el desarrollo libre del derecho a la Educación los países de América del Norte y, especialmente, los europeos, que ocupan nueve de los diez primeros lugares en el ranking mundial.
El indicador emplea cuatro parámetros para arrojar el resultado final. El primero refleja si existe la posibilidad legal de crear “escuelas no gubernamentales”, es decir, de titularidad privada. El segundo profundiza sobre el alcance de la financiación pública de este tipo de centros educativos, si es que existe. El tercero toma en consideración la tasa neta de escolarización. Por último, los autores tienen en cuenta qué porcentaje de los alumnos matriculados en Educación Primaria cursan sus estudios en escuelas no gubernamentales.
Cuatro áreas analizadas
El total de puntos que el informe otorga a España, obtenidos a partir de la suma de los resultados individuales en las cuatro áreas analizadas, es de 281,10. Por lo tanto, el ILE para nuestro país, que refleja el porcentaje sobre el total de puntuación posible, es de 71,35.
En el primer apartado, España recibe 90 de los 100 puntos posibles. La creación de “escuelas no gubernamentales” está contemplada tanto en la Constitución, en su artículo 27 –referido a la libertad de enseñanza–, como en la Ley de Educación de 2006 (LOE), modificada parcialmente con la Lomce, aprobada en 2013.
No obstante, España, a diferencia de otros países, no consigue una puntuación plena, es decir, de 100 puntos, en este apartado sobre el marco regulatorio. Esos diez puntos de desfase corresponde a la desregularización del homeschooling en nuestro país.
El estudio señala la neutralidad de la Constitución al respecto de esta modalidad de enseñanza, según una sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, que generó una doctrina judicial imparcial al respecto y delegó su concreción a los desarrollos normativos sobre Educación. Y es ahí donde se halla la respuesta: la LOE establece la libertad de enseñanza únicamente circunscrita a la escolarización presencial y obligatoria, entre los 6 y los 16 años, en centros que impartan los estudios reglados. Por tanto, se prohíbe la Educación en el hogar de facto, aunque no haga referencia a su prohibición de manera explícita.
De esta manera, la situación de la Educación en casa en España es de una prohibición tácita, aunque sí existan familias que optan por esta Educación de no-escolarización, mientras que la Administración no interviene. En los tribunales se han dado sentencias tanto a favor como en contra de estas familias.
En cualquier caso, la influencia del homeschooling en este índice parece sobredimensionada, al menos a tenor del peso residual que tiene esta modalidad de escolarización en el conjunto del sistema español.
Financiación
Otro apartado que recoge este estudio es el de la financiación pública. El indicador referente a la financiación de las “escuelas no gubernamentales” da un total de 70 de 100 puntos en el caso de España.
El informe distingue distintos estadios a la hora de puntuar en este ILE, según la financiación pública. No da ningún punto cuando no existe financiación pública a instituciones educativas privadas y 30 puntos en el caso de lo que consideran una financiación “débil”. Esta puntuación se eleva a los 60 puntos cuando el Estado se hace cargo exclusivamente de los salarios del profesorado, y hasta 70 puntos cuando, además de las retribuciones, también abona los gastos para el mantenimiento. Odiel solo eleva hasta los 100 puntos cuando el Estado, además de todo lo anterior, también se hace cargo de las inversiones que realiza la entidad privada en sus infraestructuras o en el equipamiento de sus instalaciones.
De esta manera, el informe describe el modelo de conciertos español como “aquellos centros que cumplen con las condiciones establecidas en la ley que se pueden beneficiar de ingresos públicos mediante acuerdos de concesión con la autoridad autonómica competente”. No obstante, estos subsidios no cubren todos los costes: se financian los salarios del profesorado así como los costes operativos (electricidad, limpieza, calefacción, etcétera). No se pagan, por ejemplo, los costes de infraestructuras y equipación. Sin embargo, la Lomce abre la posibilidad a la cesión de suelo público para la construcción de “escuelas no gubernamentales”.
Variación por CCAA
El alcance de la financiación pública varía según la comunidad autónoma de que se hable en la cuantía, aunque se abonen por los mismos conceptos, ya que a partir del módulo mínimo establecido en los Presupuestos Generales del Estado, las autonomías pueden elevar la cuantía de dichos módulos.
A nivel nacional, el Consejo Escolar del Estado determinó, en su informe para 2014, que el 57,5% de los ingresos de las “escuelas no gubernamentales” que tienen una concesión provienen de las arcas públicas. El resto de los ingresos llegan desde las cuotas pagadas por los hogares (38,5%) y el 4% restante, de las transferencias de privados.
Tasa de escolarización
El tercer de los indicadores es la tasa neta de escolarización para la Educación Primaria, que refleja el porcentaje de alumnos matriculados en esa etapa educativa sobre el total de la población de la edad que le corresponda –en España, población entre 6 y 12 años–. Nuestro país, al igual que la mayoría de los países desarrollados, tiene una tasa alta: del 98%. Por tanto, le corresponden 98 de los 100 puntos posibles en este Índice de Libertad de Enseñanza elaborado por Oidel.
De los estudiantes de Primaria, un 33% lo hace en “escuelas no gubernamentales”, de modo que dos tercios de los alumnos españoles para esta etapa cursan sus estudios en centros públicos, lo que el ILE llama “escuelas gubernamentales”. En este caso, el total no se establece en el 100%, ya que de ese supuesto se desprendería que la situación ideal se daría con la inexistencia de la enseñanza pública, precepto que los autores del estudio consideran que sería “infundado”. Por esta razón, la comparativa se establece con el país que tiene una mayor tasa de matriculación en “escuelas no gubernamentales”, que se corresponde con Irlanda, en el que el 94% de las familias de alumnos de Primaria optan por centros privados.
En comparación con el resto de países, en el modelo de conciertos español la financiación de las escuelas no estatales no es una circunstancia atípica, aunque a veces así se destaca en algunas intervenciones públicas. Más bien al contrario, es lo habitual en los países occidentales.
Asimismo, en España el sistema de conciertos no garantiza el 100% del coste al dejar fuera instalaciones y equipamiento. Aun así, el peso de la Concertada es mayor en España que en gran parte de los países.