José Miguel Pérez: Una Conferencia Sectorial con mayor capacidad operativa
Creo que existe un claro consenso entre expertos, docentes, familias y organizaciones políticas de que la reforma de la Lomce era innecesaria, inoportuna e inconveniente. Esta convicción se une a una clara convicción: sabemos y queremos que haya otra política educativa en España. En definitiva, es deseable y también posible que el edificio educativo se construya con un amplio acuerdo social y político, capaz de darle estabilidad y modernidad.
Desde el PSOE nos hemos comprometido en nuestra propuesta electoral e iniciativas parlamentarias al entendimiento de todas las organizaciones sociales, políticas y educativas. Para ello, es necesario alcanzar previamente acuerdos sobre el diagnóstico de nuestro sistema educativo, alejándonos de visiones sectarias e interesadas, y centrándonos en los problemas y promoviendo soluciones que perduren por encima de las legítimas alternancias políticas de nuestra democracia.
A nuestro juicio, el nuevo sistema educativo debería asentarse sobre cuatro pilares: recuperar el sentido constitucional del derecho a la Educación; fortalecer la cooperación institucional entre las administraciones públicas; comprometerse activamente con la Educación pública en todas y cada una de las etapas y niveles educativos; y alcanzar un acuerdo sobre la financiación estable del sistema educativo.
En el centro de este debate, debemos empezar por recuperar el sentido original del derecho a la Educación. El PP ha desequilibrado los tres elementos que sustancia nuestra Constitución eliminando con ello las barreras que evitaban que la Educación se transformara en un negocio. De esta forma, la libertad de elección de centro no puede condicionar la capacidad de los poderes públicos para crear centros educativos ni para definir la programación general de la enseñanza.
A la recuperación del equilibrio original entre esos tres elementos debería añadirse ahora otros dos nuevos que, dada la experiencia de estos años, se centrarían en proporcionar fórmulas institucionales para hacer efectivo el principio de cooperación institucional, ya que la Educación es una responsabilidad compartida entre todas las administraciones públicas. Asimismo, proponemos hacer lo propio con la financiación, de modo que quede asegurado un suelo de gasto que la Administración General del Estado garantice a todas las comunidades autónomas.
Lo cierto es que en el debate público sobre la Lomce han quedado en evidencia dos modelos educativos claramente diferenciados. Uno sustentado sobre el pacto constitucional y basado en el desarrollo de un Estado autonómico. Otro que rompe con el consenso constitucional y trata de eludir al Estado autonómico. Nuestro propósito es fortalecer la cooperación institucional entre las administraciones públicas.
En mi opinión, el modelo autonómico, basado en la distribución de competencias entre la Administración central y las comunidades, puede ser mejorado, pero no necesita ser anulado, puesto que ha dado buenos resultados. Bastaría sencillamente con fortalecer la cooperación entre las comunidades autónomas dotando a la Conferencia Sectorial de Educación de una mayor capacidad operativa y hacer de los Programas de Cooperación Territorial instrumentos de política educativa. En definitiva, debemos recuperar la lealtad constitucional en las relaciones entre el Estado y las comunidades.
Hay que defender la escuela pública inclusiva y de calidad como un patrimonio común de todos los españoles, al igual que sucede en el resto de países europeos, y que la escuela concertada coopere lealmente en la prestación del servicio público educativo.
Cuarto punto esencial sería alcanzar un acuerdo que permita definir un modelo de financiación que garantice un suelo común para todas las administraciones públicas y multiplicar por cuatro el gasto en Educación en la próxima legislatura. No hay que ser un experto analista para entender que la dramática disfunción de recursos perpetuada por Rajoy al sistema educativo, combinada con el aumento permanente del número de alumnos, ha supuesto una degradación de la calidad, la mejora y la propia garantía del derecho a la Educación. Esto no puede volver a suceder, y resulta imprescindible que España al menos disponga de un suelo que nosotros establecemos en el 5% sobre el PIB.
Debemos afrontar los enormes retos con menos leyes y más soluciones concretas: cómo alcanzar el éxito escolar y minorar el abandono temprano; revisar el sistema de selección y formación del profesorado, aprobando un Estatuto; hacer una revisión curricular acorde con los cambios científicos y tecnológicos de nuestra sociedad; establecer una política consensuada para la FP; y establecer un sistema de evaluación en el que se evalúe no solo a los alumnos sino también a todo el sistema.
José Miguel Pérez
Secretario de Educación de la CEF del PSOE