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Los autores del Libro Blanco proponen crear un equipo de gestión del pacto

Los autores del Libro Blanco de la Función Docente, José Antonio Marina y Carmen Pellicer, convocaron el lunes en un hotel de Madrid a diversos representantes educativos para transmitirles la “hoja de ruta” para un pacto educativo. Una “hoja de ruta” que pasa por llegar a un acuerdo en el plazo de seis meses y a una nueva ley en dos años.
Diego FranceschMartes, 14 de junio de 2016
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Para cumplir con esos plazos, la “hoja de ruta” prevé convertir la Lomce en una “ley de transición, mientras se elabora una nueva, negociando algunas modificaciones o aplazamientos y comenzar inmediatamente la elaboración de una nueva Ley de Educación basada en ese pacto, capaz de dar estabilidad y eficacia a nuestro sistema educativo”.
“El pacto educativo debe implicar a numerosos agentes sociales”, dice el documento presentado el lunes, y “sería deseable que posteriormente diera lugar a una iniciativa parlamentaria”. “El número y la heterogeneidad de los participantes, y los elementos ideológicos que intervienen en un pacto educativo lo hacen especialmente difícil”, reconocen los impulsores de esta iniciativa. “Es evidente que nunca se logrará poner de acuerdo a todo el mundo, por lo que es inevitable que en un pacto haya ‘votos particulares’ en contra”, reconocen.

Equipo independiente
Por otro lado, los promotores de esta iniciativa señalan que como “una de las dificultades de los pactos es quién los inicia, creemos que sería conveniente solicitar a los partidos políticos que antes de las Elecciones se comprometan a solicitar al futuro presidente de las Cortes que constituya un ‘equipo de gestión del pacto’ eficaz, independiente y con los medios suficientes para poder organizar los debates, recoger y organizar la información”.

Ese ‘equipo de gestión’ tendría como objetivo “convocar a todos los agentes sociales, establecer una metodología adecuada y profesional, recoger las propuestas, organizarlas y evaluarlas según criterios públicos y transparentes”. Además, “informaría puntualmente a la ciudadanía de la marcha de los trabajos, de las diferentes posturas, para que todos los agentes participantes supieran que se encontraban sometidos a escrutinio público”.

Por otro lado y respecto a la metodología empleado por los promotores de este pacto, el documento previo presentado el lunes señala que se basa en un “metaanálisis de la documentación disponible, que en gran parte es el resultado ya elaborado de largos trabajos previos”.

Esta documentación se basa en “las conclusiones de numerosos grupos, como los que se convocaron durante la preparación de las diferentes leyes, las propuestas de pacto que elaboraron la Fundación Encuentro, el Colectivo Lorenzo Luzuriaga, el Foro de Sevilla, el que propuso el ministro Gabilondo y los pactos establecidos en diferentes comunidades (Cataluña, Canarias, Madrid, etc.)”.

También se apoyan en “decenas de encuestas hechas por organismos nacionales e internacionales, y por diferentes fundaciones”.
“La mejor manera de respetar ese trabajo –dice el texto presentado el lunes– es aprovechando sus conclusiones, y no empeñándonos en repetirlos una vez más”. “Además, no tenemos tiempo que perder”, añade el documento.

Por otra parte, esta “revisión documental –incluida la comparación de las propuestas de los diferentes partidos políticos– muestra que hay una serie de temas en los que existe un consenso bastante consistente, aunque de mínimos, lo que quiere decir que versan más sobre necesidades que sobre modos de satisfacerlas”, dice el documento, que especifica cuáles son esos puntos de coincidencia y aquellos que son puntos conflictivos.

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