Victoria Camps: La Educación debe incluir la formación moral del alumnado

No sé hasta qué punto un Pacto por la Educación es lo que realmente necesitamos. Si lo que se pretende es conseguir un marco de estabilidad y dejar de interferir con nuevas leyes en el sistema educativo, me parece correcto. Cualquier otra cosa, será sumar una ley más a las cinco que pesan sobre el sistema educativo. Ello no obsta para que reconozcamos la incapacidad de los partidos políticos de consensuar la Educación. Un consenso que debiera ser de mínimos porque los máximos son competencia de las comunidades autónomas.

He puesto de manifiesto más de una vez que, a diferencia de lo ocurrido con el sistema sanitario, el sistema educativo no ha conseguido ni los logros ni el prestigio de que goza en estos momentos la sanidad pública española. La cobertura universal en sanidad es valorada como tal por todos los ciudadanos. Cuando la dolencia es grave, todos saben que la atención privada no iguala a la pública. Con el sistema educativo es distinto. La escuela pública sigue siendo, con excepciones, la opción para quienes no pueden permitirse elegir una escuela concertada o privada.

Cuando se realizan reformas legislativas, es decir, cada vez que cambia el partido del gobierno, se procura incidir en algunas deficiencias evidentes. Por ejemplo, dar nuevos impulsos a la FP como vía más eficaz para disminuir el fracaso escolar. Pero lo que más ruido genera en los cambios legislativos son algunas cuestiones relativas a los contenidos. A saber, si la Religión debe ser o no materia evaluable dentro del currículum, si habría que unificar los libros de texto de las distintas comunidades autónomas, si es legítimo financiar a la escuela concertada que separa a niños y niñas. Son temas importantes, pero no son la raíz de las deficiencias del sistema.

Un Pacto por la Educación, a mi juicio, debería proponerse tres objetivos: recuperar el sentido etimológico de “educar”, frente al más limitado de enseñar una serie de disciplinas; proponerse en serio combatir el fracaso escolar; y revalorizar la profesión docente. En los tres casos, estamos hablando de principios éticos que deben tenerse en cuenta. Educar es formar moralmente a la persona, además de transmitir una serie de conocimientos; combatir el fracaso es una cuestión de equidad y de revisión del modelo de igualdad de oportunidades; y revalorizar la profesión es seleccionar a profesionales responsables, que estimen lo que hacen y se vean reconocidos socialmente por ello.

La Educación es un derecho que la Constitución define así: “Tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” (27.2). A continuación se añade que los padres tendrán libertad “para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones” (27.3). Este ha sido uno de los artículos más discutidos en democracia porque deriva de unos contratos con la Sante Sede que no deberían existir, y porque da a entender que la formación moral es subsidiaria de la confesionalidad de la familia, lo cual es inapropiado para un Estado aconfesional. En tales Estados debe regir una moral universal, la que vale para todos independientemente de sus creencias. Es esa moral o ética la que debe ser tenida en cuenta como parte del sistema educativo.

No creo que nadie ponga en duda que la Educación debe incluir la formación moral del educando si aceptamos que el objetivo es “el pleno desarrollo de la personalidad”. Ese pleno desarrollo incluye la formación moral y la formación intelectual, que son complementarias y transversales. Formar moral e intelectualmente significa inculcar ciertos conocimientos sobre el bien y el mal, sobre la condición de ciudadano, así como enseñar a pensar por uno mismo y a ser responsable de lo que se hace o se deja de hacer. ¿Qué significa ser libre en una democracia? Es tal vez la cuestión que mejor resume el conjunto de conocimientos y competencias que hay que inculcar y transmitir desde la perspectiva ética.

Dar ese sentido amplio a la Educación es complicado. Ponerlo en práctica choca con varios inconvenientes, de los que voy a destacar tres:

En primer lugar, se pone más atención en cambios técnicos, didácticos, destinados a enseñar mejor a leer, a motivar al alumno, a transmitirle curiosidad por la ciencia… Y la formación moral queda reducida a una asignatura más, poco importante. En el mejor de los casos, se llama “Educación para la Ciudadanía”.

Por otro lado, los dos agentes educativos fundamentales –familia y escuela– tienden a competir entre sí más que a colaborar. O a culparse mutuamente de la mala Educación de los menores.

Y, por último, la impotencia que embarga a los educadores –familia y escuela– ante la indiferencia del resto de agentes sociales con respecto a la Educación.

Victoria Camps
Filósofa y catedrática de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)