El Gobierno reformará la Lomce para suspender las “reválidas”

El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, anunció el pasado viernes una “modificación legislativa” de la Lomce con el fin de suspender los efectos académicos de las pruebas finales de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato.
RedacciónMartes, 8 de noviembre de 2016
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El ministro y portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes.

En su primera rueda de prensa como portavoz del nuevo Ejecutivo ha anunciado también que este mes convocará a las comunidades autónomas en una Conferencia Sectorial para tratar el tema y dar “tranquilidad” a los estudiantes que este curso deben realizar las citadas pruebas, particularmente los de Bachillerato, ya que ésta servirá de acceso a la universidad.

Méndez de Vigo aseguró que el jueves pasado firmó la orden para que se reúna la Comisión General de Educación, previa a la Sectorial de noviembre, con el fin de “dar tranquilidad a todos los estudiantes, especialmente los que tengan que hacer ingreso en la facultad”. Además, destacó que la nueva prueba final de Bachillerato va a ser “similar” a la Prueba de Acceso Universitario (PAU) y cuyas características quedarán reflejadas en una orden ministerial cuyo borrador ya adelantó MAGISTERIO en su edición del 26 de octubre.

Méndez de Vigo recordó que con el cambio legislativo respecto a los efectos académicos del calendario de aplicación de la Lomce “lo haremos próximamente”. El Gobierno cumple así unos “compromisos” que adquirió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la sesión de investidura.

El actual calendario de la Lomce fija que el próximo curso sería necesario aprobar las pruebas de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato para conseguir el título de Secundaria y de Bachillerato, respectivamente, aunque se hayan aprobado dichos cursos.

La modificación del calendario de aplicación responde a la petición al Gobierno desde diversos sectores para modificar ese calendario y que las pruebas finales de ESO y Bachillerato no sean necesarias para titular, es decir, que la primera sea solo de diagnóstico y la segunda solo para el acceso a la Educación Superior.

También se pondrá en marcha otro acuerdo hablado entre el PP y Ciudadanos y también con el PSOE para la creación de una subcomisión en la Comisión de Educación del Congreso para trabajar por un Pacto por la Educación, según apuntó el ministro de Educación. Ese pacto educativo es “un objetivo de la legislatura”, enfatizó Méndez de Vigo.

Insuficiente para el PSOE
Por su parte, el PSOE considera “completamente insuficiente” el anuncio del Gobierno, pues demanda un conjunto más amplio de modificaciones de la Lomce, como la prórroga de la selectividad. En una nota, el responsable de Educación de la gestora socialista, Francisco Ocón, reclamó la convocatoria de una Conferencia Sectorial para tratar con las comunidades estos asuntos y medidas educativas urgentes.

En este sentido, Ocón pidió la “prolongación” de la anterior Prueba de Acceso a la Universidad, pues supondría una medida de “tranquilidad” para el conjunto de la comunidad educativa.
“Méndez de Vigo no puede obviar la unánime oposición a un modelo como el de las ‘reválidas’ que, con valor académico o sin él, carecen de apoyo en el propio seno de la comunidad educativa por ineficaces e injustas”, argumentó el dirigente socialista.

Ocón reiteró la “enorme incertidumbre” que vive la comunidad educativa sobre esas pruebas como “consecuencia directa de la inacción e improvisación del propio Méndez de Vigo, incapaz de dar una solución coherente antes de empezar el curso”.

Por eso, los socialistas mantienen la demanda de suspender “inmediatamente” la aplicación del real decreto que regula esas evaluaciones y establecer una “moratoria” del sistema vigente hasta ahora de acceso a la universidad.

Temas pendientes
Otro asunto enquistado desde hace años, entre otros motivos por las dificultades presupuestarias, es la regulación de los derechos, las obligaciones y la carrera profesional del profesorado. Méndez de Vigo encargó un Libro Blanco de la Profesión Docente al pedagogo José Antonio Marina como base para comenzar el trabajo del Estatuto.

El profesorado también reclama la reversión de las medidas sobre horarios, ratios y cobertura de bajas por enfermedad del decreto ley de 2012 para la racionalización del gasto público en Educación.

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