La universidad es prioritaria
Por fin ha concluido la interinidad del Gobierno y el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy debe afrontar con decisión las cuestiones que preocupan a los ciudadanos y que, sin duda, exigen diálogo, negociación y pactos más allá de los vaivenes ideológicos.
Desde hace meses, el Gobierno en funciones, y más en concreto el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha alentado la llama de un Pacto de Estado por la Educación, que ahora se presenta como uno de los grandes compromisos del Ejecutivo en esta nueva legislatura.
Ese eventual pacto debe acoger bajo su protección a todo el sistema educativo. Y por tanto, a la universidad que vive entre el esfuerzo extraordinario de llevar a cabo su misión de la mejor forma posible y la lucha por superar el desánimo que produce la falta de recursos y, lo que es peor, la desconsideración de que es objeto por parte de los poderes públicos, que la someten a duros y constantes recortes y a permanentes dudas sobre su actividad, con una escasa visión de futuro.
El informe La Universidad Española en cifras que cada año elabora CRUE Universidades Españolas realiza una completa –podría decirse exhaustiva– descripción de la situación de nuestros campus en toda su dimensión. Es verdad, como ha afirmado el presidente de CRUE, Segundo Píriz, que la crisis se mantiene todavía en la mayoría de las universidades, porque los recursos siguen siendo escasos y las condiciones de trabajo, difíciles. Por ello, tiene más mérito el hecho de mejorar los resultados, la productividad, como se evidencia en el citado análisis. Otra prueba de esa superación de las dificultades es la presencia, aunque sea menor, de instituciones españolas en los rankings internacionales. Pero es un mundo de luces y sombras porque la descapitalización de los centros, la pérdida de talento o la disminución del número de alumnos por problemas económicos conviven con los brotes verdes que florecen entre la aridez.
La situación es susceptible de mejora, pero nadie puede caminar solo y, sin unas mínimas condiciones, el desencanto puede adueñarse definitivamente de los centros y la recuperación tornarse en un acto heroico por parte de todos los actores de la vida universitaria. Son muchos los ámbitos necesitados de cambio para emprender el camino hacia un horizonte claro y seguro. Y son parte fundamental de la negociación para librar a la universidad de tempestades. Además, el tiempo apremia porque el tiempo perdido es ya demasiado.
Las universidades deben ser oídas y escuchadas en este proceso. ¿Qué piden quienes tienen en sus manos la dirección y la concreción de una nueva reforma superior?
La comunidad universitaria esboza desde hace tiempo la concreción y el alcance de las medidas para la reforma: financiación, cambio de modelo de gobierno de los campus (gobernanza), internacionalización, nuevas carreras… Eso sí, todos coinciden en que la autonomía es un principio esencial en el que debe asentarse cualquier reforma, pero una autonomía responsable y dirigida a actuar con flexibilidad y eficacia, no con «libertinaje» y descoordinación.
El gran desafío para alcanzar la excelencia, porque sin recursos es difícil hacerlo, es garantizar un sistema de financiación que asegure unos mínimos y que permita a las universidades recibir recursos externos de acuerdo con la función social que cumplen, con el compromiso de rendir cuentas a la sociedad. Las fórmulas pueden ser imaginativas y variadas; la financiación por objetivos es un argumento que gana cada vez más peso. En este contexto debe fortalecerse la conexión y colaboración entre la universidad y la empresa, entre los campus y su entorno social. Asimismo, urge una regulación del sistema de tasas y becas equitativo y justo para que nadie quede fuera de los estudios superiores por motivos económicos.
Otro capítulo que exige una revisión urgente es el del profesorado. Las universidades se están descapitalizando y las tasas de reposición ha supuesto un duro golpe. Plantillas envejecidas y jóvenes docentes que no pueden acceder a las plazas lesionan la calidad. Es una cuestión delicada pero desde las propias universidades se apuesta por introducir nuevos sistemas de contratación y de evaluación del profesorado y por crear incentivos que impulsen la calidad.
En cuanto a la nueva oferta de titulaciones, se cuestiona el papel de la Aneca. La agencia recibe también críticas por su papel en la acreditación del profesorado, que, cuando menos, ralentiza la renovación de las plantillas.
En definitiva, las universidades necesitan un cambio en profundidad para mejorar y todas están dispuestas a afrontarlo pero necesitan del apoyo adecuado y razonable de quienes tiene la misión de velar por la Educación desde los poderes públicos.