El pacto educativo puede ser un error

En Educación vamos mal
Que nuestro sistema educativo no funciona lo demuestran los resultados de nuestros alumnos en las pruebas internacionales, por ejemplo, en las pruebas PISA, que se hacen cada tres años. Desde la primera, que se hizo en el año 2000, hasta la del año 2012, el conjunto de los alumnos españoles no aprobaron en nada, es decir ni en lengua, ni en matemáticas, ni en ciencias. Solo en la prueba de 2015 llegaron al aprobado raspado en lengua y en ciencias, pero no en matemáticas. Son unos resultados penosos, si tenemos en cuenta que los recursos económicos que se dedican a la enseñanza son superiores a los que se dedican en otros países que obtienen mejores resultados. Pese a ello, en España se ha mantenido básicamente el mismo sistema educativo, mientras que en otros países, que también tuvieron malos resultados en el año 2000, como Alemania, Portugal, Polonia o Rusia, se reaccionó, se introdujeron los cambios necesarios y ahora ya están entre los mejores.

Nuestro sistema educativo ha generado que tengamos el doble de abandono escolar que la media de la Unión Europea (UE), concretamente el 18,5% de nuestros jóvenes de 18 a 24 años no sigue estudiando después de la ESO, mientras que en la UE es el 10,7%. Además, también ha generado que tengamos un 22,8% de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los llamados “ninis”, mientras que la media de todos los países de la OCDE es el 14,5%.

¿Y por qué vamos tan mal?
La principal causa del fracaso de nuestro sistema educativo es que nuestros alumnos de enseñanza obligatoria (Primaria y ESO) no se sienten motivados a estudiar, porque ven que ello no es necesario para pasar de curso, y porque obtener una nota alta al final de la ESO no sirve para casi nada. Esto se debe a que los centros se ven obligados a promocionar de curso a bastantes alumnos que no han llegado al aprobado, porque si lo hicieran estos se irían a otros centros más permisivos y ellos deberían cerrar. No son los alumnos los que fallan, porque en esas condiciones, la mayoría de nosotros a su edad haríamos lo mismo, ni los centros, porque nadie quiere quedarse sin trabajo, es el sistema el que falla, al no establecer ningún control externo.

La segunda causa del fracaso de nuestro modelo educativo radica en que no ofrece a los alumnos de 14 o más años la posibilidad de elegir entre dos o tres opciones educativas, para seguir aquella que más se adecue a sus capacidades e intereses de futuro. Por el contrario, les obliga a estar todos juntos en la misma aula, estudiando las mismas cosas hasta los 16 años, o hasta los 18 años en el caso de los repetidores. Mantener juntos a los que, por ejemplo, quieren ponerse a trabajar ordenando alimentos en una tienda a los 16 años, con los que quieren estudiar un Bachillerato para luego ser ingenieros, es un auténtico disparate, es un modelo educativo que desatiende a unos y a otros y que exige un sobresfuerzo inútil al profesorado. Además, esta situación implica tener que rebajar los niveles de exigencia para posibilitar que todos los alumnos puedan promocionar juntos al curso siguiente.

Con frecuencia se apunta que lo que falla es la formación del profesorado, pero esto no es cierto, porque también los profesores con mucha experiencia docente tienen problemas de comportamiento en sus clases y también sus alumnos obtienen bajos resultados. El problema no son pues los profesores sino el sistema. Pongamos un ejemplo: imagínese que en una ciudad se cambia toda la ordenación del sistema de tráfico y que entonces empieza a haber muchos problemas. ¿A alguien se le ocurriría decir que la causa de estos problemas es que la gente no sabe conducir? ¿No será que lo que falla es la nueva ordenación? Una cosa que generalmente pasa desapercibida es que quienes más defienden que la causa del problema es la mala preparación del profesorado, son justamente aquellos que obtienen muchos beneficios ofreciendo cursos de formación para el profesorado. ¿Pura coincidencia?

Hay soluciones pero no se quieren aplicar
Hay una solución que se ha propuesto a todos los partidos políticos con responsabilidad de gobierno, desde hace muchos años, pero que no han querido aplicar. Unos, porque iba en contra de sus principios ideológicos, de que todos somos iguales y que, por tanto, todos hemos de estudiar lo mismo. Otros, por miedo a las protestas callejeras de los anteriores y, también, de los sindicatos de alumnos y de profesores. Y otros, porque no les convenía para poder seguir con sus objetivos secesionistas.

La solución consiste en establecer una evaluación externa al final de la enseñanza secundaria obligatoria (ESO), que tenga valor académico, es decir, que sea necesario aprobarla para pasar a la etapa siguiente. Esta evaluación debería presentar dos modalidades, según el alumno quiera acceder a la FP o al Bachillerato. Si se estableciera dicha prueba, los alumnos verían que sí es necesario esforzarse para aprobar, los profesores se verían apoyados en su exigencia de alcanzar un mínimo para conseguir el aprobado, y los centros conocerían en qué cosas han de mejorar o persistir. Además, al existir dos modalidades de evaluación final de ESO, aumentaría el número de alumnos que aprobarían la ESO y querrían seguir estudiando, sin necesidad de rebajar los niveles académicos a todos.

Esta evaluación ya existe, está recogida en la ley actual, la Lomce, aprobada en 2013, y se hubiera debido realizar por primera vez el mes de junio de este año. Sin embargo, el ministro Íñigo Méndez de Vigo ha congelado su aplicación, ante las protestas de varios sindicatos de alumnos y de profesores; y de las peticiones de varios consejeros autonómicos de Educación y de algunos partidos políticos. Es comprensible que haya alumnos de ESO que no quieran tener que superar una evaluación final externa que antes no existía, y también que algunos centros tampoco la quieran, ya que podría ser que parte de su alumnado no la superase. Es igualmente comprensible, por el mismo motivo, que tampoco interese a los consejeros de Educación autonómicos. Sin embargo, también hay muchas otras medidas que son molestas para los ciudadanos y que, pese a ello, se aceptan, ya que sin ellas los problemas se multiplicarían. Por ejemplo, la necesidad de aprobar una examen para poder conducir un coche, o tener que llevar el vehículo periódicamente a una revisión técnica para que pueda circular, o la existencia de límites de velocidad en las carreteras y de sanciones para los que no los respetan, o la obligación de hacer la declaración de la renta cada año, etc.

Si en todos los sectores de la actividad humana la Administración realiza controles e inspecciones, es una anormalidad que en la enseñanza obligatoria, la que cursan todos los ciudadanos y a la que se dedica una elevada parte del presupuesto del país, el Gobierno de España no se atreva a hacerlas, a pesar de que sabe que son imprescindibles para poder garantizar a las familias que las notas que dan los centros reflejan realmente los conocimientos adquiridos por sus hijos, y que se les enseña lo que realmente deben aprender y no otras cosas, que con frecuencia son las que le interesan al partido político que gobierna en su comunidad autónoma.

Sin reválidas hay paz, pero no hay mejora
Desde que el señor Méndez de Vigo fue nombrado ministro de Educación, su objetivo ha sido conseguir la paz en el sector, algo muy positivo pero, lamentablemente, el camino que ha seguido ha sido abandonar la defensa de la cultura del esfuerzo y abandonar la necesidad del control de los resultados. Es evidente que así no se van a solucionar los problemas que tenemos.

En la Conferencia Sectorial de Educación del lunes 28 de noviembre de 2016, el ministro Méndez de Vigo y los consejeros autonómicos de Educación acordaron un periodo transitorio hasta llegar a un Pacto Social y Político por la Educación. Desde entonces el ministro ha permitido que, en las evaluaciones de 6º de Primaria, las consejerías de Educación puedan excluir a los alumnos que van peor. Contra esta medida ya se ha manifestado el Consejo Escolar del Estado, porque considera que puede alterar el conocimiento real de la situación. En una encuesta realizada en el periódico MAGISTERIO, también se han manifestado en contra el 88% de los votantes.

En la ESO, el ministro ha pasado de decir que las evaluaciones externas finales de etapa se debían hacer porque, según él, “un sistema que no se evalúa se devalúa”, a sencillamente retirarlas. Es más, en lugar de mantener que los alumnos tengan que llegar a un 5 para aprobar la ESO, como establece la Lomce, ha propuesto que se pueda aprobar con menos de 5 puntos y dos asignaturas suspendidas. En otra encuesta, realizada también por MAGISTERIO, un 91% de los votantes está en contra de este criterio, porque va en contra de la cultura del esfuerzo. Es evidente lo que está haciendo el ministro en su afán de contentar a todos los que tienen miedo de quedar mal. Parece mentira que, en un momento en que todos los partidos están de acuerdo en que hay que establecer más controles para evitar la corrupción política, en la enseñanza se pongan de acuerdo para que no haya ninguno. Solo los partidos dispuestos a aplicar las medidas necesarias son creíbles en sus otras promesas.

En Bachillerato, el ministro ha pasado de mantener que se deba aprobar una evaluación externa para obtener el Título de Bachillerato, la denominada Evaluación Final de Bachillerato (EvAU), a dejar que sea cada centro el que lo dé, sin aplicar la competencia que sobre ello tiene el Ministerio. Además, en lugar de mantener que la EvAU, la prueba que substituye a la PAU, sea común a todo el sistema educativo español, ha permitido que sigan siendo las universidades de cada autonomía las que la hagan, pese a que estas tengan un interés particular en hacerse con el máximo de alumnado, y pese a que un alumno puede acceder a una universidad de otra comunidad autónoma si alcanza la nota de corte de esta, aunque la exigencia de la PAU en su comunidad de origen sea inferior a la que se realiza en la comunidad de destino. Nada está quedando del ansia del PP por mejorar la enseñanza.

Sorprendentemente, la causa última de todo este desaguisado que está permitiendo el ministro de Educación es que la UE ha decidido que en el año 2020, en todos los países, ha de haber un 85% de jóvenes con el Bachillerato o con la FP acabada, para convertir así a Europa en el “referente mundial de la sociedad de la cultura y la inteligencia”. Un objetivo muy loable, si no fuera porque se ha propuesto sin establecer ningún control para comprobar si los países dicen la verdad o no. Esto es un auténtico disparate, ya que si ni los padres pueden decidir lo que harán sus hijos en el futuro, menos lo puede hacer la Comisión de Educación de la UE con todos los millones de jóvenes que hay. Además, proponerles a los ministros de Educación de todos los países unas metas muy difíciles de conseguir, pero cuya consecución se puede falsear fácilmente, es una incitación evidente a la corrupción. Es otro tema por rectificar en Europa, si realmente se quiere ayudar a todos los ciudadanos y no solo a sus gobernantes.

La situación está empeorando
Cuando un sistema se mantiene, pese a que los resultados son negativos, estos no solo persisten sino que empeoran. Actualmente, en la Primaria y en la ESO, como los alumnos saben que las evaluaciones externas no influyen en sus notas, porque solo son de diagnóstico, siguen sin esforzarse y sus profesores cada vez pueden enseñar menos y con menor nivel. Ante tantos malos resultados y tanto desinterés del alumnado por aprender, muchos partidos y responsables educativos han optado por cerrar la herida en falso, sin cambiar las causas de fondo, y, en muchos centros, en lugar de cursar asignaturas, ya han optado por organizar actividades educativas en equipo, en las que los alumnos se lo pasen bien. Sus defensores insisten en que así se puede aprender todo, sin necesidad de libros, sin exámenes y casi sin esfuerzo. Evidentemente, estos centros se niegan a que haya evaluaciones externas obligatorias con valor académico. Es un mundo feliz, en el que no se aprende lo que se debería, por lo que después esos alumnos no estarán preparados para acceder al Bachillerato, ni a la FP, ni tampoco al mundo laboral. Y, al no de­sarrollar ni capacidad de esfuerzo ni de voluntad, caen fácilmente en actividades placenteras que les perjudican. En los últimos 20 años se ha duplicado el número de jóvenes que se emborrachan el fin de semana, ha aumentado el consumo de marihuana en adolescentes y jóvenes hasta un 22%, ha aumentado el acoso escolar que ya presenta un 3,8% de víctimas, y han aumentado los embarazos no deseados en adolescentes. Ante todos esos problemas nuestros gobernantes dicen que la solución está en la Educación. Es verdad, pero no es en este tipo de Educación exento de esfuerzo y de preparación para la vida de adulto.

El peligro de un mal pacto por la Educación
Actualmente existe una Subcomisión en el Congreso de los Diputados, que se reúne casi cada semana, para intentar llegar a un pacto entre todos los partidos políticos sobre las características que debería tener una nueva ley de Educación. El pacto implica el compromiso de mantener dicha ley aunque cambie el partido en el gobierno, con el fin de dar estabilidad al sistema. Aunque no se ha dicho, se entiende que ha de durar, como mínimo de 15 a 20 años. Esto parece un aspecto muy positivo contra el que nadie podría estar en desacuerdo. Sin embargo, no debiera ser así, porque si el sistema educativo que se acuerda no es bueno, no se podrá cambiar durante todos esos años. O sea, que el deseado pacto por la Educación puede ser una trampa en la que podrían caer quienes hasta ahora han intentado mejorar el sistema que tenemos. Por ello, si el pacto no es para conseguir un sistema que mejore el rendimiento académico de nuestros alumnos, y eso solo se puede conseguir si en él se incluyen las evaluaciones finales de ESO con valor académico, es mejor que no llegue a firmarse.

Antonio Jimeno es el presidente del sindicato AMES