PP y C’s tumban la ley de Podemos y permiten concertar Bachiller y FP en Murcia

Ya hay 194 solicitudes de conciertos para Bachillerato y Formación Profesional para el próximo curso.
RedacciónMartes, 6 de junio de 2017
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PP y Ciudadanos tumbaron la semana pasada la proposición de ley de Podemos para derogar la orden de la Consejería de Educación que permite ampliar la concertación a Bachillerato y FP, por lo que el próximo curso entrará en vigor que haya centros concertados en estos niveles no obligatorios, para los que ya hay 194 solicitudes.

La formación naranja ha decidido retirar su enmienda a la totalidad, que presentaba un texto alternativo al propuesto por Podemos, y apoyar la debatida por el PP, en la que se instaba a que no prosiguiera el texto del partido morado por considerarlo inconstitucional y no responder al principio de libertad de elección.

La consejera de Educación de Murcia, Adela Martínez-Cachá, aseguró que esa norma “no perjudicará a los centros públicos ni supondrá despidos de docentes”. Durante su intervención en el pleno de la Asamblea Regional de Murcia, valoró que la enmienda a la totalidad del PP, apoyada por C’s, provocó que hubiera “luz, sol y colores” en la Región porque “se pone de manifiesto que todos los padres tienen derecho a elegir” centro.

Asimismo, lamentó que esa orden, que amplía también de 4 a 6 años los conciertos de Primaria y Secundaria ya vigentes y que se aplicará el próximo curso, haya sido “demonizada por los que creen en la Educación única” y defendió que la Concertada “no es subsidiaria, sino complementaria” de la Pública. Cachá detalló que se trata de aportar “estabilidad” al funcionamiento de los centros concertados que eligen 75.000 familias en la Región, y en los que trabajan 5.000 docentes.

Complementariedad
En este sentido, la nueva orden establece el procedimiento para aplicar el régimen de conciertos entre los cursos 2017-18 y 2022-23 en la enseñanza concertada “con unos criterios de valoración justos y racionales que garantizan en todo momento la complementariedad con la Pública”. Para ello, la Consejería establecerá los criterios de acceso a posibles conciertos educativos de unidades de Bachillerato y FP, que se basan en la existencia de necesidades de escolarización y demanda social.

Sin embargo, desde Ciudadanos, el diputado Juan José Molina consideró “innecesaria” la orden porque “no la ha reclamado nadie y con una justificación escasa”, ya que, en su opinión, no aparecen los criterios que seguirá la Consejería para otorgar los conciertos.

El diputado de Ciudadanos aseguró que su grupo no apoyará los presupuestos de 2018 si incluyen partidas para concertar líneas de FP y Bachillerato en base a la orden, salvo las escasas que estima que puedan estar justificadas para cubrir una demanda puntual. “Cuidado con dar conciertos sin tener dinero porque pueden rozar la prevaricación al aprobarlos sin saber que no pueden pagarlos”, concluyó.

Por su parte, el portavoz del PP, Víctor Martínez atacó la proposición de ley de Podemos amparándose en que el informe de los servicios jurídicos de la Asamblea Regional advertía de que el texto es “inconstitucional e ilegal”, al tiempo que abogó por una orden que ahonda en la libertad de elección.

El defensor del articulado, Óscar Urralburu –de Podemos–, criticó especialmente a Ciudadanos por permitir que entre en vigor la orden que propiciará el despido de 360 profesores de la Pública en los dos próximos años. Urralburu tildó de “intolerable” que la Consejería vaya a gastar 93.000 euros por unidad concertada en Bachillerato y otros 100.000 en cada aula de FP tras ocho años de “recortes en infraestructuras, derechos y nóminas”.

Finalmente, la diputada del PSOE, Choni Ludeña, censuró la orden de la Consejería porque la Educación pública permite dar respuesta a la demanda de la enseñanza no obligatoria y porque entrará en vigor sin tener un mapa escolar que defina las necesidades de los municipios.

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