Madrid aprueba el proyecto de la Ley de Universidades tras el visto bueno de los rectores
La Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de la nueva Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior a través de la cual se pretende impulsar la competitividad nacional e internacional de las universidades madrileñas. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al texto definitivo que se remitirá a la Asamblea de Madrid para su tramitación y posterior puesta en marcha.
Según destacó tras dicha reunión la presidenta regional, Cristina Cifuentes, el proyecto sale adelante tras más de 60 reuniones con los rectores de las universidades públicas y privadas, con los sindicatos, representantes estudiantiles y partidos políticos, entre otras entidades. El texto “viene con el visto bueno de los rectores de todas las universidades públicas” y ha tratado de buscar “el mayor consenso posible”, indicó al respecto en rueda de prensa.
Primera ley universitaria
La Lemes ha formado parte del calendario político desde el inicio de la legislatura. De hecho, según recuerda el Ejecutivo, la región madrileña es la única comunidad autónoma con un gran sistema universitario que no contaba hasta el momento con una regulación específica al respecto.
Según Cristina Cifuentes, para quien “Madrid necesita una ley de universidades como tienen otras comunidades”, se trata de “una ley buena, así lo creen los rectores y queremos que el resto de los partidos se sumen”.
La nueva Ley dotará a los centros de herramientas adecuadas para mejorar y potenciar los cuatro pilares en los que se basa la actividad universitaria: docencia, investigación, innovación y transferencia de conocimiento.
Doble vía de financiación
Según el Ejecutivo, el proyecto impulsará la competitividad nacional e internacional de las universidades mediante la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación basado en criterios que promuevan la excelencia.
El nuevo modelo tendrá dos vías de financiación. En primer lugar, una básica destinada a cubrir los costes de funcionamiento de los centros y, en segundo, una variable que se dará en base a unos parámetros cuantificables.
Aún no se sabe cuál será el porcentaje de la parte variable, pero Cifuentes garantizó que el importe fijo “cubrirá los gastos básicos, lo que necesitarán las universidades para funcionar”, según criterios objetivos como su tamaño, número de estudiantes y profesores, titulaciones impartidas.
Respecto a la variable, el Ejecutivo pretende incentivar la adopción de mejores prácticas internacionales, una mayor competitividad de los centros, la apertura al exterior y una mejora en la calidad del sistema universitario.
En este sentido, en el reparto de las partidas se tendrán en cuenta criterios que puedan evaluar la investigación, la docencia y la transferencia de conocimiento universitario.
Estos criterios estarán basados en objetivos cuantificables y evaluables, como el número de publicaciones, el impacto de las mismas, la tasa de éxito de las titulaciones, el uso de nuevas metodologías docentes, la adopción de buenas prácticas internacionales, la capacidad para captar fondos para proyectos de investigación, la internacionalización o la atracción de estudiantes extranjeros, entre otros muchos aspectos.
Según matiza el documento, la base de esta financiación variable serán contratos-programa establecidos de mutuo acuerdo entre las universidades y la propia Comunidad de Madrid.
Docentes y alumnos
Además de las novedades en relación a la financiación, la Lemes incluye medidas concretas para empoderar tanto a docentes como estudiantes. Por un lado, se apuesta por favorecer y promover la movilidad del profesorado a través de convocatorias de plazas más competitivas, con el objetivo de retener el talento con el que cuentan las universidades y atraer a nuevos profesores e investigadores de prestigio, asegura el Ejecutivo. Para ello, se flexibilizarán y agilizarán los mecanismos de selección actualmente existentes permitiendo que se pueda reclutar con mayor facilidad a profesionales de reconocido prestigio.
Por otro, el proyecto contempla la constitución del Consejo de Estudiantes Universitario, un órgano de representación y participación estudiantil. Asimismo, se fomentará la evaluación del profesorado mediante parámetros de docencia, cuestión que se tendrá en cuenta en la elaboración de los indicadores de calidad de las universidades.