“Estamos titulando sin exigir lo mismo en unas comunidades frente a otras”

El diálogo es la principal constante que Rafael van Grieken, consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, ha intentado instaurar desde que aterrizó en el cargo al inicio de la legislatura. En MAGISTERIO hemos tenido la oportunidad de conversar con él sobre las diferentes iniciativas que se gestan en la región y que afectan de pleno a la comunidad educativa madrileña.

¿En qué punto se encuentra el acuerdo regional educativo?
Llevamos mucho tiempo trabajando y acabamos de presentar el tercer borrador. En función de todas las opiniones que vayamos recabando, queremos ponerlo en marcha cuanto antes. Es difícil decir una fecha, pero no deberíamos estar pasando de principio del próximo año ya que hay muchas cuestiones que se tienen que aplicar este mismo curso.

¿Cuáles son los puntos que más han retrasado el acuerdo?
Cualquier acuerdo educativo es de mucha complejidad, ya que hay muchos actores implicados y muchas sensibilidades, desde los sindicatos a la patronal de la enseñanza concertada. No obstante, hay que distinguir el acuerdo regional del pacto a nivel nacional. Noso-tros no buscamos un pacto sino que hablamos de actuaciones concretas cuya mezcla pueda dar las diferencias entre los resultados académicos de unas comunidades y otras. Con la misma ley educativa se puede estar haciendo una cosa y otra. Por eso, buscamos ese mínimo común denominador de cualquier política educativa de Madrid, independientemente del partido que gobierne. En estos meses nos han exigido poner tiempos y presupuestos, algo que hemos incluido en la última versión.

¿De cuánto dinero estamos hablando?
Hemos puesto encima de la mesa 855 millones de euros, distribuidos durante los próximos tres cursos escolares. Es una cantidad muy importante que requiere negociación. Creo que hemos encontrado un denominador común, que es lo suficientemente aséptico, ya que no son las actuaciones concretas del PP ni lo serán del PSOE. Eso no significa que todos vayamos a estar de acuerdo en todas las medidas, pero sí tiene un consenso razonable, es lo que necesitamos.

Los sindicatos se han quejado del frenazo que se ha dado el acuerdo sectorial, cuyo preacuerdo se cerró el pasado junio, ¿qué falta por concretar?
Un acuerdo educativo implica mejoras en el sistema educativo, por lo tanto, hablar de esto es también hablar de mejoras de las condiciones laborales de sus profesores. Las organizaciones sindicales nos pidieron negociar ese acuerdo sectorial desacoplado del regional y así lo hicimos. Ha habido un momento en el que ha confluido, pero no deja de ser un preacuerdo que eleva al Consejo de Gobierno. Hasta que no se toma la decisión en este órgano no se convierte en acuerdo. Se trata de un tema prioritario para el mundo educativo pero también los hay en otros sectores, por lo que dependiendo del grado de apoyo que tenga un determinado acuerdo se prioriza más o menos en el Consejo de Gobierno. Es algo que entienden los sindicatos, independientemente del mensaje que luego manden. Tener una mejor Educación no es invertir más, es invertir más en aquello que realmente necesitas, y eso es lo que algunos no entienden.

Desde el primer momento han hablado de acuerdo y no pacto, ¿este sería el camino que debería seguir el gobierno central?
Es difícil dar lecciones, ya que es un tema complejo como para extenderlo a la sensibilidad de las diferentes comunidades autónomas. Lo que sí recomendaría es el papel del Consejo Escolar, ya que es el lugar en el que está representada la comunidad educativa. Por supuesto que necesitamos una ley educativa pero con la misma norma tenemos realidades muy diferentes en las CCAA, me tendría que dar que pensar. No todo es la ley educativa, en muchas ocasiones es cómo la aplican los gobiernos regionales. Ni tampoco es todo inversión, hay alguna comunidad autónoma que tiene una inversión por alumno estratosférica, comparada con otras, pero sus resultados educativos están siendo más allá de mediocres.

¿Recomendaría apartar los temas más ideológicos del debate?
No tiene sentido que el punto de partida sea hablar de la religión o la Educación diferenciada. ¿Es ese el problema relevante o da como resultados las diferencias que existen entre las comunidades autónomas? Sinceramente no. Tenemos que arrancar de aquellos aspectos en los que tenemos constancia que sí repercuten directamente en la calidad. No digo que el resto no sean problemas, pero no son los prioritarios ahora mismo.

Ha hablado de los resultados entre las diferentes comunidades pero, sin embargo, el nivel de titulación es similar en todas. ¿Tienen los títulos distinto precio en función de la región del alumno?
Si me tengo que remitir a informes internacionales como PISA o Timms, aunque no hay mucha diferencia en las tasas de graduación, sí las hay entre regiones que pueden llegar incluso a un curso académico. Estamos titulando sin exigir lo mismo en unos sitios que en otros. Creo que necesitamos homogeneidad desde el punto de vista de la titulación, debemos tener un nivel de exigencia más o menos homogéneo. Tenemos que ponernos de acuerdo para no tener esa percepción social, que cada día es más evidente, de que no cuesta lo mismo obtener un nivel académico en unas comunidades y otras.

¿Tiene ventaja un estudiante andaluz a la hora de obtener plaza en una universidad de Madrid sobre un estudiante madrileño?
Si esa prueba no se hace con el mismo rigor y nivel de exigencia en todas las comunidades autónomas influirá en la nota de corte, que es lo que te marca a la hora de obtener plaza en una titulación u otra. Si en algunos sitios esa nota ha sido más ‘barata’, los alumnos tendrán mejores notas y, por lo tanto, más probabilidades de cursar la carrera que realmente quieren. En ese caso tendrían ventaja y es algo que está ocurriendo y, de hecho, ya tenemos quejas de asociaciones de alumnos que están abogando por una mayor homogeneidad en la prueba de acceso universitario.

Cambiando de tema, la región está muy concienciada con su apuesta por la convivencia, ¿qué medidas se han implantado?
Estoy más satisfecho por la cantidad de iniciativas que se han puesto en marcha que por los resultados, de los que también lo estoy. Entre todos estamos consiguiendo que la percepción del acoso escolar deje de ser ese problema que está ahí y ya se solucionará solo a considerarse problema de todos. Para eso, hemos puesto en marcha muchas medidas imprescindibles, muchas de ellas ligadas directamente con la prevención, que implica necesariamente formación, tanto a los profesores como a las familias. Además, hemos desarrollado un nuevo protocolo en el que se incluye todo lo que tienes que hacer en cada una de las circunstancias. Por último, apostar por la sensibilización. Concretamente, en esta segunda edición hemos incidido en la empatía con una campaña que no está dirigida tanto a acosadores y acosados sino a los testigos. En cuanto haya un niño en esa clase que defiendan, hemos roto el principio del acoso.

La Comunidad de Madrid ha aprobado recientemente un programa de préstamo de libros de texto que está preocupando a los colegios, ¿cómo se va a gestionar?
Los colegios están preocupados pero nosotros también. Precisamente, esa preocupación nos está acelerando y estamos trabajando tan intensamente como somos capaces. Aunque es una ley relativamente sencilla es compleja de aterrizar en los centros, hacerla realidad no es tan fácil. Por ello, estamos trabajando para dar la mayor información a las familias y equipos directivos cuanto antes. Madrid tenía un sistema de préstamo de libros y esta ley supone universalizar ese programa. No hablamos estrictamente de gratuidad, ya que para entrar tienes que dar los libros que hayas comprado con anterioridad. Un proyecto de ley necesita de una memoria económica y una serie de filtros legales, que las leyes que se plantean en la Asamblea no tienen. Esta ley se ha aprobado sin esa memoria económica, con las implicaciones que tiene en los impuestos de los madrileños. Es algo que se tendría que plantear en la Asamblea, hay que tener la responsabilidad de lo que significa poner en marcha una ley.

Coloquialmente hablando, ¿es un golazo de C’s?
Para nosotros no era una de las prioridades en el ámbito educativo, por eso no tuvimos esa iniciativa. Seguimos creyendo que con la iniciativa de préstamo de libros anterior estábamos llegando a quien realmente lo necesitan. Haber incrementado el umbral de quien puede percibir esas ayudas del sistema anterior hubiera sido más que suficiente. Nuestro mandato es poner en marcha esa ley en septiembre del próximo año y así lo vamos a hacer, pero estamos tratando de salvar una situación que no es nada fácil.

¿Cuándo tendrán los centros la normativa y cuánto va a costar a las arcas públicas?
Intentaremos que sea cuanto antes, si no es a finales de año será al inicio de 2018. Ya estamos preparando reglamentos e instrucciones para poder aplicar la ley. Es complicado decir una cifra exacta pero va a costar varias decenas de millones de euros. La ley te obliga a comprar aquellos libros de los primeros cursos. Puede ser una buena noticia para las familias, ya que a todos nos viene bien un cierto ahorro, pero creo que no se han medido bien las repercusiones que tiene una ley de estas características.

¿En qué han quedado los conciertos de FP Superior?
Este año hemos llegado a un acuerdo para recuperar los conciertos de los 11 centros que fueron suprimidos. Hemos encontrado predisposición por parte de los centros para no llegar al concierto que teníamos hace cuatro años, ya que las cosas han cambiado y las demandas son diferentes. Nuestra idea es continuar por esa línea aunque las becas también tienen su público y llegan a más de 9.000 beneficiarios. Debemos ir calibrando y viendo la posibilidad de entrar en negociaciones con aquellos ciclos que nos interesen para algún convenio más que se pueda establecer.

¿Hablamos más de vía convenio que concierto?
Eso es, para nosotros es muy importante la demanda que haya con respecto a algunos ciclos. Con algunos centros, por las características de sus ciclos, no tendremos ningún problema en hablar con ellos pero habrá otros que por su oferta no será así. No es tanto recuperar aquello que teníamos sino equilibrar oferta y demanda. Se tendrá en cuenta la distribución territorial que tengan, las características de los ciclos, su inserción laboral o la propia demanda del sector productivo.

Por lo tanto, van a tratar de pasar de un modelo de derecho adquirido a uno más competitivo…
Los alumnos y las empresas demandan ciertos ciclos, lo que tengo que hacer en conveniar ahí, no concertar de una manera genérica. Formarse es bueno a todas las edades pero como Administración tengo que priorizar el dinero público en unos ciclos y no en otros. Al final, entendemos hacer política como priorizar nuestras actuaciones. Creo que estamos haciendo muy buena labor de diagnóstico sobre lo que están demandando las empresas, ajustando la oferta a la demanda, desde la perspectiva de la parte educativa y la FP como de la Formación para el Empleo, insistiendo mucho en la FP dual.