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Madrid propone que los alumnos con NEE severas estén en centros ordinarios

RedacciónMiércoles, 25 de julio de 2018
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Los padres y madres, junto a directores y profesorado de los colegios de Educación Especial de la Comunidad de Madrid, han iniciado una campaña de recogida de firmas para lograr que las propuestas legislativas tramitadas en la Asamblea de Madrid respeten el derecho de elección de las familias y la existencia de los colegios específicos de Educación Especial.

Los titulares y directivos de los centros de Educación Especial pertenecientes a Escuelas Católicas de Madrid han mantenido una reunión urgente para analizar las dos proposiciones de ley que han comenzado a tramitarse en la Asamblea de Madrid. Ambas propuestas, una a partir de una iniciativa popular y la segunda planteada por el grupo parlamentario de Podemos, pretenden imponer la escolarización de la totalidad del alumnado con necesidades educativas específicas en centros ordinarios, lo que supondría la desaparición de los actuales colegios públicos y privados específicos de Educación Especial.

Según se ha manifestado durante la reunión, «el clima de nerviosismo y contrariedad entre las familias es enorme, en tanto aprecian que esta iniciativa les niega su derecho a elegir tipo de centro en el que puedan escolarizar a sus hijos», señala Escuelas Católcias en un comunicado. En tal sentido, indican que las familias «exigen que se respete su derecho a escoger centros específicos con una vocación, medios, tradición y profesionalidad que aseguran una calidad pedagógica y emocional que no está garantizada en otro tipo de centros». Añaden, además, que la Educación Especial «atiende a la diversidad, en coherencia con lo deseado por los padres, y en ningún caso fomenta la discriminación de alumnos. El que discrimina es aquel que niega la libertad de elegir lo mejor para sus hijos”.

Por tal motivo, y respondiendo a la demanda de las propias familias, se ha iniciado una campaña de recogida de firmas para hacer ver a los grupos parlamentarios, al propio gobierno de la Comunidad de Madrid, y a la sociedad en general, su oposición a esta medida y la exigencia de que se les respete su derecho a elegir centros específicos que «garantizan la calidad educativa y de acogida que quieren para sus hijos».

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