Celaá reabre el debate sobre la Concertada y cuestiona su “respeto a las normas comunes”
La intención de la ministra de Educación, Isabel Celaá, de retirar del artículo 109.2 de la Lomce el requisito de “demanda social” para ofertar plazas en la Educación concertada ha reabierto un debate recurrente en la comunidad educativa.
Celaá ha intentado apaciguar los temores que han despertado sus declaraciones y ha atribuido la modificación prevista a la necesidad de asegurar “el derecho a la Educación y cumplir con el mandato constitucional de garantizar este derecho con una planificación general de la enseñanza y con participación efectiva de todos los afectados”.
En este sentido, se refirió a las sentencias del Supremo que sostienen que los servicios públicos “no se pueden ofrecer a la carta” y, por tanto, debe haber “una organización y un uso racional de los medios”. “La Educación pública es el eje vertebrador de nuestro sistema educativo y no puede ser de otra manera”, añadió la ministra, algo que, en su opinión, no supone una amenaza a la escuela concertada.
Distinta opinión ha expresado el Partido Popular, cuya portavoz de Educación en el Congreso, Sandra Moneo, mostró su preocupación por las intenciones del Gobierno. “Nos opondremos frontalmente a cualquier decisión que quiera limitar o coartar el ejercicio de la libertad de elección de las familias”, advirtió la portavoz en la Comisión de Educación. Frente a la primacía de la escuela pública, su formación apuesta por la del conjunto del sistema educativo, porque “la escuela pública no es la única que garantiza el derecho a la Educación, lo garantizan ambas redes”, puntualizó.
Por su parte, la ministra reprochó al PP la “incomprensible” eliminación de la obligación de garantizar la existencia de plazas públicas en las zonas de nueva población, recogida en la LOE de 2006.
El Ejecutivo socialista lanzó algunas sombras de dudas al apuntar que tiene la obligación de “garantizar que cada red cumple con sus deberes sociales y educativos” y que la planificación de la definición y los objetivos del mapa escolar “implica el respeto de las normas comunes de escolarización, que las dos redes asuman el compromiso de la Educación en el marco de una programación general, sin exclusión social”. Aunque, eso sí, puntualizó: “No toda la Concertada es igual”.
La ministra también aprovechó para apuntar a Madrid como una de las comunidades que más ha favorecido a los concertados. A este respecto, la organización de Escuelas Católicas ha lamentado que nunca se habla de la asfixia que han sufrido territorios como Aragón o la Comunidad Valenciana, donde las resoluciones de los tribunales han evitado el cierre de aulas llenas de alumnos.