El modelo de evaluación requiere un presupuesto de 915 millones de euros en 10 años
La propuesta del modelo de evaluación docente elaborada por la Fundación SM lleva consigo un calendario y un presupuesto para su implantación. En el actual curso académico, y después de las elecciones sindicales de finales de año, se abriría un periodo de negociación y reflexión que daría paso al desarrollo técnico del sistema en el próximo 2019-20.
Así lo indicó Álvaro Marchesi, quien subrayó la importancia de dotar al modelo del máximo acuerdo. El escenario se plantea en términos optimistas, con un 80% de profesores que voluntariamente se presentarían a la evaluación (de los más de 450.000 de centros públicos y los más de 175.000 de los concertados), de los cuales nueve de cada diez (90%) obtendrían evaluación positiva. Un 20% tendría, además, el derecho al incremento retributivo del 10% de aquellos centros que destacan por situación de difícil desempeño, innovación e inclusividad.
En conjunto, el presupuesto estimado para la aplicación del sistema ascendería a más de 915 millones de euros, de los cuales dos tercios corresponden a la enseñanza pública y un tercio, a la privada.
Esta cantidad, tal y como precisó Marchesi, supone aumentar casi un 2% el gasto público educativo, cantidad que se distribuye durante los diez años de aplicación del proyecto. De este modo, añadió, en el año 2030 se habría pasado del 4,1% al 4,3% de gasto educativo, un esfuerzo que “merece la pena”.
El detalle de la propuesta especifica que la inversión se distribuiría en una década a partir del inicio del proceso de evaluación de los docentes, previsto para 2021-22. Por tanto, la inversión media anual se situaría en torno a los 85 millones de euros, cifras que serían menores en los primeros años y que se incrementarían de forma progresiva al aumentar los sexenios.
Marchesi puso el acento en en que la propuesta lleva implícita la creación de un instituto de evaluación y formación, organismo que debería asegurar el éxito y rigor de la evaluación, en tareas como el diseño del modelo y de su metodología, la revisión permanente, la formación de los evaluadores y la coordinación entre las comunidades autónomas.
Formación
La propuesta avanza también en el modelo de formación inicial, que en el caso de los maestros se mantendría en un grado universitario pero sin necesidad de un máster, como sugieren algunos documentos, y en el de los profesores de Secundaria y FP sería de grado universitario y máster de formación del profesorado.
Este planteamiento no excluye la mejora de las condiciones en las que se imparten los estudios, punto en el que la propuesta se remite a las recomendaciones de la Conferencia de Decanos de Educación.
En cuanto al acceso a la docencia en la enseñanza pública, el modelo hace hincapié en la conveniencia de revisar el concurso oposición para adaptarlo a las competencias esperadas en la actividad docente, así como en una mayor transparencia en los criterios de evaluación de los tribunales.