Patronal y sindicatos piden más medios y coordinación para la Formación Profesional

El alumnado matriculado en el conjunto de las modalidades de Formación Profesional ha crecido un 71% en la década comprendida entre 2007 y 2017. No obstante, la proporción de jóvenes de 16 a 18 años que cursan estos estudios todavía resulta baja en comparación con los países de la OCDE (un 35%, frente al 44% de media internacional y el 48% europea), a pesar de presentar una tasa de ocupación (del 74%), superior a la de los que solo tienen una titulación general (63%).

Son datos ofrecidos por el Gobierno, después de la reunión en Moncloa con representantes de la patronal y los sindicatos para impulsar un Acuerdo Estratégico por la FP. Y es que, a pesar de los avances que se han producido en este campo, España mantiene una eterna asignatura pendiente con un modelo considerado clave para la competitividad y el empleo en otros países de nuestro entorno.

El objetivo del Gobierno, en palabras de la ministra Isabel Celaá, pasa por “abrir un escenario de trabajo compartido para que las empresas y los agentes sociales sean protagonistas directos de una Formación Profesional más moderna e innovadora”, porque “un país sin una FP de calidad es un país sin futuro”.

Nadie parece dudar de la necesidad y los beneficios de una oferta formativa capaz de ofrecer respuestas más rápidas y adaptadas a las necesidades del tejido empresarial, amén de facilitar la incorporación al mercado laboral de un mayor número de jóvenes y de mejorar la cualificación del conjunto de trabajadores.

Pero tampoco hay muchas dudas, y sí coincidencias, en el diagnóstico de algunas de las medidas que facilitarían su despegue, como una mayor dotación de recursos económicos, la articulación de mecanismos de comunicación y coordinación, una mayor agilidad en la definición y aprobación de las nuevas titulaciones o, no menos importante, la puesta en marcha de campañas de información, orientación y visibilización de la FP.

En esta dirección se encuadran algunas de las medidas expuestas por el Ejecutivo a patronal y sindicatos, a quienes ha expresado su disposición a agilizar el ajuste entre la oferta y la demanda de cualificaciones, con la participación de empresas y sectores prodcutivos en el Observatorio del Instituto Nacional de Cualificaciones (Incual).

Los agentes sociales también intervendrían en el diseño de las nuevas títulaciones, que tendrían mecanismos de diseño y actualización más simplificados para dar respuesta rápida y eficaz a las necesidades de capital humano de los tejidos productivos. A su vez, se propone a los agentes sociales que participen en la formación y actualización del profesorado mediante estancias en empresas, así como que velen por garantizar la calidad de las de los estudiantes.

Tampoco se trata de empezar de cero. El director de la Formación de CEOE, Juan Carlos Tejeda, sostiene que la Ley de 2002 definió un sistema de FP adecuado, que establece conexiones entre la educación, el empleo y el mercado de trabajo.

En esta idea viene a coincidir el secretario de Formación de UGT, Sebastián Pacheco, quien lamenta la falta de las inversiones necesarias para el impulso de la formación. “Hay centros de referencia nacional en todas las comunidades autónomas sin desarrollar”, explica, y recuerda que en los últimos tres años de Ley de Formación para el Empleo debería haber generado entre 1.500 y 2.000 millones de euros (como parte del 0,7% que empresas y trabajadores destinan a formación) que no se han utilizado y con los que se podrían hacer políticas públicas en esta dirección.

Con notables diferencias entre las comunidades autónomas, Juan Carlos Tejeda también apunta que “la FP inicial se ha ido alejando del mercado laboral y ha derivado en un tratamiento más academicista, cuando consideramos que debe estar absolutamente vinculada a las demandas del tejido productivo”.
“La política educativa en España ha estado más centrada en la formación del conocimiento y ha abandonado la cultura del saber hacer”, matiza Sebastián Pacheco.

La CEOE valora que el documento del Gobierno ponga de manifiesto estos problemas y sugiera medidas que sitúan a la empresa como “gran protagonista” a la hora de definir las nuevas titulaciones.

El impulso a la FP, a juicio de Tejeda, pasa por prestigiar este modelo, ofrecer una mayor orientación en los centros y en las familias y “visibilizar sus posibilidades, buscar referentes de gente que llega a lo más alto en otros países”.

Y, muy importante, hacer una importante apuesta económica, ya sea para la recualificación de los profesionales y docentes, la creación de equipos que diseñen las cualificaciones o la dotación de instalaciones punteras en los centros.

Junto a las inversiones, UGT pone el acento en dos aspectos. Por un lado, en la necesidad de articular un sistema de pasarelas que permita transitar entre la FP y la universidad. Por otro, en conectar el mercado de trabajo con la formación a través de la modalidad dual y mediante una mayor armonización autonómica.

La CEOE destaca la conveniencia de que haya organismos intermedios que faciliten la comunicación y coordinación entre empresas y centros. ¿Con profesionales externos en las aulas? “En otros países es muy común que los profesionales entren y salgan del ámbito docente al empresarial. Hace falta una mayor aproximación de los docentes a la empresa y de la empresa al ámbito académico”, matiza Tejeda.

Empleo y salarios
Las cifras claman a favor de la FP y muestran un escenario que invita al optimismo. En el curso 2016-17 el número de estudiantes (791.385) era superior a los de Bachillerato (687.595), con una tendencia hacia la aproximación con los universitarios (1,3 millones). Los datos sobre inserción laboral aportados por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, y correspondientes a 2017, ahondan en este relato y hablan de 3,11 millones de titulados de Formación Profesional contratados (15,54% del total) frente a los algo más de 1,96 millones de titulados universitarios (9,84%).

Otra cuestión parece ser la de los salarios: un titulado universitario con máster o posgrado tiene un salario bruto promedio de casi 31.000 euros; un doctorado, de 28.400; un graduado, de 26.200 y un graduado superior de FP o equivalente, de 21.600, eso sí, por encima de un trabajador con Bachillerato o equivalente, cuyo sueldo se estima en cerca de 19.000 euros, de acuerdo con el Informe Oferta y demanda de empleo en España 2016 elaborado por Infoempleo y Adecco.