Celaá dice que su anteproyecto de ley está "maduro y es ambicioso"

La ministra de Educación, Isabel Celaá, compareció la semana pasada en la Comisión de Educación y FP del Congreso de los Diputados, donde explicó la reforma educativa con la que el grupo socialista quiere derogar la Lomce y aclarar quién debe asumir el coste de las cuotas de la Seguridad Social de los alumnos en prácticas.
Emma Prieto LópezMiércoles, 13 de febrero de 2019
0

La ministra Celaá en su última comparecencia en la Comisión del Congreso que preside el exministro Méndez de Vigo.

Durante su intervención, la también portavoz del Gobierno recordó que, en los últimos meses, “el anteproyecto ley educativa ha ido incorporando las opiniones y propuestas de las personas y organizaciones que están participando en los procesos de consulta”. Al mismo tiempo, recordó que este anteproyecto viene a “buscar el equilibrio y a recuperar, con una inequívoca voluntad de búsqueda de acuerdos la senda educativa que la Lomce deshizo”. En este sentido, Celaá explicó que el texto “se ha enriquecido hasta convertirse en un proyecto “maduro, ambicioso y con visión de futuro, que pretende dar respuesta a los desafíos que nuestra sociedad plantea”. La nueva ley cuenta con cinco enfoques fundamentales, según Celaá.

En primer lugar, tendrá en cuenta los derechos de la infancia según lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño por Naciones Unidas en 1989. En este sentido, “dará un mandato al Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, para regular los requisitos mínimos que deberán cumplir los centros”, explicó Celaá.
El segundo enfoque transversal está orientado a “elevar los resultados de todos los estudiantes con una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje”.

Por otra parte, el anteproyecto reconoce la importancia de “atender al desarrollo sostenible de acuerdo con la Agenda 2030”. El cuarto enfoque se basa en la igualdad de género a través de la coeducación y pretende “fomentar el aprendizaje de la igualdad de género entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual”. En quinto lugar, subraya la necesidad de “tener en cuenta el cambio digital que se está produciendo en nuestra sociedad con el objetivo de reforzar la capacidad equitativa del sistema educativo que suprima la segregación interna”, señaló Celaá.

Otras medidas
La reforma incluye también la estructura por ciclos en Primaria. En la ESO, por su parte, se contempla la obtención de un título único y se recuperan los programas de Diversificación Curricular y una nueva configuración de la FP Básica. Además, se recupera la obtención del título de Bachiller a través del proceso ordinario de la evaluación, volviendo a la prueba de acceso a la universidad.

Celaá explicó que el texto se ha enriquecido hasta convertirse en un proyecto "maduro, ambicioso y con visión de futuro, que pretende dar respuesta a los desafíos que nuestra sociedad plantea

En lo relativo a la Formación Profesional, el objetivo es “flexibilizar las enseñanzas y agilizar los procesos de incorporación de nuevos contenidos y vías de acceso a ciclos formativos”, explicó la ministra.

Cotización de prácticas
Con respecto al debate sobre la cotización de alumnos en prácticas, Celaá aseguró que el Gobierno no permitirá aplicar esta medida, como establece un real decreto del Ministerio de Trabajo, si ello “va en detrimento del sistema educativo”, de la prestación del servicio, de su calidad y de la máxima amplitud de posibilidades”, explicó.
Tras la intervención de la ministra, la portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, subrayó la “descoordinación tremenda” que se produjo dentro del propio Gobierno con este tema y aseguró que puede afectar a 500.000 estudiantes. Una cifra que, según Moneo, equivale casi al número de afiliados que ha perdido a la Seguridad Social. En este sentido, la diputada del PP también consideró que el decreto “puede provocar la pérdida de la oferta de prácticas y tener algún efecto también sobre la Formación Profesional Dual”.

Ciudadanos, por su parte, calificó el decreto de “dislate” y ERC y PNV también criticaron la nueva normativa sobre cotización de alumnos, que actualmente se debate con los rectores.

Frente a ésto, Celaá concluyó indicando que “buscará una salida” para corregir esta medida y no poner en peligro la FP.

0
Noticias relacionadas