Hay que aprender de los errores

La Educación es sin duda el mayor motor de progreso del que una sociedad puede disponer, pero no siempre parece recibir la adecuada atención por parte de la clase política. Unas veces se la usa para unos fines determinados, a veces poco confesables, y otras se la ignora, desaprovechando todo su potencial.
22 de abril de 2019
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Estamos en época electoral, los temas sociales y educativos recuperan la importancia que les corresponde y la Educación, que lleva unos años abandonada, es una vez más esgrimida como aparente prioridad política.

Conviene recordar que últimamente la Educación ha girado en torno a un supuesto “Pacto por la Educación” que ha servido a todos los partidos políticos de argumento y de excusa para no hacer nada y para que cualquier responsabilidad, para unos y para otros, quede diluida al condicionar la más mínima decisión a la firma del famoso pacto.

A finales de 2011, el Partido Popular ganó las elecciones generales con una aplastante mayoría y, disponiendo de un programa educativo serio, ilusionante, realista, con objetivos claros, que en buena medida había contribuido a unos resultados electorales sin precedentes, decidió a los pocos meses renunciar al mismo. Un programa cuya aplicación habría marcado un antes y un después en la Educación española fue sustituido por ideas y propuestas basadas en la improvisación y el desconocimiento que condujeron a la aprobación de la Lomce.

La Lomce es la única ley de Educación que ha conseguido unanimidad entre todos los partidos políticos, pero para derogarla. Nadie que entienda algo de Educación la ha apoyado ni la quiere, ni fuera ni dentro del PP. Sin que nadie haya exigido responsabilidades a sus máximos responsables –que abandonaron el barco antes de que este llegara a puerto y que inexplicablemente fueron premiados por ello– y sin que haya habido la más mínima autocrítica, nos encontramos a vueltas con la Educación ante unas nuevas elecciones.

La Lomce es la única ley de Educación que ha conseguido unanimidad entre todos los partidos políticos, pero para derogarla

Intentar construir sobre un edificio en ruinas es un riesgo que nadie puede permitirse y el Partido Popular tenía que haber derogado la Lomce, la peor ley educativa de la democracia, antes de abandonar el poder. La Lomce ha sido y es una losa para el PP, que solo puede hacerse perdonar el error cometido proponiendo una nueva ley cuyo objetivo sea mejorar de verdad la Educación.

Del mismo modo que el programa de Educación del PSOE invita a no seguir leyendo más allá del punto en el que propone un Pacto Nacional de Educación aunque solo sea porque fue el único partido que abandonó el famoso Pacto que llevaba años negociándose, el programa del PP invita a lo contrario, pero para saber si sus propuestas son las que el sistema educativo y la sociedad española necesitan.

El programa del PSOE se resume en palabrería mediante un uso inteligente de la terminología en boga, pero carente de ideas y de propuestas serias. Más de lo mismo, es decir nada que no suene a una vuelta al pasado.

Por su parte el programa del PP, que siempre se ha caracterizado por la calidad de su contenido, de su redacción y su presentación, en esta ocasión no parece cumplir con esas cualidades y por ello merece ciertos comentarios y observaciones.

El programa del PSOE se resume en palabrería mediante un uso inteligente de la terminología en boga, pero carente de ideas y de propuestas serias

La libertad de elección de centro, la defensa de la enseñanza concertada, la lengua de enseñanza, la Alta Inspección, la modernización tecnológica, la Formación Profesional, la autonomía de los centros son, entre otros, temas asumidos por el PP que, por su reiteración antes de gobernar y su falta de compromiso cuando gobierna, dejan de tener la relevancia que merecen.

Acostumbrado a textos rigurosos y consistentes, uno espera un programa que exponga con claridad los objetivos que pretende y el procedimiento para alcanzarlos. Pero del actual programa se infiere lo siguiente:

  • Este programa hubiera necesitado la participación de algún experto que evitara confusiones entre el Estatuto Docente, los Planes de Formación, el MIR educativo y la carrera profesional, que actualizara la terminología relativa a las titulaciones vigentes, que definiera correctamente las etapas educativas, que evitara generalizaciones que carecen de contenido, que separara los distintos ámbitos para una mejor comprensión, en fin, que ordenara el discurso para dotarlo de mayor coherencia.
  • Un programa no debe dar la impresión de ser un corta y pega de propuestas anteriores, de ideas de otros partidos o de ocurrencias, sino que debe ser producto de un análisis serio de las necesidades del sistema educativo y ofrecer propuestas realistas basadas en la experiencia nacional e internacional, todo ello dentro de un marco de criterios educativos y profesionales.
  • Llama la atención la propuesta de aprobación de una Ley nacional “del” 0-3 (sic), que si se refiere a los niños desde su nacimiento hasta los 3 años de edad, ya están contemplados en la ley de Educación, en el primer ciclo de la Educación Infantil.
  • La concertación del Bachillerato es sin duda un objetivo a alcanzar pero tal y como se plantea da la impresión de que los beneficiarios no son los alumnos, cuando así debería ser.
  • La recuperación de las evaluaciones finales de etapa, necesarias para la mejora del sistema educativo, adolece de una lamentable redacción que, en vez de aclarar, explicar y justificar su necesidad, va seguramente a contribuir de nuevo a crispación y a enfrentamiento con sectores educativos.
  • Proponer un Plan Nacional para la implantación del Bachillerato Internacional implica financiar con dinero público, o de las familias, una enseñanza privada en centros públicos.
  • No es malo reconocer cierta incapacidad para mejorar la Educación pero, en vez de renunciar a competencias que son propias de una Administración educativa, ¿no sería más sensato proponer un buen sistema educativo público que persiga la excelencia y trabajar para conseguirlo?
  • El Bachillerato Internacional es una buena opción para muchos centros, pero no de titularidad pública.

Además de todo lo anterior, posiblemente lo que más se eche en falta del actual programa electoral es interés y preocupación por la enseñanza pública. Este programa se ha olvidado de lo más importante: los profesores y los alumnos. La mayoría de los docentes y sobre todo los funcionarios, difícilmente se pueden sentir identificados con un proyecto que les ha olvidado.

Tras haber tirado todo su capital educativo por la borda en el año 2012 el PP necesita recuperar credibilidad y confianza. Para ello debería no caer en errores del pasado, y poner la Educación en manos de equipos preparados, situarla como verdadera prioridad política y ofrecer un programa serio, riguroso y atractivo. ¿Es eso lo que está ocurriendo? No parece que el programa del PP vaya en esa línea.

Tiempo habrá de alegrarse o de lamentarse. En cualquier caso, ¡suerte!

Xavier Gisbert es catedrático de Instituto.

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