Los profesores de Religión se levantan contra el Ministerio

Arrancan los juicios por las reducciones de jornada y sueldo de este curso. Al menos 260 profesores de Aragón, Ceuta y Melilla se encuentran afectados.
Saray MarquésMartes, 26 de noviembre de 2019
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La Concertada no es la única que recela del Ministerio de Educación. También los profesores de Religión católica de centros públicos en las comunidades donde es personal docente no transferido (Andalucía, Aragón, Canarias y Cantabria) y en Ceuta y Melilla. Allí han comenzado los juicios por las demandas contra el Ministerio por reducciones de jornada (y sueldo). Solo en Aragón, según la Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales (Apprece), hay unos 200 docentes afectados, de los cerca de 500 que impartían la asignatura en el curso 2016-17. En Ceuta y Melilla casi todos lo están en mayor o menor medida. En Melilla, de 30 (20 de católica y 10 de islámica) dos conservan su horario completo, 25 lo han visto reducirse y tres han sido despedidos. En Ceuta, la reducción ha afectado a los 30, según CCOO, sindicato mayoritario en el sector en ambas ciudades autónomas.

En Ceuta se celebró el primer juicio contra el Ministerio el pasado 19 de noviembre. Ocho docentes habían presentando demandas en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por haberles llamado a la Dirección Provincial a firmar una modificación en una cláusula del contrato con el curso empezado, el 16 de septiembre, cuando el RD 696/2007 establece que cualquier cambio debe ser previo. A la espera de la sentencia, Lorena Díaz, de FE-CCOO en Ceuta, se muestra optimista: “Si se ganara se generaría una jurisprudencia que ayudaría a casos similares en España”. El caso de Melilla es prácticamente idéntico: docentes expuestos con el curso ya empezado a firmar la cláusula. De lo contrario se les rescindiría el contrato con fecha 1 de octubre.

El cambio introducido en la cláusula consiste en que solo las horas de docencia directa computan, sin que puedan completarse con actividades como biblioteca, apoyos o plan de igualdad. “Son personas que llevan trabajando 25, 30 años, y se les ofrece o eso o nada, sin sentarse a negociar. Son maestros (en Primaria) o licenciados (en Secundaria) y no se les da una opción de reorganizar su vida. Ha habido profesores que han renunciado a otras especialidades y ahora les han echado de la plaza”, explica Ricardo Jimeno, secretario general de FE-CCOO en Ceuta.

Personas como Begoña Tubío, que lleva 27 de sus 49 años dando clase de Religión y que ha visto reducirse sus horas de 25 a cinco este curso, al impedírsele completarlas, como hacía antes, con refuerzo de Lengua y Matemáticas y biblioteca. Su juicio se celebrará el 21 de enero. “Firmamos el 20 de septiembre. Era eso o rechazar el puesto de trabajo y vernos en la calle sin finiquito”, relata. “Y la única vía para protestar que nos dieron fue: “Nos veremos en los juzgados”.

Inma Badía, del sindicato FE-USO, explica que el perfil es mujer (86%), mayor de 50 años, con más de 20 en la profesión. “Se trata de un colectivo muy sensible, que puede pasar de cobrar 1.800 a 500 euros al mes con 55 años, lo que les perjudica a un paso de la jubilación (por las pérdidas en bases y periodos de cotización)”.

El próximo juicio será en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el 3 de diciembre. Allí la asignatura ha perdido carga horaria como consecuencia de la aplicación de la Lomce, al pasar de 90 minutos a la semana a 45. Lo mismo ha sucedido en Ceuta y Melilla, Castilla y León, Andalucía, el País Vasco y Canarias. En Cataluña, Galicia, Asturias y Baleares ha pasado de 90 a 60 minutos. El Tribunal Supremo ha avalado esta reducción, que la Lomce propició.

La reducción de la carga horaria, junto con la disminución de la demanda (de 4.075.190 alumnos en el curso 2008-09 a 3.844.813 en el curso 2017-18, según datos del Ministerio de Educación, 230.377 menos en apenas una década) está tras la reducción horaria de los profesores de la asignatura, que han pasado de 13.843 a 12.665 en toda España en este tiempo, de 5.087 a 4.162 en la zona que depende del Ministerio. Desde Apprece se recuerda que son empleados públicos y se pide un horario único para toda España. Desde FE-USO, que se traten las reducciones colectivas como un ERE. Desde USIT-EP, que se modifique el artículo 4 del RD 696/2007, por permitir reducir la jornada de un curso para otro, “lo que deja al colectivo en la indefensión absoluta”. “No pedimos que tenga la misma carga que Matemáticas o Inglés, pero no hay ninguna otra asignatura con 45 minutos a la semana en esas comunidades”, sentencia su secretario general, Alfredo Sepúlveda.

El Ministerio se reafirma

Fernando Gurrea, subsecretario del Ministerio de Educación y encargado en su día de la redacción del real decreto, por el que los contratos pasan de ser de duración determinada a indefinidos, y de las disposiciones adicionales segunda y tercera de la LOE (2006), por las que pasan a ser contratados laborales según el Estatuto de los Trabajadores con retribuciones equiparadas a los interinos, concluye: “Han sido los gobiernos socialistas los que han dignificado la función laboral de este profesorado. Todo es mejorable, pero las turbulencias en las regulaciones previas a 2006 no tienen nada que ver con el mar en calma desde entonces”.

Fernando Gurrea: "

Han sido los gobiernos socialistas los que han dignificado la función laboral de este profesorado

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“El régimen jurídico del profesorado de Religión católica en los centros públicos, que cuesta a las administraciones educativas 300 millones de euros, sigue siendo el mismo”, prosigue Gurrea. “No pueden ser funcionarios, no es el Estado el que los recluta o selecciona. Deben cumplir con unos requisitos de titulación, pero sus plazas son otorgadas a dedo a instancias de los distintos obispados”, añade.

“Este curso no hay un conflicto nuevo. Se está intoxicando. Es la adecuación de cada año según la demanda. Si hay 300.000 alumnos menos los profesores no pueden ser los mismos. Si solo tienen cuatro horas de la asignatura porque esa es la demanda no pueden pedir llegar a una jornada completa. Son criterios de ordenación académica. Se necesitan 10 alumnos para impartir una asignatura. En Ceuta y Melilla se han completado los contratos con las actividades educativas disponibles, pero no alcanzan para mantener todos los contratos a tiempo completo. Si el Ministerio estuviese contratando a este profesorado a jornada completa sin que la cumpliese cometería un trato de favor sin motivo, incurriendo en prevaricación, falsificación de documentos públicos y malversación de caudales públicos. ¿Es lo que se nos pide?”.

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