Cinco profesores de la Complutense a juicio por impedir promoción de otro

El fiscal pide para cinco profesores de la Universidad Complutense de Madrid penas de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación al impedir, como miembros de una comisión evaluadora, que un profesor de la Universidad accediera a una promoción.
RedacciónJueves, 27 de febrero de 2020
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Los cinco profesores de la UCM serán juzgados en abril, según adelantó el martes el diario ABC, como presuntos responsables de un delito cometido al adoptar “resoluciones arbitrarias” e “injustas” como miembros de una comisión evaluadora de aspirantes a nueve plazas de profesor asociado para la Facultad de Odontología.

En su escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal pide para cada uno de los acusados diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al considerar que los hechos “son legalmente constitutivos de un delito de prevaricación” previsto en el artículo 404 del Código Penal.

La instrucción judicial, que incluye a la UCM como responsable civil subsidiario, fue abierta a partir de una denuncia interpuesta por el profesor de la UCM Jorge C. contra los cinco miembros de la comisión evaluadora: María Rosa Mourelle, Lorenzo Arriba, Rafael Baca, José María Martínez y Blanca Guisado, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa.

La instrucción judicial, que incluye a la UCM como responsable civil subsidiario, fue abierta a partir de una denuncia interpuesta por el profesor de la UCM Jorge C. contra los cinco miembros de la comisión evaluadora

El auto del juzgado séptimo de Madrid, del 6 de abril de 2017, dice que según la investigación realizada hay “indicios racionales” de que los investigados dictaron en 2015 y en 2016 “resoluciones arbitrarias, manifiestamente injustas” al darle al denunciante de forma reiterada una puntuación que le impedía la consecución de alguna de las plazas convocadas. “Con motivo de la animadversión personal contra el denunciante del investigado” José María Martínez, dice el auto, los miembros de la comisión dieron “puntuaciones superiores a otros aspirantes con menores méritos”, que no habían sido profesores de la Universidad y tenían menos experiencia profesional.

En tres propuestas de provisión de plazas –en septiembre de 2014 y en febrero y julio de 2015–, la comisión evaluadora otorgó puntuaciones por debajo de cinco puntos al denunciante, que en todos los casos acudió a la Comisión de Reclamaciones del Rectorado de la UCM, la cual estimó las reclamaciones del denunciante.

En noviembre de 2015, el Rectorado dictó una resolución en la que pedía a la comisión puntuar mejor y valorar los méritos del demandante, pero la comisión respondió al rectorado que fuera la Comisión de Reclamaciones la que decidiera o que fuese nombrada una nueva comisión evaluadora. Según la fiscalía, “con esta actuación, los acusados impidieron (al demandante) no sólo acceder a la plaza sino también concurrir a la promoción de profesor asociado a profesor contratado doctor”. Todo esto, dice la fiscalía, “pese a que en la propuesta de candidatos elaborada por el Rectorado” el 29 de julio de 2014 “se le había asignado la mejor puntuación de la Facultad de Odontología y la cuarta mejor de toda la Universidad”.

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