ANPE exige una normativa básica que regule el final de este curso y el del 2020-21

Ante el final de este curso, el sindicato Independiente de la Enseñanza Pública ANPE Madrid solicita que “se elabore una normativa básica que regule, con carácter excepcional y transitorio, mediante Orden Ministerial, los requisitos de promoción, evaluación final y titulación, con el fin de evitar la inseguridad jurídica de docentes y alumnos, así como las desigualdades territoriales que se pudieran producir”.

Asimismo, en el ámbito autonómico, piden una mayor concreción en las instrucciones de finalización de curso y que “en ellas se fijen pautas de actuación claras para el profesorado, diferenciadas por etapas y cursos”.

En este sentido, este sindicato reitera la necesidad de la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Educación para abordar estos y otros temas, como el llamamiento de interinos, las oposiciones, el concurso de traslados, la asignación de vacantes para el próximo curso, el proceso de admisión de alumnos, etc.

De cara al próximo curso escolar, este sindicato reclama una serie de medidas. En primer lugar, la elaboración de protocolos de seguridad sanitaria exclusivos para el ámbito educativo; así como la regulación específica de las condiciones de acceso a los centros educativos (también áreas comunes) y los recursos adecuados en materia de prevención.

En segundo lugar, exigen “un plan regional de digitalización educativa”, que garantice una correcta enseñanza en línea, dotando de soporte informático y conexión gratuita a todos los alumnos y docentes.

En tercer lugar, reclaman un incremento sustancial de las plantillas de los centros educativos, puesto que esta medida, según explican “permitiría desdoblar aulas y apoyar a alumnos y docentes en la tarea de refuerzo de aquellos contenidos no impartidos durante el tercer trimestre, así como la redistribución imprescindible del número de alumnos por aula, siendo la distancia de seguridad la principal medida preventiva para evitar contagios”.

En cuarto lugar, solicitan la creación de una comisión específica, formada por agentes educativos, sanitarios y agentes sociales, para establecer, evaluar y adaptar a la nueva realidad, entre otros aspectos necesarios.

Finalmente, demandan el establecimiento, con carácter general, de la jornada continua en todos los centros educativos públicos y establecer para los docentes una nueva regulación normativa en referencia a funciones, jornada, reconocimiento, derechos y obligaciones, en caso de continuidad de la alerta sanitaria en el curso 2020-21.