La ley Celaá, timorata en reformas estructurales

Con más de 300 enmiendas incorporadas entre aprobadas y transaccionadas, poco tiene que ver la ley educativa que salió del Ministerio y la que ha llegado al Senado. Eso sí, pocas de esas enmiendas son de la “oposición real”: cuatro del PP, diez de Ciudadanos, una de Vox. Llama la atención que, habiéndose llegado tan lejos en aspectos que han generado fuerte polémica durante el trámite parlamentario, la estructura del sistema permanezca casi intacta. Se crea una certificación para que los alumnos no salgan sin nada tras más de diez años escolarizados si no logran el título de ESO, pero no se suprime este título, como recomiendan numerosos expertos y en línea con otros países del entorno. Se introduce la posibilidad de que algunos alumnos cursen el Bachillerato en tres años, pero no se va a un Bachillerato de tres años para todos, como sí se contempló en los trabajos para el pacto de Gabilondo. La nueva ley está, por tanto, más cerca de la LOE de 2006 que de aquel pacto frustrado de 2010.