Uruñuela rechaza que el mercado determine cómo escolarizar a los alumnos

Uruñuela ha respondido, en el pleno del Parlamento regional, a dos preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Popular, Jesús Ángel Garrido, sobre el nuevo decreto de escolarización y el cambio de la zona única con la exclusión de Lardero y Villamediana de Iregua.

El consejero ha insistido en que la Lomloe, que entró en vigor el pasado 19 de enero, establece los nuevos procedimientos de admisión de alumnos, con los objetivos de garantizar el derecho a la educación a todos los estudiantes, un acceso en condición de igualdad y el derecho a la elección de centro por parte de padres y madres. Y ha insistido en que todos los centros educativos que reciben dinero público deben «compartir el esfuerzo» por escolarizar al alumnado que necesita un mayor apoyo.

Según sus datos, en Logroño hay centros públicos que tienen hasta un 63 por ciento de alumnos con necesidades específicas, como procedencia inmigrante, mientras que «al lado hay colegios concertados que apenas tienen un 2%» de estos alumnos, cuando la media de toda La Rioja es del 7% en concertados (con la excepción del San Andrés de Calahorra).

También ha explicado que se pretenden eliminar «obstáculos» que impiden a los padres la libre elección de centro, como el precio «excesivo» que abonan por determinados servicios, como el comedor, que en los concertados cuesta entre 140 y 175 euros y en los públicos solo 81 euros.

La Consejería de Educación aporta 272.000 euros para facilitar la comunicación con las familias con la Consejería, pero los concertados cobran entre 30 y 35 euros a los padres, «eso no puede ser», ha recalcado.

Garrido ha acusado a Uruñuela de ser «un telepredicador de la Lomloe» y le ha recriminado que se dedique a «adoctrinar al sistema educativo riojano en base a los principios de esta ley, que pretenden imponer». Para ello, se ha creado una oficina de escolarización permanente con el fin para «controlar, tutelar y burocratizar» la distribución de los alumnos con necesidades educativas específicas entre todos los centros sostenidos con fondos públicos. «Recuperan para sí un centralismo jacobino para que nada se escape a su control; las familias, los centros y los alumnos nada tienen que decir en todo este esquema donde casi se les trata como ganado estabulado», ha denunciado.

A su juicio, las familias de niños con necesidades específicas no pueden elegir el centro de sus hijos porque Educación lo hará por ellos, ya que «estos estudiantes son una carga para el sistema que deben repartir de manera uniforme entre todos los centros a razón de dos niños por aula».

Garrido también ha considerado «un retroceso» que una familia de Lardero o de Villamediana de Iregua no pueda matricular a sus hijos en cualquiera de los centros de Logroño, salvo que sus padres se empadronen ficticiamente en la capital o tengan la suerte de trabajar cerca del colegio de su preferencia. «Es un inmenso error que, dentro del propio Logroño, ustedes levanten muros para separar a los vecinos», ha recalcado, ya que «la libertad nunca genera guetos, precisamente porque los guetos surgen de la imposición», por lo que ha concluido que «el dilema está claro, o comunismo o libertad».

En el pleno, la diputada de Ciudadanos (Cs), Belinda León, también ha preguntado a Uruñuela cuándo va a presentar el proceso de admisión de alumnos para el próximo curso y le ha acusado de «intervencionismo» en el proceso de escolarización, por lo que ha pedido que deje el decreto para el curso siguiente.

El consejero le ha recordado que el decreto de escolarización se comenzó a definir en octubre pasado y ha recibido 76 proposiciones de la comunidad educativa, de las que se han incorporado 46. Y ha rechazado dejar la aplicación del nuevo decreto para el curso 2022-23 porque supondría incumplir la Lomloe y ha concluido que los nuevos criterios de escolarización los marca esta ley y no son «impuestos».