Los inspectores educativos dicen que hay que dar el título "a quien lo merezca, sin engañar"

En una entrevista con Efe, Marrodán repasa la actualidad educativa y plantea las exigencias de su colectivo, entre ellas definir una carrera profesional y revertir el déficit de plantilla: apenas 1.600 inspectores, el mismo número que hace 21 años cuando había 10.000 centros menos (los 22.165 centros del 2000 han pasado a 35.500).

Desde la aprobación hace casi un año de la Lomloe, hay «preocupación» entre los docentes por la evaluación, el grado de autonomía de los centros para aplicar las innovaciones que ordena la normativa o «el neolenguaje pedagógico» del Ministerio de Educación. «¿Por qué hablar de saberes básicos cuando son contenidos?», agrega.

El nuevo real decreto de evaluación, promoción y titulación, aprobado hace unas semanas en Consejo de Ministros y que deja en manos del equipo docente estas decisiones al margen del número de suspensos, inquieta también, según el presidente de USIE, ya que en su opinión eso equivale prácticamente a la promoción automática. «Puede dar la sensación a muchas familias de que todo vale. Está bien el protagonismo del profesorado, como siempre ha sido, lo que pasa es que ahora en cierta forma se desmoviliza a muchos docentes, porque el alumno no actúa igual cuando piensa que es lo mismo lo que haga porque va a pasar de curso», explica.

En su opinión, «hay que dar el título a todos los que se lo puedan merecer pero tampoco se trata de engañar. Es como si nos dieran el carné de conducir a todos los que nos presentamos, luego hay consecuencias». Por ello, opina el catedrático de instituto, se deben explorar más vías para estos alumnos. «Si, con 14 o 15 años, no van bien, no amargarles la vida sino ofrecerles un programa de diversificación o ciclos, darle apoyos en cuanto se detectan dificultades, no esperar a que se quiebren y desalienten».

Para mejorar la calidad del sistema educativo se necesitan bajar las ratios –en los centros que lo necesiten– e inyectar recursos donde hay un contexto social más complejo. La Lomloe, recuerda, hace énfasis en la detección precoz, pero «¿cómo? si no tenemos a gente que detecta. Un instituto no puede tener un orientador para 800 o 1.000 alumnos, eso es inviable». Defiende además que la información que se proporciona a las familias debe ser «más completa, no solo sobre cómo va su hijo en las áreas, sino también su socialización, convivencia… es importante ir más allá de las notas y trabajar con cada alumno para sacar lo mejor de él».

Según Marrodán, ha llamado atención entre los profesores cómo se obtiene el título de la ESO y «la pregunta es por qué hay unos requisitos mínimos para Bachillerato y no para Secundaria. Lo lógico habría sido hacer un criterio similar».

El papel de los inspectores, más necesario que nunca

Cuando se publique toda la normativa de desarrollo de la Lomloe, los inspectores educativos tendrán que jugar dos papeles: primero asesorar a los centros e informar a la comunidad educativa y, en segundo lugar, supervisar su aplicación, explica Marrodán. «Serán cambios en cascada: habrá que cambiar los proyectos educativos, los reglamentos de régimen interno, los planes de acción tutorial, los planes de convivencia etc. A los centros les espera un curso de muchas transformaciones, más que empezar a perseguir que es un palabra que no hay que usar nunca, se trata de asesorar».

Una pregunta que se hace gran parte del profesorado –continúa– es qué tipo de formación institucional va a haber para apoyarlos. Para aplicar las novedades, si queremos que se haga bien, hay que dominarlas, no solo memorizar algo y hacerlo de cualquier manera». Desde la LOE de 2015 se habla de competencias –uno de los pilares de la Lomloe– y la experiencia es que «se aplica de una manera muy desigual. Hay algunos centros que lo hacen muy bien y otros que no lo han hecho nunca».

Una plantilla menguada

El presidente de USIE denuncia que en el año 2000 había 22.165 centros educativos y 1.580 inspectores y en 2020 hay 35.500 centros –más de 10.000 centros de diferencia– y el número de inspectores permanece igual. La ratio media es de un inspector por 15 a 20 centros, una carga de trabajo que considera inasumible. En este contexto, pide al Ministerio de Educación que defina una trayectoria docente, que desarrolle un real decreto o estatuto para los inspectores en el marco de esa carrera profesional.

Para ser inspector es obligatorio ser funcionario de un cuerpo docente y tener ocho años de antigüedad, pero su trayectoria es «poco motivadora» y cuesta encontrar personal, explica Marrodán. A todo ello se suma que hay en torno a un 35% de inestabilidad laboral dentro del cuerpo, por lo que el catedrático pide que las comunidades autónomas convoquen oposiciones de forma regular.

En casi todas las CCAA, habría que ampliar esta plantilla en «al menos un diez por ciento», explica el presidente de USIE, que también pide aligerar la burocracia que soportan en el día a día. «Es difícil pedirle a alguien que haga de líder pedagógico y que fomente la innovación cuando se pasa el día sepultado bajo los papeles. Solo te da tiempo a lo mecánico. Parece mentira que en la edad de la digitalización no seamos capaces de aprovechar mejor las bases de datos y simplificar los documentos», afirma. Por último, reclama que la nueva ley de FP mencione expresamente el papel de los inspectores.