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El Pleno del Congreso votará la reforma universitaria antes de fin de año

El Pleno del Congreso debatirá previsiblemente el próximo 22 de diciembre el proyecto de ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU), cuyo texto ha comenzado a discutirse en ponencia y al que se han incorporado en torno a 60 propuestas de transacción por parte de todos los grupos.
EfeMiércoles, 7 de diciembre de 2022
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El ministro de Universidades, Joan Subirats, expone ante el Pleno la partida de su Departamento en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Fuentes socialistas han explicado que la previsión es que la reforma planteada por el ministro Joan Subirats llegue al Pleno de la Cámara Baja en esa fecha, una de las leyes pendientes que este grupo parlamentario quiere avanzar para su aprobación. En la reunión de la ponencia se ha trabajado sobre todo en cuestiones técnicas y en temas no demasiado significativos, han explicado a Efe fuentes presentes en la reunión. Los acuerdos importantes se cerrarán en Comisión, a partir del 12 de diciembre, en fecha aún por determinar, y en el Pleno de la Cámara.

La ponencia tiene previsto cerrar un informe con enmiendas de casi todos los grupos, y en entre las propuestas de transacción debatidas se encuentran enmiendas de los nacionalistas en torno a las lenguas propias, han añadido las mismas fuentes. Hace unos días, el conseller catalán de Investigación y Universidades, Joaquim Nadal, advirtió que el Govern está dispuesto a «incumplir» la ley de universidades si no respeta las competencias autonómicas.

La ponencia tiene previsto cerrar un informe con enmiendas de casi todos los grupos, y en entre las propuestas de transacción debatidas se encuentran enmiendas de los nacionalistas en torno a las lenguas propias

En declaraciones al diario Ara, Nadal señaló que la ley de Joan Subirats inquieta a la Generalitat porque contiene aspectos que «afectan a la singularidad del sistema catalán, que ha tendido a la laboralización del profesorado». «La figura del laboral permanente ya nos estaría bien, pero la ley no la acepta y dice que tiene que haber un 51% de funcionarios, y ninguna universidad catalana cumple este porcentaje. Por eso decimos que no», recalcó.

Por otro lado, el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha ha reiterado en varias ocasiones que no está «en desacuerdo» con la nueva ley pero que las comunidades autónomas deben poder disponer de la necesaria financiación para poder aplicarla. El pasado día 17, la consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez, afirmó en una entrevista con Efe que esta reforma «conlleva un ajuste al alza del presupuesto que destinamos a las universidades, el que pone la ley en marcha tiene que velar por aquellos que la tienen que cumplir». El incremento que Castilla-La Mancha necesita al año para adecuar la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la sede de Guadalajara de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) es de 12 millones de euros, destinado sobre todo al nuevo profesorado que deberá incorporarse o reestructurarse por la reforma legislativa.

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