Guía para no perderse con la tercera reforma universitaria de la democracia

El proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobado este jueves en el Pleno del Congreso, contempla las siguientes novedades:

Estudiantes:

Su participación en los órganos de gobierno de la universidad como el claustro o los consejos de facultad o departamento alcanza un mínimo del 25% cuando la actual Ley Orgánica de Universidades (LOU) no asegura ningún porcentaje. Tendrán derecho al paro académico, respetando el derecho a la educación del estudiantado. Las universidades desarrollarán las condiciones para su ejercicio y el procedimiento de declaración del paro académico, que será efectuada por el órgano de representación de los alumnos.

Igualdad:

Para crear una universidad pública o privada se deberá contar con planes de igualdad, medidas para eliminar la brecha salarial y protocolos frente a todo tipo de acoso. Las Unidades de Igualdad y las de Diversidad serán obligatorias y todos  los órganos de las universidades y las comisiones de evaluación o selección  de personal serán paritarios (mujeres y hombres). Además, en los concursos  se podrán aplicar acciones positivas para promocionar con igualdad de méritos al sexo menor representado.

Gobernanza y estructuras:

El texto plantea un modelo con cuatro estructuras básicas: Claustro, Consejo de  Gobierno, Consejo de Estudiantes y Consejo Social. Las universidades tendrán autonomía para definir sus estatutos y para crear otras estructuras en departamentos y facultades.

Una carrera académica más corta, predecible y estable:

La LOSU establece una carrera académica con tres etapas en vez de las cuatro de la LOU, acceso, estabilización y  promoción, y desde el inicio los estudios de doctorado hasta la estabilización solo pasaran  diez años, intentando conseguir así un rejuvenecimiento de la plantilla. El  acceso a la carrera se realizará con la figura del Ayudante Doctor, con un  contrato de 6 años (en vez de los 5 de la LOU). eliminando la acreditación para  esta figura, y accediendo por concurso público. Pasados esos 6 años se podrá alcanzar la estabilización a través de las  figuras de Titular de Universidad o bien de Permanente Laboral, mediante la  acreditación pertinente y un concurso público.

De  cara a evitar dinámicas endogámicas, en todos los concursos públicos la  universidad convocante estará en minoría y los miembros serán escogidos por  sorteo.

Elección del rector/a:

Los candidatos o candidatas podrá ser personal no funcionario y reunir los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que determinen los Estatutos. El rector o la rectora se elegirá mediante elección directa por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la comunidad universitaria. La duración de su cargo será de seis años improrrogables y no renovables. Durante su mandato, no podrán presentarse a ningún proceso de promoción académica ni formar parte de una comisión de promoción.

Internacionalización:

Gobierno, comunidades y  universidades elaborarán estrategias para internacionalizar el sistema; las alianzas internacionales se refuerzan, con el impulso de títulos compartidos, y se fomenta la movilidad del estudiantado, del profesorado, investigadores y personal administrativo y de servicios. Además, se agilizan los visados por estudios para  atraer talento y, al finalizar el grado, máster o  posgrado, se podrá optar a un visado de dos años para hacer prácticas o  trabajar.

La LOSU crea una nueva figura de Profesorado Distinguido cuya función  está dirigida a atraer docentes de prestigio académico e investigador, tanto  nacional como extranjero.

Formación a lo largo de la vida:

Entre los principales cambios introducidos en la reforma figura la formación a lo largo de la vida, es decir, hacer que las  universidades estén dirigidas a todas las edades –solo un 6% de los matriculados hoy supera los 30 años–. Así, se establecerán distintas modalidades como las microcredenciales, microgrados y otros  programas de corta duración (de 4 a 30 créditos) y que podrán tener reconocimiento académico. Estas formaciones admitirán tanto a personas con un título previo como a las que solo tienen experiencia profesional pero pueden acreditar suficiente capacidad de seguir ese curso.

Financiación:

Se plantea el compromiso de un gasto del 1% del PIB frente al actual 0,7% de media después de una década en que las universidades se han visto afectadas por los recortes derivados de la crisis de 2008. Las comunidades –que aportan casi el 80% del presupuesto– y el Estado comparten la intención de llegar a este objetivo de gasto, en lugar de acordarlo en una comisión «ad hoc», tal y como recogía el proyecto original del Gobierno.

Reducir la precariedad:

El profesorado con contrato laboral temporal no podrá superar el 8% del personal docente e  investigador (PDI). Reserva de plaza de hasta un 15% para el profesorado que lleva años  contratado bajo figuras no adecuadas (asociado, visitante u otras) y que han  precarizado sus condiciones laborales.

Incorpora la figura del profesorado Sustituto cuya finalidad exclusiva es la  de sustituir al PDI con derecho a reserva de puesto de trabajo que suspenda  temporalmente sus servicios. De esta manera, se evita que las universidades  se vean obligadas a recurrir a otras figuras, como la del Asociado. El contrato de los asociados será de carácter indefinido y conllevará una dedicación a tiempo parcial (120 horas), sin que su convocatoria esté sujeta a la tasa de reposición de efectivos. Su contratación no formará parte de la Oferta de Empleo Público. De esta forma, dice el Ministerio, la temporalidad del sistema universitario se reducirá del 40% en las plantillas al 8%. Los funcionarios deberán pasar del actual 51 al 55%.

Por último, los colegios mayores no mixtos no podrán adscribirse a una universidad pública.