La oposición carga contra la LOSU, que califica de "antisistema universitario"

El pleno del Congreso ha debatido este miércoles el dictamen del proyecto de ley, que no ha contado con el consenso ni el entusiasmo deseado, aunque sí tendrá el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes, por lo que continuará su tramitación parlamentaria en el Senado. El PP, Vox y Ciudadanos han sido los más críticos con este proyecto de ley y han anunciado su voto en contra, al que se sumarán el BNG y CUP, con considerar que es mejorable, mientras que Bildu ha decidido abstenerse en la votación.

Los diputados del PNV y ERC han defendido el texto al señalar que introduce avances significativos respeto a la norma anterior, después de haber aceptado muchas de sus enmiendas, entre ellas sobre el refuerzo de las competencias de las comunidades autónomas. Sin embargo, la mayoría de los partidos ha coincidido en que es una ley poco ambiciosa que no mejora el sistema universitario como podría haberlo hecho, y en que se ha perdido una gran oportunidad de mejorar la norma.

La diputada del PP María Jesús Moro ha sido una de las más críticas al señalar que esta ley, que ha definido como del «antisistema» universitario, es la de «ERC», al tiempo que ha lamentado que vaya a salir adelante sin el consenso suficiente. En esa línea se ha pronunciado Joaquín Robles, de Vox, quien ha opinado que va orientado a debilitar el sistema universitario, porque no garantiza el derecho a la educación y se convierte en un instrumento partidista al servicio de una ideología.

Juan Ignacio López-Bas, de Ciudadanos, ha rechazado también el texto tras señalar que «la universidad no merece ser un juguete utilizado con fines partidistas» y que con esta ley «vuelve a ser manipulada desde la política».

Por su parte, el ministro de Universidades, Joan Subirats, ha insistido en que esta ley es necesaria porque la anterior tenía ya más de 21 años y porque se hizo cuando aún estaban por desplegar todas competencias de las comunidades autónomas y en un momento en que eran imaginables los cambios tecnológicos que se han producido.

Esta ley, que antes de llegar a este Pleno de la Cámara tuvo que sortear tres enmiendas a la totalidad de Vox, PP y Junts, tiene como objetivos conseguir una universidad «de calidad, accesible, equitativa e internacionalizada». Para ello, modifica las condiciones laborales del profesorado asociado, convirtiendo las plazas temporales en indefinidas, con la idea de reducir la temporalidad; y persigue mejorar la situación del personal docente e investigador, para garantizar, entre otros, derechos la antigüedad o complementos salariales.

Plantea además el compromiso de gasto mínimo del uno por ciento del PIB y establece títulos propios de formación a lo largo de la vida mediante modalidades diversas, incluidas microcredenciales, microgrados y otros programas de corta duración, que podrán tener reconocimiento académico.

Durante su tramitación ha incorporado propuestas como que el personal no funcionario pueda ser rector o topar el precio de las tasas universitarias, que solo podrán mantenerse o bajar. Además, la nueva ley consagra por primera vez el paro académico, con lo que los estudiantes no podrán ser castigados en caso de inasistencia a clase o a un examen por ese motivo.