El Gobierno central negocia con la Comunidad Valenciana sus discrepancias en tres apartados de la ley educativa
Reunión de la Mesa Sectorial de Educación.
En concreto, el Gobierno central discrepa del artículo 14 de la ley aprobada el pasado 27 de junio por el PP y Vox en Les Corts Valencianes, referido a la exención de la evaluación y calificación del valenciano para el alumnado de zonas de predominio lingüístico castellano que lo soliciten. Tampoco comparte el contenido de la disposición adicional primera, sobre la educación plurilingüe en las enseñanzas de Formación Profesional, Formación de Personas Adultas y enseñanzas de régimen especial, según el cual la Conselleria determinará los supuestos de exención de evaluación del valenciano a personas que no lo hayan cursado con anterioridad. En tercer lugar, discrepa del contenido de la disposición adicional cuarta de esta ley, que regula situaciones excepcionales relativas al requisito lingüístico del profesorado y permite que el funcionariado de otras comunidades que pida una comisión de servicios en la Comunitat pueda obtenerla durante cuatro años sin acreditar conocimiento del valenciano.
Según la resolución del pasado 12 de agosto y que publican este miércoles tanto el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana como el Boletín Oficial del Estado, la comisión bilateral de cooperación Administración General del Estado-Generalitat ha acordado designar un grupo de trabajo que proponga una solución a estas discrepancias. Los recursos de inconstitucionalidad se pueden presentar en el plazo de tres meses desde la publicación de una ley, plazo que se amplía a nueve meses en el caso del Gobierno o las comunidades autónomas si se reúne la comisión bilateral para intentar un acuerdo mediante la modificación de contenidos de la norma que evite la interposición del recurso.
Por su parte, Compromís ha anunciado que 50 diputados del Congreso llevarán este miércoles al Tribunal Constitucional esta ley educativa, ya que un informe jurídico encargado por la coalición afirma que incumple 28 artículos de leyes superiores, como la Constitución, la ley educativa estatal o el Estatut d’Autonomía. Esta ley educativa deroga la ley de Plurilingüismo de 2018 para volver al modelo de las dos líneas (valenciano y castellano), permite la exención de la evaluación y calificación del valenciano en las zonas castellanohablantes y elimina el requisito lingüístico del profesorado en enseñanzas de Formación Profesional y régimen especial.
La Comunidad Valenciana presentará un recurso de reposición a la medida cautelar del TSJ sobre las plantillas docentes
La Conselleria de Educación ha anunciado recientemente que presentará un recurso de reposición a la medida cautelar del TSJ de la Comunitat Valenciana sobre las plantillas docentes. Así lo ha trasladado la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, a los sindicatos en la reunión de la Mesa Sectorial. Sancho ha explicado que la decisión de presentar el recurso se ha tomado al considerar que las instrucciones de plantillas del curso 2024-25 introducen mejoras necesarias en el ámbito educativo, especialmente entre el alumnado con necesidades especiales y de 0-3 años, además de acometer una redistribución de los recursos.
La directora general ha recordado que en este momento lo que existe es una medida cautelar, y ha señalado que la Conselleria de Educación “acatará las decisiones judiciales definitivas, como ya se ha dicho en otras ocasiones”. Sonia Sancho ha recordado, asimismo, la voluntad de la Conselleria de iniciar con los sindicatos un proceso de negociación para elaborar una nueva orden de plantillas, y se ha comprometido a trasladarles la información de forma regular.