La falta de financiación pública expulsa a los vulnerables de la escuela concertada

Así lo destaca un informe de Save the Children, que recalca que el coste de las escuelas concertadas en España es «inasumible» para las familias con menos recursos. Así, una familia con dos hijos y unos ingresos anuales de unos 9.100 euros tendría que dedicar casi un 26% de sus ingresos a la escuela concertada, teniendo en cuenta el pago de unas cuotas mensuales de unos 100 euros. Y es que España es el quinto país de la OCDE donde la financiación privada de la escuela concertada es más elevada y las familias asumen un coste del 22% del total, mientras que el Estado subvenciona el 80%. Solo por delante están Francia, Australia, Dinamarca y Estonia. Países como Suecia, Reino Unido, Países Bajos, Turquía o Eslovaquia pagan el 100% de la enseñanza concertada.

Además, el informe de Save the Children elaborado por el investigador de esta organización, Alfonso Echazarra, señala que la financiación pública de la escuela concertada está relacionada con las diferencias socioeconómicas que se observan entre el alumnado matriculado en ambos tipos de enseñanza. El perfil socioeconómico de los alumnos de las escuelas públicas y concertadas es más parecido en aquellos sistemas educativos donde la escuela concertada recibe mayor financiación pública y a medida que aumenta la financiación privada de una escuela, principalmente a través del cobro de cuotas a las familias, la proporción de alumnado vulnerable disminuye.

En el caso español, por cada 10 puntos porcentuales que aumenta la financiación privada de los centros escolares (equivalente a unos 50 euros mensuales), la matriculación de alumnado socioeconómicamente desfavorecido disminuye en unos 1,3 puntos porcentuales en esos centros, y la de alumnado con origen migrante en 0,9 puntos porcentuales.

Más escuelas concertadas en regiones más ricas

Por otra parte las regiones más ricas, con mayor nivel de renta per cápita, cuentan con más alumnado en el modelo concertado. El estudio no vincula la educación concertada a factores como la religión o la filosofía pedagógica del centro. De hecho en comunidades donde hay mayor porcentaje de creyentes la enseñanza concertada es menos habitual. Esta es la clave de que autonomías como Andalucía tengan menos colegios concertados. En Euskadi, Comunidad de Madrid, La Rioja, Navarra y Castilla y León al menos uno de cada tres estudiantes esta matriculado en un centro concertado en Primaria y Secundaria, mientras que en Ceuta, Extremadura, Canarias, Melilla, Andalucía y Castilla-La Mancha, menos de uno de cada cuatro estudiantes asiste a dichos centros.

«La escuela concertada no prolifera donde existen familias más religiosas, sino donde estas tienen suficiente capacidad financiera para pagar las cuotas que la mayoría de las concertadas necesitan para ofrecer servicios educativos de una calidad equivalente a las escuelas públicas», señala Echazarra. Una vez constatado esto, Save the Children apunta que no existe brecha en el rendimiento académico entre la enseñanza pública y la concertada.

Mejorar el modelo concertado y fondos adicionales para vulnerables

La ONG pide mejorar el sistema de concierto, con más financiación del Estado y con fondos adicionales por alumno en función de su vulnerabilidad. «Una actualización de los módulos económicos por unidad escolar, tal como estaba en el acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar», incide el director general de la ONG, Andrés Conde, que también apuesta por tomar como ejemplo el modelo del sistema catalán, donde hay una financiación adicional según la pobreza de las familias.

Asegurar la gratuidad a través de una inspección educativa o una Oficina de Gratuidad, eliminar las cuotas que hacen pagar los concertados e igualar los criterios de admisión en todos los centros y que sean implantados por las consejerías, son otras de las medidas que apunta Conde. Todo ello junto con una supervisión en la inspección educativa y el mismo acceso a becas para todo el alumnado. «Todas estas medidas producirían una reducción significativa en la segregación y mejora de la equidad y de la educación», recalca.

La patronal de concertada Escuelas Católicas ha reaccinado con un comunicado a la publicación del informe manifestando su «sintonía» con Save the Children, «al poner de relieve en su reciente Informe una reivindicación que llevamos años exigiendo: la urgente necesidad de corregir la infrafinanciación que afecta a los centros concertados». No obstante, considera «necesario aclarar ciertas afirmaciones y conceptos equívocos» que utiliza el Informe sobre la gestión de los centros concertados y su papel en el sistema educativo.

Los centros concertados no segregan, la falta de financiación, sí
El Informe señala que las escuelas concertadas contribuyen a la segregación escolar, pero más adelante aclara que el acceso a los centros concertados está limitado por la propia Administración, que es –según EC– «la que genera el efecto segregador al restringir o excluir a sus potenciales alumnos de las ayudas públicas existentes para alumnos de centros públicos». EC resalta el «esfuerzo de la comunidad educativa de la enseñanza concertada para compensar la infrafinanciación estructural tiene efecto en los mejores resultados académicos de sus alumnos y aporta claros beneficios sociales».

Cuotas y servicios adicionales: un malentendido frecuente
Los centros concertados, como cualquier centro sostenido con fondos públicos, ofrecen una educación gratuita. Según EC, «es importante distinguir entre las cuotas que se pagan por servicios adicionales como el transporte, el comedor o las actividades extraescolares, y la aportación de las familias, siempre voluntaria y nunca vinculada al derecho a la educación, tal y como dicta la normativa vigente».

Criterios de admisión fundamentales, iguales para todos los centros
Para EC, es necesario aclarar también que «la normativa de admisión de alumnos en los centros concertados es idéntica a la de los centros públicos. No existe ningún tipo de discriminación ni de selección y los criterios de acceso aplicables son establecidos por la Administración para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes». Los criterios complementarios de acceso de los que habla el Informe son «residuales, afectan por igual a todos los alumnos, y jamás tienen que ver con su capacidad económica», añade el comunicado patronal.

Comprometidos con una educación inclusiva y de calidad
Para EC, «es el momento de avanzar hacia una verdadera gratuidad de la educación y de que la Administración asegure que todas las familias, sin excepción, puedan ejercer su derecho a elegir el centro educativo que mejor responda a sus necesidades y valores».