La Junta de Castilla y León niega que pierda fondos del Ministerio por retrasar su adhesión al convenio Goyri

La Consejería de Educación ha informado este jueves, en la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, de la firma de este convenio, que se produce después de que el resto de autonomías ya se hubieran adherido para acceder a los recursos ofrecidos por el Ministerio para los próximos años. En el caso de las universidades públicas de Castilla y León supondrá la contratación de 178 profesores en la Universidad de Salamanca, otros 152 en la de Valladolid, otros 61 en la de Burgos y otros 54 en la de León, con un plazo de ejecución que se prevé hasta 2028, pero prorrogable a 2031. En ese momento, a la culminación de esas contrataciones, la Junta calcula que las nóminas de estos profesores supondrán un importe cercano a los 18 millones de euros, que serán asumidos por las arcas autonómicas, mientras que hasta ese momento 11 millones serán aportados por el Ministerio y los restantes 7 por la Administración autonómica, según las explicaciones dadas por el portavoz.

«No vamos a perder nada de dinero», ha asegurado Carriedo, convencido de que la Consejería de Educación va a invertir «todo lo que corresponde» a Castilla y León en esta materia y a partir del próximo ejercicio 2025.

‘Yo invito y tu pagas’

El también consejero de Economía y Hacienda ha criticado que en este programa el Gobierno haya aplicado el principio de «yo invito y tu pagas», porque entiende que debería ser el Ministerio el que asumiera el coste de la implementación de una medida que impulsa, aunque se trate de una competencia exclusiva de la propia Comunidad. Carriedo ha comparado esta situación con lo ocurrido con la creación de plazas gratuitas para las familias de educación de 0 a 3 años, que inicialmente financió el Gobierno central y que a partir de ahora tendrá que asumir íntegramente la Junta, con una cuantía que ha cifrado en 58 millones de euros anuales.

Fue el pasado lunes cuando el Ministerio desveló en un comunicado de prensa que la Junta de Castilla y León no se había sumado a este convenio, mientras que el resto de autonomías sí lo habían hecho, lo que motivó un encendido debate en las Cortes de Castilla y León entre la consejera de Educación, Rocío Lucas, y el portavoz de Universidades del Grupo Socialista, Fernando Pablos. Lucas respondió a una interpelación en la que el socialista denunció la «dejadez» de Lucas por perder esta financiación para la contratación de personal para las universidades que sí han obtenido otras 16 autonomías.

En su respuesta, la consejera justificó esta decisión al afirmar que estos fondos no iban a poder ser ejecutados en lo que resta de año y añadió que, según su criterio, esto implicaría que el dinero tuviera que ser devuelto «con intereses» al Ministerio, lo que ha considerado como una forma de «hacer caja» por parte del Ministerio. La consejera aseguró que, tras «meses» de trabajo y a falta de algunos detalles, iba a firmar el convenio estos días, como así ha anunciado la Junta este jueves. «No hemos perjudicado» a las universidades, aseguró Lucas, frente a las críticas lanzadas por Pablos (PSOE), quien remarcó que, al escuchar a Lucas, es como si el resto de las autonomías que han firmado en plazo para recibir los fondos de 2024 hubieran hecho «el ridículo». «¿Pero qué tontería es esa?», se preguntó Pablos.

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves en Consejo de Gobierno 17,33 millones de euros para financiar un incremento salarial del dos por ciento en las cuatro universidades públicas de la comunidad. De esta forma, la Consejería de Educación las subvenciones a las universidades serán de 467,8 millones este 2024, un 4,5% más que el pasado año.

En la referencia del Consejo de Gobierno, la Consejería ha recordado que realizó los pasados 25 de enero, 21 de marzo, 27 de junio y 17 de octubre las habituales aportaciones trimestrales a las universidades públicas de Castilla y León para financiar globalmente su funcionamiento con 450.465.992 euros. Ahora se hace una aportación extraordinaria de 17.334.487 euros para financiar el incremento salarial del 2 % (sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior). En concreto, la Universidad de Burgos (UBU) recibirá 2.608.056 euros; la de León (ULE), 2.684.440 euros; la de Salamanca (USAL), 5.812.350; y la de Valladolid (UVA), 6.229.641 euros.

Con ello, una vez concedidas estas aportaciones extraordinarias, la cuantía total aportada a las universidades públicas por parte de la Junta de Castilla y León en el ejercicio 2024 para financiar globalmente su funcionamiento asciende a 467.800.479 euros (UBU, 52.052.384 euros; ULE 76.624.440 euros; USAL,169.561.830 euros; UVA, 169.561.825 euros).