País Vasco y Madrid rechazan el decreto de nuevas universidades

Así lo trasladará este jueves el viceconsejero de Universidades, Xabier Aizpurua, en la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) que se celebrará en Valencia. La CGPU es el órgano de coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en materia de política universitaria, y constituye el espacio en el que se abordan iniciativas como esta, que afectan al reparto competencial y al modelo universitario de cada territorio.

El Ejecutivo vasco, según ha informado en una nota el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, considera que esta propuesta «altera de forma sustancial el régimen jurídico universitario». El proyecto plantea modificar buena parte del articulado vigente «sin que se haya concedido a las comunidades autónomas el preceptivo trámite de audiencia», ha señalado. Recuerda además que el Gobierno vasco ya presentó alegaciones al texto el pasado 15 de abril, sin haber recibido respuesta por parte del Ministerio hasta la fecha.

Entre los motivos de este rechazo, el Departamento de Universidades enumera aspectos formales, como la tramitación del proyecto de reforma por la vía de urgencia sin justificar debidamente tal procedimiento en un asunto de gran calado. Otro de los argumentos es que invade atribuciones que corresponden a las comunidades autónomas, y también critica que genera «un entorno normativo restrictivo» que dificulta la incorporación de nuevas universidades al sistema, «afectando de forma negativa a la diversidad y calidad del panorama universitario».

Según el Departamento, el texto normativo atribuye al Estado las competencias relativas a las universidades online, lo que constituye una centralización «contraria a las competencias autonómicas». Además «convierte en vinculantes los informes de las agencias de calidad, lo que hurta a los parlamentos autonómicos la capacidad legislativa en este ámbito» y eleva de dos a tres los programas de doctorado que han de ofrecer las universidades, lo que dificulta la especialización de las universidades. También denuncia que se exija un número mínimo de estudiantes de 4.500, «cuando algunas de las mejores universidades del mundo tienen números inferiores».

Por su parte, el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Comunitat Valenciana, José Antonio Rovira, ha afirmado que el Ministerio “se ha visto obligado a corregir parcialmente el decreto sobre universidades tras las críticas de las comunidades autónomas”. Rovira ha hecho estas afirmaciones en un comunicado donde anuncia también que asistirá este jueves por la tarde a la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria convocada por el Ministerio y que se celebra en Paterna (Valencia), presidido por la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant.

En el orden del día figura un informe sobre el proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, relativo a la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, así como a la acreditación institucional, según avanzan fuentes de la Conselleria.

Por su parte, fuentes del Ministerio señalaron esta mañana a Efe que el Gobierno quiere aplicar el nuevo decreto de Universidades, que endurece los criterios para crear centros universitarios, a las privadas que han iniciado ya procedimientos pero que se encuentran en trámite inicial y están pendientes del informe que debe emitir el Consejo General de Política Universitaria (CGPU). Esas fuentes ministeriales avanzaron que Morant propondrá en esa reunión de este jueves una nueva disposición transitoria que afectaría a las diez universidades privadas que han solicitado ya su creación o reconocimiento con el fin de que tengan que obtener un informe favorable de la Aneca o de la agencia de calidad de su comunidad autónoma.

En su comunicado, Rovira ha recordado «el malestar» que generó este proyecto hace unas semanas y ha señalado: «La ministra pretende que el Estado asuma competencias que corresponde a las comunidades autónomas, vulnerando así la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) e incluso el Estatut d’Autonomia, razón por la que desde la Conselleria presentamos alegaciones, al igual que otras regiones”. Según el conseller, el Ministerio «ha rectificado parcialmente», eliminando una parte de la disposición transitoria quinta, y ha añadido: “De esta forma, las universidades online o híbridas que ya existían previamente a la modificación de este Real Decreto se van a quedar como estaban, dependiendo de las comunidades autónomas y de las agencias de calidad autonómicas en caso de que la comunidad autónoma en cuestión disponga de ellas, como es el caso de la Comunitat Valenciana con la AVAP”.

Con esta modificación se da también marcha atrás en la pretensión de dispensar a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) del control del Estado central, apuntan desde la Conselleria del Gobierno valenciano. Sin embargo, el conseller ha señalado que es una “rectificación a medias” por parte del Ministerio. “Se mantiene las competencias de las comunidades autónomas sobre universidades, pero solo –ha apuntado– en las que existentes hasta ahora, no con las futuras, por lo que las universidades que cumplan con ese requisito del 80 % virtual o híbrido pasarán a depender del Estado”. A su juicio, esta cuestión es «un grave ataque» al Estado autonómico y un ejemplo de “recentralización”. “No se entiende que una ministra valenciana como Diana Morant defienda un texto legal que priva de competencias a la Generalitat”, ha añadido.

José Antonio Rovira ha remarcado su «firme propósito» de seguir trabajando por un sistema universitario valenciano que permita a las universidades de la Comunitat «seguir siendo punteras tanto a nivel nacional e internacional tanto en formación, como en investigación y transferencia”. “Desde la Generalitat siempre vamos a defender un modelo universitario basado en la calidad y la equidad, y eso es lo que hemos hecho a través de las alegaciones”, ha indicado el conseller.

Por su parte, la Comunidad de Madrid mostrará «un fuerte rechazo» al decreto porque crea «inseguridad jurídica». «Vamos a mostrar un fuerte rechazo a este decreto, porque realmente no es que vaya en contra de la universidad privada, que por supuesto, sino que va en contra del sistema universitario y en contra de la Constitución y las leyes ya que aplica la retroactividad en ámbitos absolutamente impensables», ha señalado el consejero de Educación madrileño, Emilio Viciana durante su visita a un Centro integral de Formación Profesional. Madrid se suma así a la opinión contraria que también han expresado la Consejería vasca y que así lo hará saber en la CGPU que se celebra este jueves en Valencia.

El consejero de Madrid ha avisado de que «vamos a mostrar un núcleo muy duro de oposición a este Real Decreto» ya que afectaría a unos cuantos proyectos en la Comunidad y «a universidades que ya están funcionando». «Esto es algo muy preocupante. Lo que da es una idea muy clara de inseguridad jurídica. Creo que creo que perjudica a Madrid y a España en general. Estamos dando una imagen muy mala en el extranjero», ha puntualizado Viciana.