El Ministerio plantea una ley para bajar las ratios en centros y aulas con alumnado vulnerable

El Ministerio de Educación y los principales sindicatos de la enseñanza pública no universitaria se han reunido este martes para avanzar en el grupo de trabajo cuatro, encargado de negociar las condiciones laborales del profesorado que debe contemplar un nuevo Estatuto Docente. El Ministerio ha planteado modificar la ley de 2017 de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria para que en el curso 2026-27 se haya establecido por ley una bajada de la jornada lectiva y una disminución de las ratios en las aulas. Sin embargo esta ley deberá pasar por el Parlamento para ser debatida y votada.

El anteproyecto de ley al que ha tenido acceso MAGISTERIO señala que para homogeneizar el número de horas lectivas que tiene el profesorado en las diferentes comunidades autónomas «es razonable» establecer un máximo legal, sin perjuicio de que cada administración decida rebajarlo aún más. En este sentido propone que en centros públicos la jornada lectiva sea de 23 horas en Educación Infantil, Primaria y Especial y de 18 horas para el resto de las enseñanzas de régimen general (ESO, Bachillerato y FP).

No obstante, «con carácter excepcional, cuando la distribución horaria del centro lo requiera, las horas lectivas impartidas podrán superar el número establecido con carácter general, pudiendo alcanzar las veintiuna horas». En estos casos, la parte del horario que exceda de las dieciocho horas se compensará a razón de dos horas complementarias por cada periodo lectivo que las supere, puntualiza el texto del borrador que considera jornada lectiva un periodo inferior a 60 minutos.

Para la elaboración de esta norma, el Ministerio señala que han sido consultadas las comunidades autónomas, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el Consejo Escolar del Estado.

Bajada de ratios, pero no universal

Educación y sindicatos negociarán también cómo aplicar una propuesta de ratios en aulas pero no de forma universal. Se aplicará allí donde exista alumnado con necesidades educativas especiales y en centros docentes ubicados en zonas de especial complejidad social, o bien susceptibles de mejora de resultados educativos en cuanto a tasas de éxito, promoción, titulación y abandono escolar. Para cuantificar una cifra se trabajará con una serie de indicadores como las estadísticas de tasas de promoción, titulación y abandono escolar, los datos del observatorio y atlas de vulnerabilidad urbana y el índice de vulnerabilidad socioeconómica.

Se pondrá especial interés en reducir las ratios máximas en 5º y 6º de Primaria, en 1º y 2º de la ESO y en FP Básica y Bachillerato por considerar que son momentos importantes de la historia escolar o de necesidad de mayor apoyo y atención personalizada. Las intervenciones sobre ratios podrían comenzar a aplicarse en su primera fase a partir del curso 2026-27.

Según Educación la bajada de ratios muestra sus efectos positivos más directos cuando se aplica en centros que atienden a un porcentaje significativo de alumnado procedente de zonas con dificultades socioeconómicas o con condiciones de vulnerabilidad, o bien, en determinados contextos, ciclos, niveles y transiciones entre etapas educativas.

Los sindicatos de enseñanza no universitaria valoran la propuesta del Gobierno de bajar por ley las horas lectivas y las ratios en las aulas y centros más vulnerables, pero avisan de que no es suficiente. Así, mientras CCOO ha enviado un formulario a los docentes para ver si quieren movilizarse, CSIF advierte de que estará «expectante» y ANPE urge avanzar en otras reivindicaciones. «La actitud del Ministerio es dilatoria en el resto de nuestras reivindicaciones y se nos ha acabado la paciencia, así que pasamos a la acción. Contesta esta encuesta y pongamos en común prioridades y movilizaciones, que, desde el sofá, no se arregla nada», ha enviado la Federación de Enseñanza de CCOO a los profesionales de la docencia tras incidir en que las dos propuestas del Ministerio son insuficientes. CCOO, UGT, ANPE, CSIF y STES-I recuerdan que hay otras reivindicaciones claves como la desburocratización, las mejoras salariales o la carrera profesional del docente y urgen al Ministerio a avanzar en otras mesas negociadoras.

El secretario estatal de Acción Sindical de ANPE, Ramón Izquierdo, ha señalado a Efe que «este arranque llega tarde después de un curso pasado decepcionante» y urge «avanzar» en cuestiones fundamentales como un nuevo sistema de ingreso y acceso y carrera profesional. No obstante incide en que «cualquier anuncio en la línea de desarrollar mejoras para las condiciones laborales del profesorado y de la Educación contará como siempre con la participación constructiva de ANPE».

La Federación de Enseñanza de CCOO lamenta que el Ministerio no baje ratios en las aulas con carácter general para todo el alumnado con cualquier necesidad específica de apoyo, para que cuente doble a efectos de calcular el número de alumnos. El sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos señala en un comunicado que el límite máximo de horas de docencia así como la bajada de las ratios «puede ser un logro para la mejora del sistema educativo», pero critica la demora del Ministerio en poner estas propuestas sobre la mesa, que ya se podían haber aplicado este curso. UGT considera prioritario y urgente cumplir también con la aplicación efectiva de la reducción de la jornada laboral a las 35 horas semanales, con la simplificación y reducción de la burocracia o con la incorporación al subgrupo A1 para todo el profesorado que imparte docencia en los niveles no universitarios.

Por su parte, CSIF coincide en que la reducción de alumnos y de horas lectivas «contribuirá a resolver parte de los problemas estructurales del sistema educativo», pero avisa de que estará «expectante» para que esta negociación no se dilate y se avance en otras reivindicaciones como mejoras retributivas o reforma del sistema de acceso. El sindicato STES-I lamenta que la reducción de ratios solo afecte a las aulas con alumnado con necesidades especiales educativas y no a todo el estudiantado con necesidad de apoyo o con problemas de aprendizaje. En este sentido, recuerda en un comunicado que en el curso 2023-24 el 14% del total del alumnado tenía necesidades de apoyo, el 3,6% necesidades educativas especiales (Acnee) y el 8,7% necesidades específicas de apoyo educativo.

Precisamente CCOO incidía en su último informe en que el alumnado con necesidades educativas especiales asociado a recursos ha crecido el 36,18% en los últimos seis años, mientras que el alumnado con necesidades específicas de aprendizaje (DEA) que no va ligado a la obligatoriedad de recursos o apoyo ha aumentado el 66,87%. También el alumnado con situaciones de vulnerabilidad ha crecido más del doble, el 128% desde 2017.

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha exigido al Gobierno igualar las condiciones laborales de todo el profesorado de enseñanza no universitaria, público y concertado, y ha lamentado que el Ministerio de Educación les deje fuera en las mejoras que plantea por ley en horarios lectivos y ratios. El secretario general de FSIE, Enrique Ríos, ha señalado en un comunicado que el borrador del anteproyecto de ley de mejora de las condiciones del profesorado no universitario que contemplará rebajar las ratios en centros y aulas vulnerables o reducir las horas lectivas «ahonda en la brecha de desigualdad y en la falta de equiparación de las condiciones laborales» de todos los docentes. Exige que durante la tramitación de la futura ley se incorpore a la enseñanza concertada y haya un marco común ya que «igualar las condiciones laborales y salariales evita desequilibrios entre docentes que trabajan en el mismo sistema educativo».

FSIE no descarta movilizaciones ante el «inmovilismo ministerial» y la «infrafinanciación» de la enseñanza concertada al tiempo que considera que se incumplen derechos constitucionales como el de la jubilación parcial de este profesorado.