El Supremo ratifica el derecho del profesorado universitario a tiempo parcial a cobrar quinquenios
El fallo, que es firme, implica no aplicar los coeficientes reductores que hasta ahora afectaban a este colectivo. Tras un largo proceso judicial promovido por Comisiones Obreras (CCOO), el Supremo ha puesto fin a «una histórica discriminación salarial» en el ámbito universitario al ratificar el derecho del Personal Docente e Investigador (PDI) laboral a tiempo parcial a percibir los quinquenios sin ningún tipo de recorte, indica en una nota el sindicato.
En una sentencia, con número 748/2025, la Sala de lo Social del alto tribunal desestima los recursos de casación presentados por seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid y confirma un fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del 21 de marzo de 2022. La resolución judicial, que ya no admite más recursos, anula la práctica de aplicar un «coeficiente de parcialidad» que, en la práctica, obligaba al profesorado asociado y a otros docentes a tiempo parcial a trabajar el doble de años que un profesor a tiempo completo para generar el derecho a cobrar este complemento.
Asimismo, la sentencia establece que la cuantía del quinquenio debe abonarse de manera íntegra, y no proporcional a la jornada laboral, corrigiendo así lo que el sindicato CCOO calificó como una «doble discriminación». El fallo afecta a todo el profesorado a tiempo parcial que pueda acreditar cinco años de actividad docente. Esto incluye tanto a aquellos a quienes ya se les había reconocido el derecho pero no se les había abonado, como a quienes lo soliciten en futuras convocatorias de evaluación.
Comisiones Obreras espera que las universidades públicas procedan «de oficio» al abono de los quinquenios reconocidos y no pagados desde el año 2020, además de adaptar las futuras convocatorias a los términos de la sentencia. Para esta central sindical, esta decisión supone «una victoria significativa para la acción sindical y la justicia social», que corrige una desigualdad y fortalece el modelo de universidad pública, asegurando que el mérito y la dedicación del personal docente sean reconocidos sin importar la naturaleza de su contrato.