Universidades del G-9 piden al Ministerio que cumpla compromisos en materia de profesorado
El Grupo 9 de Universidades (G-9) está conformada por las universidades públicas que son únicas en sus respectivas comunidades autónomas.
La petición ha partido de la Comisión Sectorial de Profesorado de ese grupo de universidades que se ha reunido durante dos días en Cantabria, bajo la presidencia de la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz. Según informa la universidad cántabra en un comunicado, las vicerrectoras y vicerrectores de Profesorado de esas universidades ha reclamado al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a garantizar la financiación comprometida en los convenios del programa María Goyri suscritos junto a las comunidades autónomas. Han instado también a reconocer y atender los costes derivados de la evolución de las plantillas de personal docente e investigador motivada por la aplicación de las exigencias de la LOSU.
Además, ha señalado que la evaluación orientativa del desempeño de las profesoras y los profesores ayudantes doctores debe ser asumida por las agencias de calidad, al tratarse del mecanismo más fiable para valorar el progreso y la calidad de su actividad docente, investigadora y, en su caso, de transferencia e intercambio de conocimiento. Solo así, aseguran, puede cumplirse el objetivo que persigue la LOSU de ofrecer a este colectivo una orientación eficaz que les permita alcanzar los méritos necesarios para obtener la acreditación que les habilite a concursar a una plaza de profesorado permanente al término de su contrato.
Asimismo, han exigido al Ministerio y a las agencias de calidad que aclaren de forma definitiva el horizonte de la evaluación de la figura del profesor permanente laboral, especificando hasta cuándo permanecerá abierta la convocatoria de evaluación a profesor contratado doctor, y que detallen con precisión los procedimientos, plazos en los que estará disponible la evaluación para acceder a la figura de profesor permanente laboral. Y han trasladado su preocupación por la dificultad que genera la continua modificación del proyecto de real decreto de ámbitos y especialidades, que, a día de hoy, carece de un documento de referencia estable, generando inseguridad y confusión en las universidades, han manifestado.
El G-9 está formado por las universidades públicas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Navarra, Oviedo, País Vasco y Zaragoza, así como la Universidad de Murcia como entidad colaboradora.