El colegio de la alumna que se suicidó pide "cautela" hasta que finalice la investigación
«Estamos profundamente consternados por el fallecimiento de Sandra. El profesorado, sus compañeros y toda nuestra comunidad educativa acompañamos a su familia en el dolor profundo por el que están atravesando», ha publicado este colegio concertado en un comunicado en sus redes sociales. El centro ha explicado que cuenta con 50 profesionales y 760 alumnos: «Muchos de ellos llevan con nosotros toda su vida escolar. Nuestra obligación es protegerlos de comentarios y situaciones que pueden ser altamente perjudiciales para ellos. Por ello, pedimos que cese cualquier situación violenta como las que se han producido en las inmediaciones de nuestro colegio».
Irlandesas Loreto advierte de que cualquier acción de este tipo está perjudicando a los niños, todos ellos menores de edad, y que su prioridad es velar por el alumnado y sus familias «en un momento tan delicado». Por ello, ha añadido, el equipo de orientación y de bienestar emocional está atendiendo de manera especial a los estudiantes. El centro está también colaborando con las autoridades competentes que investigan lo sucedido y ha indicado que el Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial (Grume) de Sevilla le ha pedido «evitar dar cualquier tipo de información sobre el caso».
La Fiscalía de Menores va a abrir dos expedientes tras el suicidio de la joven de 14 años Sandra Peña el pasado martes en Sevilla: uno sobre las menores supuestamente implicadas en un caso de acoso escolar a la menor y otro para evaluar la posible responsabilidad del colegio Irlandesas Loreto en el que estudiaba.
La Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha advertido este lunes de que el Colegio Irlandesas Loreto de Sevilla podría perder su actual concierto educativo si, en el expediente abierto a raíz del suicidio de la menor de 14 años Sandra Peña, se confirmara que ha habido algún tipo de incumplimiento «muy grave». Fuentes de la administración educativa han informado a Efe que, en cualquier caso, será la Fiscalía la que determine la posibles responsabilidades ante un posible caso de acoso escolar.
La titularidad del centro será la que deba depurar por su parte las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería. A partir de ahí, en el caso de que el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría determinar su retirada por parte de la Junta, han añadido las fuentes. La Fiscalía de Menores ha recibido ya un oficio de la Inspección Educativa y ha iniciado su estudio para decidir si abre las correspondientes diligencias a raíz del suicidio de Sandra Peña, que se quitó la vida el pasado martes en Sevilla.
Fuentes del Ministerio Público han informado este lunes a Efe de que este caso de posible acoso escolar está en manos de la Fiscalía de Menores, que encabeza en Sevilla la fiscal coordinadora, Marta Valcarce. La documentación remitida por la Inspección Educativa, dependiente de la Junta de Andalucía, se centra en cómo se habría aplicado el protocolo de acoso en este centro educativo, han añadido las fuentes. La consejera andaluza de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, aseguró el pasado viernes que la Inspección había constatado que el colegio de la adolescente adoptó una serie de medidas aunque «no le consta» el inicio de los protocolos de acoso ni el de conductas autolíticas.
La familia de la menor también anunció que emprenderá «todas las medidas legales necesarias» ante la que considera inacción del centro escolar, ya que la única medida que habría tomado fue cambiar de aula a las supuestas acosadoras a petición de la madre de la adolescente, según indicó el tío de la niña, Isaac Villar.
