El Gobierno publicará los resultados académicos y los precios de todas las universidades
El nuevo decreto sobre reconocimiento y autorización de universidades que endurece los criterios para poder crear nuevos centros, establece que para garantizar la calidad de las universidades el Ministerio recibirá de las comunidades autónomas información detallada sobre la actividad de las universidades adscritas a sus territorios. El Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) publicará cada año datos no solo de los alumnos matriculados en cada universidad sino también de sus resultados académicos.
También, los precios de matriculación pagados por cada crédito ECTS o bien los asociados a la matrícula, aunque en el caso de las universidades privadas esta información únicamente hará referencia al valor medio del precio de matriculación del conjunto de estudiantes para cada título oficial.
A las universidades públicas se les pedirá información sobre sus cuentas anuales, con detalle de los presupuestos de ingresos y gastos, y a las privadas el volumen de sus ingresos medido como el importe neto de la cifra de negocios. El Gobierno quiere también recabar información sobre la actividad de investigación, de transferencia y de innovación realizada por el personal de las universidades, y de sus resultados, así como de los recursos internos y externos captados para su desarrollo desglosados por agente financiador. Se conocerán los equipamientos e instalaciones académicas, de investigación y de servicios disponibles.
El Ministerio publicará en su web un indicador que permitirá comparar las tasas de empleabilidad y los salarios brutos de todos los estudiantes -al cabo de tres, seis y diez años- desde la finalización de sus respectivas enseñanzas oficiales. También las tasas de afinidad de los empleos de los egresados con la formación recibida al cabo los años.
Las nuevas universidades, las de reciente creación y aquellas que ya han sido autorizadas, tendrán hasta nueve años para cumplir con los 4.500 alumnos que marca la nueva ley sobre creación y reconocimiento de universidades y que entrará en vigor el 27 octubre. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el decreto aprobado por el Gobierno para frenar la «eclosión» de universidades privadas de los últimos años y que actualmente absorben el crecimiento de universitarios matriculados en España.
En el curso 2025-26 se han matriculado 1,9 millones estudiantes pero mientras en las universidades públicas el crecimiento es del 3 % respecto al curso pasado y frente a un 21 % que se registraba hace diez años, en las privadas se dispara el número de alumnos y casi triplica su tasa de aumento. El nuevo decreto obligará a todas las universidades a adaptarse a unos criterios más exigentes en un plazo general de tres años, aunque amplía este margen en lo relativo al número mínimo de alumnos y a los criterios vinculados con el profesorado.
«No queremos cerrar a nadie. La ley quiere asegurar que todas las universidades sean buenas, pero también damos armas a las comunidades autónomas para actuar y para que llegado el momento puedan incoar expedientes», insisten fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La ministra Diana Morant ha señalado hoy en una entrevista en TVE que todas las universidades públicas cumplen y que de las privadas «habrá algunas que vayan a tener más dificultades» pero que para eso se da flexibilidad.
Mayor flexibilidad en el número de alumnos
El decreto establece seis años para que las nuevas universidades puedan alcanzar un mínimo de 4.500 alumnos. No obstante, si a los seis años no han alcanzado esta cifra pero llegan a los 3.150 estudiantes, la administración daría el visto bueno, y en caso contrario ampliaría el plazo tres años más para que pudiera cumplir con los 4.500 estudiantes. Las universidades con actividad desde 2022 dispondrán de un plazo de cinco años para adaptarse y todas las anteriores de solo tres.
Tres años para aumentar el número de doctores
Las nuevas universidades tendrán tres años para que el 50 % de la plantilla sean doctores o doctoras pero un margen de siete años para que de ellos, un 60 % tenga reconocido un sexenio de investigación. El número total de docentes será de al menos de 1 por cada 25 alumnos matriculados, aunque en el caso de las enseñanzas on line podrá oscilar entre los 25 y los 50 estudiantes (con algunas excepciones aún mayores) dependiendo de las titulaciones y de la mayor o menor presencialidad. También para cumplir con los objetivos de aumentar la inversión en investigación el decreto establece cinco años de adaptación. «De no hacerlo, las administraciones públicas competentes podrán incoar expediente de revocación de la licencia de actividad académica», señala el decreto.
Coto a las virtuales
En el curso 2024-25 el 26% del estudiantado universitario estudiaba en formato virtual. A partir de ahora las nuevas universidades virtuales que se autoricen tendrán que cumplir con los nuevos criterios, como cumplir con que el 75 % de los docentes estén en España o en la Unión Europea, en un plazo de entre cuatro y seis años. En este sentido hay 8 universidades, tres de ellas on line que se verán afectadas ya que todavía están pendientes del informe del Ministerio y requieren de un dictamen favorable por parte de las agencias de evaluación para poder funcionar: la Universidad Internacional de Aragón UNIAR, The Power University, Universidad NCI Aragón, Universidad Europea de Extremadura, CEU Nuñez de Balboa, UDDI Universidad Digital, Universidad Internacional de Estepona Antonio Guerrero y Universidad Europea de Asturias.
