El Ministerio fijará los criterios para decidir en qué centros se podrán bajar más las ratios

Después de que el Ministerio de Educación haya planteado una reducción de las ratios con carácter general de 22 alumnos como máximo por aula en Primaria y de 25 en Secundaria (frente a los 25 y 30 alumnos que establecía la ley anterior), el Gobierno ha propuesto tener en cuenta no solo al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE), que a partir del curso que viene contará doble. Los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria se han vuelto a reunir este jueves con el Ministerio para avanzar en el anteproyecto de ley que modificará el de 2019, sobre mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia.

El nuevo borrador (el tercero que se presenta) señala que, además de reducir la jornada lectiva semanal a 23 horas máximo en Infantil, Primaria y Especial, y a 18 horas en el resto de las enseñanzas obligatorias reguladas, la reducción de ratios también se tendrá en cuenta entre otros colectivos de alumnos vulnerables y en el ámbito rural. «La determinación de las ratios en las distintas enseñanzas favorecerá la igualdad de oportunidades en el ámbito rural a través del establecimiento de criterios cualitativos que fomenten en dicho ámbito la permanencia del alumnado en el sistema educativo», señala el documento, que recoge que en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la ley se establecerán las ratios en aquellas enseñanzas no reguladas.

Además, incorpora una nueva disposición adicional que señala que será el Ministerio el que «establecerá los indicadores de referencia para la determinación de aquellos centros educativos en los que, por escolarizar a un elevado número de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, por estar ubicados en zonas de especial complejidad social o para mejorar las tasas de éxito, promoción, titulación y reducir las de abandono escolar, se requiera la adopción de medidas concretas que faciliten una atención específica al alumnado». Medidas que podrán incidir tanto en una mayor adaptación de las ratios máximas establecidas como de los medios personales y materiales necesarios.

Asimismo, el Gobierno, previa consulta a las administraciones educativas, regulará las condiciones mínimas de dotación de apoyos especializados que promuevan una educación inclusiva en todos los centros educativos que responda a la diversidad del alumnado en cuanto a intereses, capacidades y necesidades. No obstante, los sindicatos inciden en que estos recursos deben ser generalizados en todos los centros con alumnado vulnerable y no apuntar solo a algunos, porque «la diversidad está en todos los colegios», señalan a Efe fuentes sindicales presentes en la mesa negociadora que piden que también el alumnado con necesidades educativas especiales (ACEE) compute como dos plazas.

STEs-Intersindical ha lamentado la falta de atención en la etapa de Infantil, especialmente el primer ciclo, «donde el carácter preventivo y compensador del alumnado con más desventaja de origen tiene mayor relevancia para el futuro éxito educativo». CSIF echa en falta ratios para los especialistas de la atención a la diversidad y señala que «deberíamos disponer de una norma básica para tener máximos para Maestros de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y Orientadores» al tiempo que pide rapidez en la tramitación del anteproyecto de ley, que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros y pasar por las Cortes.

Por otra parte, como la bajada generalizada de ratios podría afectar a centros educativos con pequeñas infraestructuras, que no podrían desdoblar grupos por falta de espacio, el Gobierno ha garantizado que las administraciones educativas tendrán que destinar igualmente los recursos humanos adicionales que le correspondan. «Las administraciones educativas garantizarán los recursos humanos adicionales, que se corresponderán con la dotación de los grupos que hubiera sido necesaria en virtud de las ratios establecidas», señala el texto del borrador.

Los sindicatos de la enseñanza concertada, FSIE, USO, UGT Servicios Públicos y CCOO, han urgido al Ministerio de Educación avanzar ya en las mejoras laborales y salariales del profesorado de los colegios concertados y que la bajada de ratios y de la jornada lectiva en los centros públicos también afecte a sus docentes. Representantes de los sindicatos de la concertada han señalado, en un comunicado, que el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, se ha comprometido a reactivar el diálogo y las negociaciones para atender las mejoras de las condiciones laborales y retributivas del profesorado y personal de los centros sostenidos con fondos públicos.

Durante una reunión mantenida el pasado viernes, las organizaciones sindicales han denunciado que si no se aplica la reducción de ratios en las aulas y la bajada de la jornada lectiva en la concertada se produciría «una nueva discriminación hacia sus profesionales». Los sindicatos han recordado que el profesorado de la concertada «forma parte de la prestación del servicio público de educación, imparte el mismo currículo y atiende a la misma diversidad del alumnado, por lo que es imprescindible garantizar las mismas condiciones laborales, recursos materiales y reconocimiento institucional que en la red pública». Han exigido la reactivación de los grupos de trabajo para el estudio del puesto escolar y la mejora de las condiciones laborales.