La Comunidad de Madrid dará 10 millones más al año en financiación por objetivos a las universidades
Se espera que la nueva ley «esté en la Asamblea de Madrid para diciembre y pueda aprobarse a lo largo de la primavera de 2026», según el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, para quien «es previsible que haya cambios en el texto» porque la consejería «sigue hablando con los rectores». “Queremos que esta ley reúna el máximo consenso posible. Por eso estamos escuchando a todos, muy especialmente a los rectores de las universidades públicas, con los que estamos manteniendo un diálogo fluido», ha dicho en un encuentro informativo el viernes para abordar lo más destacado del inicio del curso 2025-26.
El último borrador incorpora algunas peticiones y sugerencias de los equipos directivos de la Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III, Rey Juan Carlos, y del resto de la comunidad universitaria. Se ha detallado la financiación por objetivos, que junto a la básica para el normal funcionamiento de los centros y la específica que recibirán para necesidades concretas, conformarán el nuevo modelo de universidades públicas, sobre cuyo importe total «se sigue trabajando».
La financiación por objetivos estará dotada con 10 millones anuales extra, que se «repartirán entre las seis universidades» cuando éstas acrediten determinados logros en su actividad académica o investigadora. La lista de objetivos se ha simplificado y, además, se abre la puerta a que cada centro pacte con la Comunidad los objetivos que más se adecuen a sus características. Entre ellos figuran los programas de investigación y atracción de profesores de excelencia de otros países y regiones, principalmente de Europa e Hispanoamérica, y el incentivo a la oferta de títulos relacionados con las Humanidades y con sectores estratégicos de la región.
Elección de gerentes e interventores
El texto recoge ahora que «será el rector, de acuerdo con el Consejo Social, el que elija al gerente de cada universidad», eliminando la elección por concurrencia. Además, la figura del interventor se reconvierte en «una Oficina Económico Presupuestaria a cargo de dos de estos profesionales, uno elegido por el rector y el otro por el Consejo social». También se precisa el papel del Distrito Único de Prácticas, cuyo objetivo es que «ningún estudiante se quede sin una plaza para realizar esa parte de su formación cuando sea imprescindible para titularse».
El actual sistema de distribución seguirá con normalidad, pero el Distrito Único permitirá «repartir las que sigan vacantes tras la primera asignación».
Régimen sancionador
Se fija un máximo de 300.000 euros de sanción para las infracciones muy graves, entre las que «no se incluirán las que no estén vinculadas a los requisitos para el normal funcionamiento de los campus, como la exhibición de pancartas no autorizadas». La futura ley sigue su curso y el siguiente paso será someter el anteproyecto al trámite de audiencia e información pública previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno, dijo Viciana junto a la nueva viceconsejera de Universidades y Ciencia, Mercedes Zarzalejo. Después, ya como proyecto de Ley, se enviará a la Asamblea de Madrid para su discusión y eventual aprobación por los grupos parlamentarios.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha criticado,, por su parte, que el ‘rescate’ financiero de 10 millones de euros extra a las universidades esté condicionado a cumplir con recortes de gastos y además señala que es «muy escaso». Fuentes del Ministerio han dicho que «Madrid ha aplicado durante los últimos años una política de asfixia financiera a las universidades públicas y ahora ofrece un ‘rescate’ condicionado a recortes de gastos y cumplimiento de objetivos». El Gobierno central también lamenta que la nueva ley autonómica exija que las universidades capten al menos un 30% de sus fondos de fuentes externas ya que es un modelo que «erosiona la autonomía universitaria, favorece la dependencia de capital privado y vulnera el carácter público de la universidad».
El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha señalado recientemente que el texto de la nueva ley todavía podría cambiar aunque confía en que pueda aprobarse a lo largo de la primavera de 2026. El borrador abre la puerta a que cada centro pacte con la comunidad los objetivos que más se adecuen a sus características y entre ellos figuran los programas de investigación y atracción de profesores de excelencia de otros países y regiones, principalmente de Europa e Hispanoamérica, y el incentivo a la oferta de títulos relacionados con las Humanidades y con sectores estratégicos de la región.