La Junta aprueba una ley para "proteger" la universidad pública y dar derechos al alumnado

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo que esta propuesta normativa es «útil, moderna, pensada para los próximos 15 años» y que nace gracias al diálogo con las propias universidades, sus rectores y el resto de la comunidad educativa y el asociacionismo. Moreno ha agregado que la LUPA está hecha «para atraer talento, impulsar la innovación y reforzar los derechos de los estudiantes», pero que también consolida el modelo de financiación de las universidades públicas y, por vez primera, establece a ese respecto «una senda de continuo crecimiento» de los fondos públicos que se destinen a ella.

El proyecto de ley será ahora llevado al Parlamento de Andalucía para su debate y posterior aprobación, si procede. Sobre los derechos del alumnado, esta norma les reconoce el que puedan acceder a un sistema de bonificación de los precios de las matrículas, exigiendo a las universidades privadas que destinen el 3% de sus presupuestos a becas «para garantizar la igualdad de oportunidades», en palabras del presidente, pero también la suspensión temporal de estudios, la desconexión digital o la conciliación de la vida académica y el deporte de alto nivel. También se exigirá el nivel B2 de cualquier idioma extranjero par la obtención del título universitario, que se establece igualmente como obligación para el acceso del profesorado a las categorías de ayudante doctor y contratado doctor.

La nueva ley incorpora, asimismo, la necesidad de fomentar el acceso a la vivienda y a las residencias universitarias, y fija medidas para asegurar la cobertura inmediata de la docencia cuando exista una vacante y en tanto se realiza el proceso administrativo de nuevos docentes. Además, el Consejo Asesor de Estudiantes tendrá mayores competencias, como por ejemplo la de deber ser oído en lo relativo a la fijación de los precios públicos de las matrículas. Otro de los aspectos en los que profundiza el texto es el impulso a la formación continua, con el reconocimiento de títulos propios de las universidades y microcredenciales, con los que el alumnado podrá mejorar sus competencias de manera flexible y más ajustada al mercado laboral.

En lo que respecta a la internacionalización, se establece la creación de una estrategia que atenderá no sólo a los aspectos de movilidad, sino también a otras cuestiones relacionadas con la investigación y la captación del talento, ha detallado la Junta. Para favorecer la retención del talento y dar estabilidad a la carrera académica del profesorado, el documento incorpora diversas medidas como la limitación del uso indebido de la figura de profesor sustituto interino, e introduce otras figuras profesionales para dar estabilidad y adelantar el inicio de la carrera académica.

Igualmente, se flexibilizan las condiciones para compatibilizar la actividad que desempeña en su universidad el personal docente e investigador (PDI) con las iniciativas de transferencia del conocimiento y de perfeccionamiento de su formación, como es el caso del profesor ayudante y el del ayudante doctor vinculado al sistema sanitario. A su vez, la norma prevé la regulación, por primera vez, de los campus universitarios, a los que define y establece una serie de requisitos y derechos, al tiempo que reforzará las funciones de los consejos sociales.

Para coordinar al sistema, la ley propone crear el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria y se fija la puesta en marcha de un Observatorio de Datos. Por último, el proyecto de ley aumenta los requisitos para la creación y funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía, con el objetivo de reforzar la calidad y excelencia del sistema universitario y de asegurar la prestación de este servicio público.