Madrid impugnará el decreto que pone límites a las nuevas universidades privadas

El Gobierno de Pedro Sánchez «ha consumado el ataque a la Universidad privada que anunció el pasado abril», ha dicho Viciana sobre el decreto que considera «un ataque sin precedentes en la historia de la democracia española contra la iniciativa privada, contra la libertad de cátedra, de empresa y de educación», ha afirmado en un mensaje remitido a los medios de comunicación. A su juicio, se trata de un «esperpento normativo» que atenta contra la Constitución, contra la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades, además de ir en contra del principio de jerarquía normativa y la irretroactividad de las normas.

Además de tener un «informe en contra de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia», el decreto no busca incrementar la calidad de las universidades sino que tiene «una finalidad ideológica» e introduce requisitos «tan arbitrarios como, por ejemplo, un número mínimo de alumnos para establecer un nuevo proyecto universitario», añade Viciana.

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid «vamos a impugnar este Real Decreto y nos vamos a oponer a él con todas las herramientas legales que tenemos a nuestro alcance», concluye el consejero para quien lo único que se busca es «tapar los casos de corrupción que rodean el Gobierno de Pedro Sánchez.

En concreto, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso recurrirá próximamente ante el Tribunal Supremo «el golpe» del Gobierno central a las universidades privadas, tras la aprobación del decreto que endurecerá los criterios para crear nuevas y evitar que proliferen centros privados de enseñanza superior. Así lo ha avanzado la presidenta madrileña en un foro organizado por Vocento, donde ha subrayado que la Comunidad está «al servicio de España y de su estado de derecho» y tiene que «alzar la voz». Para Díaz Ayuso, el nuevo decreto perjudica a la Comunidad de Madrid y es «pura arbitrariedad».

Según la presidenta regional, ataca a la libertad de empresa, a la libertad educativa, a la libertad de expresión, y a las competencias autonómicas, además de que acaba con la seguridad jurídica, al tiempo que ha criticado que este decreto está hecho «a medida» de los nacionalistas. Actualmente el sistema universitario español (SUE) está integrado por 96 universidades -50 públicas y 46 privadas- y el objetivo del Ejecutivo es que todas ellas cumplan con una serie de requisitos para proteger un modelo universitario que apueste por la docencia y la investigación.