Madrid comunica al Gobierno que no negociará financiar la universidad con el 1% del PIB
El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.
Tras anunciarlo en la Asamblea de Madrid el pasado jueves, Viciana detalla en su carta a la ministra Diana Morant que el objetivo del 1% del PIB, recogido en el artículo 55.2 de la ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU), es «un indeterminado jurídico, ajeno por completo a la realidad financiera» de las autonomías y de las universidades. «Un porcentaje aleatorio del PIB no aporta información real de las necesidades efectivas» de las universidades, de su tamaño, del mantenimiento de sus instalaciones ni del volumen de su gasto corriente, indica la misiva fechada el 23 de octubre. «Ministra: el PIB no es reflejo de lo que una administración invierte o debe invertir» en sus universidades, colegios u hospitales, sino que esto «se mide a través del esfuerzo presupuestario», afirma Viciana interpelando a Morant.
El consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también asegura que Madrid lleva años invirtiendo más del 4% de sus presupuestos en sus universidades, que además acogen casi un 20% de estudiantes de toda España, mientras que la región representa el 14% de la población total del país. En Madrid, llegar al 1% del PIB en 2030 implicaría una inversión anual superior a 3.000 millones de euros, 2.000 millones más que en 2024 y casi 1.000 millones más que el total del presupuesto de gastos de las seis universidades públicas madrileñas, continúa. Sin embargo, la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) de la LOSU estimaba ese coste entre 236,6 millones de euros y un máximo de 797,2 millones para toda España, critica.
«No vamos a contribuir a que el Gobierno central siga imponiendo cargas arbitrarias y mal calculadas, puramente ideológicas», ni que continúe sin asumir «ninguna responsabilidad financiera sobre sus propias normas», mientras condona deudas y negocia condiciones especiales a las comunidades «que le interesan electoralmente», concluye su misiva el consejero madrileño.
La comisión de trabajo, que debía haberse reunido el viernes pero fue aplazada, se creó en 2024 por el Ministerio para acordar junto con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), los sindicatos y los estudiantes un calendario para incrementar la financiación en 4.000 millones más en cinco años. Ante la Asamblea regional, Viciana defendió que Madrid seguirá apoyando las universidades públicas «a su manera», incrementando la financiación «de manera lineal», y que la futura Ley autonómica de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) recogerá «un modelo a seis años, revisable cada cinco».
