El consejero de Educación de Madrid considera injustificada la huelga universitaria

Viciana ha hecho estas declaraciones con motivo de la huelga general universitaria en Madrid, convocada para este miércoles y jueves, por las plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas, con el respaldo y la cobertura legal de los sindicatos CCOO, UGT, CGT y CNT. En un audio remitido a los medios de comunicación, Viciana ha subrayado que «nadie está más comprometido con la mejora de la calidad y la financiación de las universidades públicas que el Gobierno de la Comunidad de Madrid».

Viciana ha indicado que el proyecto de presupuestos para 2026 prevé un incremento histórico de la partida destinada a financiar a las seis universidades públicas madrileñas, que dispondrán de casi 1.240 millones de euros para garantizar su funcionamiento, un 6,5% más que en el año 2025. Esta cifra supone más del 4% del presupuesto de toda la Comunidad de Madrid, más de lo que dedica cualquier región española a sus universidades, ha detallado Viciana. Además, ha apuntado, la Comunidad de Madrid está definiendo un nuevo modelo de financiación plurianual revisable y adaptado a las necesidades de las propias universidades que se va a incluir en la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC).

Por eso, desde su punto de vista, las movilizaciones «no tienen ninguna justificación» y no deja de sorprenderle que «una parte de la comunidad universitaria y sindical proteste contra la administración que invierte para asegurar el futuro de la Universidad pública mientras asiste complaciente a las sesiones del Gobierno de Sánchez al cupo independentista». «Es precisamente por el cupo independentista por el que las universidades madrileñas dejarán de ingresar 170 millones de euros cada año, resalta.

Rechazan el estrangulamiento presupuestario de las universidades públicas

En un comunicado, los convocantes sostienen que la huelga es una respuesta directa al «estrangulamiento presupuestario» de las universidades que ejerce la Comunidad de Madrid, una situación que pone en riesgo su futuro. La Coordinadora de las Plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas denuncia en un comunicado que el presupuesto destinado a las Universidades Públicas de Madrid no alcanza el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), cifra que la ley orgánica establece en el 1%; esta situación obliga a la Comunidad de Madrid a doblar la dotación económica actual para investigación, docencia y gestión universitarias.

Igualmente, rechazan el proyecto de ley autonómica de universidades, la LESUC, una ley que «no soluciona la infrafinanciación y que pretende avanzar en la privatización del sistema universitario y establecer una herramienta para que el Gobierno autonómico controle las universidades públicas».

Los Consejos de Estudiantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid han anunciado su apoyo unánime a la huelga universitaria de los días 26 y 27 de noviembre y han convocado el primer paro académico de la historia en varias instituciones madrileñas, «un hecho inédito» que permite al estudiantado ejercer efectivamente su derecho a interrumpir la actividad académica.

Las plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas, con el respaldo y la cobertura legal de los sindicatos CCOO, UGT, CGT y CNT, han convocado una huelga de trabajadores, estudiantes y docentes para los días miércoles 26 y jueves 27 de noviembre contra la «asfixia» financiera de la educación superior por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y para exigir la retirada del anteproyecto de Ley autonómica de Enseñanzas Superiores, Universidad y Ciencia (LESUC) que consideran «inconstitucional». El paro académico es la herramienta prevista por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para garantizar el derecho a la protesta estudiantil, debiendo ser desarrollado posteriormente en las universidades.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es actualmente la única institución pública madrileña que reguló por completo el paro académico en su normativa interna. La Delegación Central de Estudiantes de la Complutense activó esta medida el pasado lunes. Sus efectos son la suspensión de la obligación del estudiantado que secunde el paro académico de seguir las actividades académicas establecidas en su plan formativo, no siendo contabilizadas sus faltas de asistencia, la suspensión de la obligación de participar en las actividades de evaluación continua y en las prácticas que se celebren durante ese periodo y la imposibilidad de convocar pruebas evaluables no previstas con antelación a la convocatoria del paro académico.

Los Consejos de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Rey Juan Carlos también han convocado paro académico, a partir de las recomendaciones de sus respectivos rectorados. En aquellas universidades donde el derecho aún no tiene desarrollo, los Consejos de Estudiantes de la Universidad de Alcalá (UAH) y el de la Universidad Carlos III (UC3M) apoyaron por unanimidad las movilizaciones previstas para los días 26 y 27 de noviembre. La Delegación de Alumnos de la Politécnica de Madrid (UPM) secunda las movilizaciones, pero no convoca un paro académico, al esperar aún la aprobación de la normativa interna que lo regule.

Los Consejos de Estudiantes destacan en un comunicado la importancia «fundamental» del paro académico, ya que sin esta figura «la movilización y protesta del estudiantado carecen de protección efectiva». Exigen a la Comunidad de Madrid una financiación «justa» para sus universidades en un contexto de «infrafinanciación estructural» desde hace años, siendo Madrid la autonomía que menos invierte por estudiante universitario, y muestran su preocupación por el anteproyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que «introduce mecanismos contra la autonomía universitaria e impone sanciones a la protesta».