Viciana seguirá trabajando con los rectores para consensuar la nueva ley de universidades
El consejero en el desayuno organizado por Nueva Economía Fórum.
En un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, el consejero ha indicado que tiene una «buena» relación con los rectores de las universidades pública madrileñas, con los que mantiene conversaciones de forma permanente y con los que está avanzando «en calidad y en consenso». Viciana ha recordado que desde el principio defendió que la nueva ley de universidades tenía que ser una norma «de consenso» y ello implica «tener el apoyo de los rectores en esta ley, que es muy compleja y es muy necesaria, porque pone encima de la mesa una serie de cuestiones que llevaban paradas mucho tiempo y a las que había que hacer frente».
Uno de «los elementos más importantes» de la nueva ley, a juicio del consejo, es que permitirá tener «un modelo de financiación» de las universidades, algo que «hasta ahora no existía como tal» en la Comunidad de Madrid, puesto que había «un sistema de transferencias nominativas, que se hacían a las universidades y que ellas gestionaban, pero que obedecía a una serie de criterios que se utilizaron hace veinte años y que desde entonces no han evolucionado». Con el sistema de financiación vigente hasta ahora, «lo que hemos conseguido es incrementar la disparidad entre las universidades públicas y eso es exactamente lo contrario a lo que tenemos que tender. Tenemos que superar esta obsolescencia de las transferencias nominativas», ha argumentado Viciana.
Según el consejero, la nueva norma implicará la puesta en marcha de «un modelo de financiación que responde a lo que fija la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), pero además da respuestas a las necesidades de las universidades públicas». «Tiene una parte de financiación básica para garantizar el funcionamiento regular de las universidades, tiene una parte por necesidades específicas y tiene una parte por objetivos destinada a que cada universidad pueda fijar una serie de metas a alcanzar y en base a unos indicadores pueda recibir esa financiación de carácter adicional», ha detallado.
Todo esto ha implicado un trabajo de análisis y estudio «muy pormenorizado» de todas las cifras de las Universidades públicas por parte de la Consejería de Educación, algo que era «muy necesario» y que «no se había hecho hasta ahora». Otra de «las virtudes más importantes» de la nueva ley es que «pone bajo un mismo paraguas» la Universidad, la Enseñanzas Superiores, la Formación Profesional de Grado Superior y la Ciencia, «algo que en otros países de la Unión Europea ya está unido y no resulta chocante».
Se ha mostrado «abierto al diálogo» como ha demostrado «durante meses» en los que se ha reunido «con todo el mundo», con rectores, vicerrectores, con Consejos Sociales, con el personal docente e investigador (PDI), el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), con los estudiantes y con los sindicatos. «Queremos un texto que reúna el máximo consenso, y por eso estamos hablando con toda la comunidad educativa, especialmente con los rectores», ha insistido Viciana.
En cuanto al proyecto de presupuestos 2026 que se acaba de aprobar por el Consejo de Gobierno, Viciana ha recordado que su Consejería contará el próximo año con 6.959 millones, el segundo con mayor dotación solo por detrás de Sanidad, «un dato histórico». Viciana ha destacado la «inversión histórica» que recibirán el próximo año las seis universidades públicas de la región, 1.239,7 millones de euros, con un incremento de 75,3 millones de euros (un 6,5 % más) respecto a las actuales cuentas públicas.