Andalucía aprueba la asistencia jurídica y psicológica gratuita para el profesorado
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Educación, Carmen Castillo, ha explicado que el ámbito de aplicación de la asistencia jurídica y psicológica son los centros públicos y las unidades de profesorados abarcan también a los concertados. En lo que va de este curso unos setenta profesores han solicitado asistencia jurídica en toda Andalucía por agresiones físicas o verbales o daños personales y materiales, una cifra que no es alta dado que hay más de 109.000 docente en toda la comunidad, según la consejera.
La evolución de los casos de agresiones a profesores ha mejorado en los últimos años, entre cincuenta y setenta casos por cursos, y lo ha atribuido a que están mejorando los resultados escolares, si bien ha precisado que en la mayoría de los centros la convivencia es modélica, aunque en algunos hay casos de falta de respeto. El decreto establece la condición de autoridad pública para los docentes, lo que implica que su testimonio tendrá presunción de veracidad y contará con el respaldo legal necesario en el ejercicio de sus funciones, y el alumnado y sus representantes legales tienen el deber de respetar su autoridad, las orientaciones del profesorado y colaborar en el cumplimiento de las normas de convivencia.
También regula los procedimientos para solicitar protección jurídica y apoyo psicológico gratuitos en los casos en los que sean necesario y, en concreto, la asistencia jurídica cubre la representación y defensa en juicio, tanto en procedimientos incoados contra el docente como en aquellos promovidos por él en defensa de sus derechos ante amenazas, coacciones o agresiones. La asistencia jurídica la prestarán la Junta a través de un seguro o bien con los letrados de la Junta o los abogados que eligen los profesores y la atención psicológico se cubrirá con especialista en este ámbito, ha explicado la consejera. Además, la Junta promoverá ante la Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones e intimidaciones graves contra el profesorado.
Para proporcionar apoyo especializado, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional establece la creación de la Unidad de Apoyo al Profesorado en cada provincia, dotada con perfiles profesionales especializados. Esta unidad se encargará de atender e informar al personal docente afectado por situaciones conflictivas; tramitar las solicitudes de asistencia jurídica y psicológica y evaluar el grado de conflictividad para prevenir futuros problemas, entre otras. Atenderá cada caso de forma individual en función de la problemática que se plantee, poniendo en conocimiento del docente afectado las acciones concretas que pudieran emprender.
La asistencia psicológica se proporciona para ayudar a superar la repercusión de agresiones o situaciones de conflicto en su salud y rendimiento laboral. El desarrollo normativo también incluye medidas para impulsar la valoración social de la función docente y para ello se realizarán campañas informativas y divulgativas para aumentar la consideración, respeto y prestigio del profesorado, visibilizando la importancia social de su tarea.
El ámbito de aplicación abarca también a las actividades complementarias y extraescolares, así como cualquier situación en la que un docente pueda ser vulnerado en el ejercicio de su profesión, incluyendo el ciberacoso y cualquier acto que atente contra su integridad física o moral.
Por otro lado, la Consejería de Desarrollo Educativo está a la espera de las conclusiones de la Fiscalía sobre el caso de Sandra Peña, la alumna de 14 años del colegio privado concertado ‘Irlandesas Loreto’ de Sevilla que se suicidó hace dos meses, y, en caso de que haya responsabilidades penales o administrativas, reabrirá el expediente que está suspendido temporalmente. Así lo ha explicado la consejera Carmen Castillo al ser preguntada en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno tras declarar el pasado 17 de noviembre las tres menores que fueron señaladas como supuestas acosadoras de Sandra Peña.
Castillo ha explicado que cuando ocurre algo en un centro educativo y se traslada a la Fiscalía, la administración abre un expediente y lo suspende hasta que se determine si hay o no hechos que se puedan considerar delictivos y, por tanto, ha añadido que cuando la Fiscalía comunique sus conclusiones se reabrirá el expediente para trabajar en el caso. También ha recordado que se ha constituido ya la comisión de conciliación con el centro educativo pero no se pueden tomar medidas hasta que se conozcan las conclusiones de la Fiscalía, que investiga la supuesta responsabilidad del centro educativo y de las tres menores señaladas en el suicido de Sandra Peña.